El pasado 7 de junio, la formación política Sumar presentó una Proposición de Ley Orgánica para reformar el sistema de acceso a la Carrera Judicial.
En un documento de nueve páginas, el equipo de la ministra de Trabajo sugiere un nuevo sistema de selección de candidatos, eliminando el actual proceso de oposición. Según Sumar, “es injustificable que, más de 130 años después de su creación, apenas haya sido modificado”.
“El sistema actual se basa principalmente en pruebas de capacidad memorística, obligando a los opositores a memorizar leyes y temarios durante años. Además, es un sistema elitista”, se destaca en la propuesta.
Sumar argumenta que este método no garantiza el principio de igualdad en el acceso a cargos públicos, ya que los aspirantes deben cubrir los costos de su preparación y sostenimiento personal durante el tiempo que dura la fase teórica, lo que excluye a muchos candidatos que no pueden permitírselo.
La propuesta de Ley Orgánica de Sumar plantea un cambio radical en el acceso a la Carrera Judicial, eliminando las oposiciones tal y como están diseñadas actualmente y estableciendo el ingreso basado en las calificaciones medias obtenidas durante la carrera universitaria.
“El acceso a la Carrera Judicial se realizaría mediante un sistema de preparación continua desde las Facultades de Derecho, permitiendo que los estudiantes con expedientes académicos destacados accedan a la Escuela Judicial y continúen su formación”, propone Sumar ante las Cortes Generales.
Luis Sanz, magistrado y miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria, así como de la plataforma cívica por la Independencia Judicial, opina que esta propuesta “implica una modificación total del sistema de acceso a la Carrera Judicial”. Según Sanz, la iniciativa busca una selección previa de aspirantes basada en su expediente académico, quienes luego accederían directamente a la Escuela Judicial para completar un concurso de oposición.
Sanz defiende el sistema actual, comparándolo con el de otros países europeos, y destaca que proporciona una formación jurídica sólida y asegura la independencia de los jueces frente a influencias políticas, evitando sesgos ideológicos en la selección de futuros magistrados.
La principal crítica a la propuesta de Sumar es que podría conducir a una selección ideológica de jueces, a través del control ejercido en la Escuela Judicial, cuyo profesorado es designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros son elegidos por partidos políticos.
Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, comparte esta preocupación. “No parece que se esté buscando una mejor preparación técnica de los jueces. Más bien, hay consideraciones ideológicas detrás de esta propuesta”, señala. Portillo destaca que no se ha planteado una modificación similar para otros campos como la medicina o la educación, lo que sugiere que la intención podría ser controlar el acceso a la judicatura, determinando quiénes serán los jueces en el país.
Portillo concluye expresando desconfianza hacia propuestas que buscan cambios tan radicales, subrayando la sospecha de que el objetivo es influir ideológicamente en el acceso a la Carrera Judicial.