Recientemente, los fiscales del juicio del 1-O enviaron un oficio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidiéndole que formalice por escrito su directriz de aplicar la Ley de Amnistía a los delitos de malversación imputados a Carles Puigdemont. Esta solicitud surge tras una reunión en la que los fiscales expresaron su desacuerdo con la posición de García Ortiz, argumentando que la malversación de fondos públicos no debería ser cubierta por la amnistía.
Los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena han presentado un detallado informe en el que sostienen que la aplicación de la amnistía en casos de malversación contradice la legalidad vigente y los principios básicos de lógica jurídica. Este informe resalta que la malversación de fondos públicos, que se utilizó para financiar actividades ilegales contra la Constitución española, no debe ser perdonada bajo la nueva ley.
Contexto y respuesta de García Ortiz
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha mantenido diversas reuniones con fiscales de varias jurisdicciones para establecer una postura uniforme sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, se ha encontrado con una firme oposición por parte de los fiscales del Tribunal Supremo, quienes han subrayado que la malversación cometida por Puigdemont y otros líderes independentistas es ineludible y debe ser sancionada.
García Ortiz busca una «unidad de actuación» y ha convocado a fiscales de distintas regiones, incluyendo Cataluña, para garantizar que la ley se aplique de manera consistente en todo el territorio nacional. Esta ronda de consultas es crucial, dado que la ley recién aprobada por el Congreso ha generado un intenso debate jurídico y político.
Impacto en la Fiscalía y Próximos Pasos
El enfrentamiento entre García Ortiz y los fiscales del 1-O pone de relieve una crisis interna en la Fiscalía, exacerbada por otros escándalos recientes. Este conflicto podría derivar en una nueva «guerra» dentro del Ministerio Fiscal, con implicaciones significativas para la autoridad y la cohesión del órgano.
Mientras tanto, se espera que García Ortiz revise el informe presentado por los fiscales del 1-O y emita una declaración oficial sobre la malversación en las próximas semanas. La aplicación de la Ley de Amnistía en casos de malversación sigue siendo un tema de gran controversia y debate en España.