La revisión del caso de los ERE fraudulentos que se está gestando en las ponencias de Inmaculada Montalbán, que promete crear un nuevo marco jurídico sobre este emblemático caso de corrupción que marcó un antes y un después en la política andaluza. Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal de Garantías, está a cargo de los 12 recursos de amparo presentados por ex altos cargos socialistas en la Junta de Andalucía. Con la admisión parcial de la petición de Magdalena Álvarez y la revisión de su condena por prevaricación, ya se ha dado una pista de hacia dónde se dirigen las ponencias de otros dos altos cargos, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández, en relación al delito de malversación.
Si prosperan las tesis de Montalbán, la dimensión política del caso ERE se reducirá significativamente. Los recursos que aborda el Tribunal Constitucional corresponden a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2019, que confirmaría el Tribunal Supremo casi tres años después. Este caso, conocido como «el procedimiento específico», juzga la legalidad del sistema de reparto de ayudas, declarado fraudulento por ambas instancias judiciales y que resultó en el reparto de 680 millones de euros entre 2000 y 2009.
La jueza María Núñez Bolaños, que reemplazó a Mercedes Alaya en 2015, decidió separar la investigación de la pieza política de las casi 200 subvenciones concedidas en esos años. La atención se centrará ahora en las ayudas otorgadas a personas que no trabajaron en las empresas beneficiarias —los «intrusos»— o en casos de fraude ya enjuiciados, como el del conocido «chófer de la coca», Juan Francisco Trujillo. Este confesó haber utilizado parte de los 1,3 millones de euros recibidos en subvenciones para salir de copas con Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo, o para la compra de estupefacientes, lo que le valió una condena reciente de 4 años de cárcel.
La defensa del PSOE y el argumento del Tribunal Constitucional
El PSOE ha defendido constantemente la legalidad de las ayudas, argumentando que si fueran ilegales, no seguirían pagándose. Este es el enfoque que parece estar adoptando el Tribunal Constitucional, reflejado en declaraciones como la de José Antonio Griñán durante el juicio: «El crédito nunca delinque». La sentencia sobre Magdalena Álvarez refuerza esta postura al afirmar que «los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico».
Esta perspectiva podría llevar a reducciones de condena e incluso anulaciones totales. En el caso de Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla deberá emitir una nueva sentencia considerando las modificaciones presupuestarias previas a la creación de la partida 3.1.L, de la que salían las ayudas. Carmen Martínez Aguayo podría ser eximida del delito de malversación, centrando la valoración en una posible prevaricación por una modificación presupuestaria ajena a dicha partida. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, también podría beneficiarse de esta nueva interpretación, ya que Martínez Aguayo lo señaló por sus responsabilidades políticas en el estallido del caso.
El caso ERE, que propició la salida del PSOE de la Junta de Andalucía, está en un proceso de revisión que podría cambiar su desenlace político y jurídico. Mientras se espera la resolución del Tribunal Constitucional, las implicaciones de sus decisiones podrían redefinir la narrativa de uno de los mayores escándalos de corrupción en la política española.