En un giro significativo en la política judicial española, la fiscal superior de Madrid, María de la O Silva, ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recibió órdenes «imperativas» del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para divulgar datos confidenciales sobre Alberto González, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este incidente se enmarca en una investigación por posible revelación de secretos, iniciada tras la difusión de una nota de prensa que contenía información sensible sobre la pareja de Ayuso.
La controversia comenzó cuando la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado que detallaba presuntos delitos fiscales cometidos por el novio de Ayuso. Este acto provocó la presentación de una querella por parte de la pareja de Ayuso, alegando una filtración indebida de información reservada. Ante la gravedad de las acusaciones, el TSJM ha ordenado identificar a los responsables de la decisión de hacer pública dicha información.
Repercusiones del caso del novio de Ayuso
Durante su testimonio, Silva afirmó que la difusión de los datos fue una orden directa de García Ortiz, quien justificó la acción como necesaria para la transparencia y la correcta información pública. Sin embargo, queda por ver la respuesta del Fiscal General del Estado sobre este incidente en el que se encuentra envuelto el novio de Ayuso.
Este caso no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas. Isabel Díaz Ayuso ha criticado duramente lo que percibe como una maniobra para dañar su reputación personal y política. Además, el incidente ha reavivado las discusiones sobre la independencia del poder judicial y la influencia política en las decisiones fiscales.