El reciente envío de una carta por parte del Ministro de Derechos Sociales de España, Pablo Bustinduy, a empresas españolas operando en Israel, ha desatado un intenso debate dentro del gobierno español. En estas misivas, Bustinduy insta a las compañías a tomar medidas que impidan que sus actividades contribuyan al conflicto en Palestina, describiéndolo como un genocidio.
Esta iniciativa ha generado sorpresa y desconcierto en los ministerios de Exteriores y Economía, quienes se han desmarcado de la misma. La embajada de Israel en España ha respondido ante estas acciones, expresando su descontento con la postura adoptada por el gobierno español.
Por su parte, el departamento de Bustinduy ha justificado el envío de esta carta a empresas españolas e Israel como un paso necesario en la búsqueda de soluciones para poner fin al conflicto en Palestina. Según fuentes cercanas al ministro, esta medida se enmarca dentro del compromiso de España con los derechos humanos y la paz en la región.
El incidente ha abierto un nuevo frente dentro del Ejecutivo español, evidenciando las diferencias de enfoque en materia de política exterior y relaciones internacionales. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención la evolución de este debate y sus posibles implicaciones en el ámbito diplomático.