Esta semana puede ser definitiva para la renovación del Consejo General del Poder Judicial «CGPJ», el órgano de gobierno de los jueces españoles, que lleva 5 años y medio sin renovar su mandato debido al desacuerdo entre los dos grandes partidos de España, PP y PSOE. Tras varios intentos fallidos de renovación, en este caso se da una peculiaridad que puede hacer que sea el último: quedan 6 días para que se termine el plazo que Pedro Sánchez ha dado a Alberto Núñez Feijóo para llegar a un acuerdo de renovación.
Tras las elecciones europeas, el presidente del Gobierno advertía al líder de centroderecha de que, si el PP no «desbloquea» la renovación del órgano de gobierno judicial, entonces el Gobierno de coalición se encargaría de ‘revisar’ la capacidad de nombramiento actual que tienen los jueces. Este ultimátum no sentaba bien en el principal partido de la oposición pero, a pesar de las críticas de Feijóo, los populares se mostraban dispuestos a volver a negociar. Por su parte la Comisión Europea, que ejerce de mediadora en las negociaciones, ya había instado a ambas formaciones políticas a no reunirse sin contar con unas propuestas claras.
Los costes por no renovar el CGPJ, según el Gobierno
De acuerdo con los datos esgrimidos por el Gobierno de PSOE y Sumar, el coste total anual por no renovar el CGPJ sería de 12,5 millones de euros, y en el mismo período el Tribunal Supremo acumularía un retraso de en torno a 1.000 asuntos sin resolver. Añaden, además, que la situación también ha provocado que no se cubran 26 plazas del Supremo, y otras 72 en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
Dicho esto, fuentes gubernamentales aseguran que en los últimos días ambos partidos se han acercado para negociar de nuevo, aunque no se conozcan los detalles de dichas conversaciones. Así, una vez superada la etapa de comicios en España «contando las elecciones europeas», Feijóo ya no exigiría un nuevo sistema para elegir a los vocales y renovar el consejo «de manera simultánea», sino que estaría dispuesto a renovar el CGPJ con la ley actual. Pero el portavoz del PP, Borja Semper, dejaba claro que esto solo sería posible si se avanza en paralelo con medidas que garanticen la independencia en la elección de los órganos de gobierno de los jueces del CGPJ.
Por su parte, otras voces de peso dentro del Partido Popular muestran su desconfianza con este método, y exigen que primero se cambie el sistema de elección de los jueces. Por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, vaticina que «si no se cambia el sistema de elección, va a ser un auténtico desastre, el PSOE engañará nuevamente». Pero Sánchez aseguraba que si el PP no avanza en las negociaciones, entonces el Ejecutivo tomaría la decisión aun sin consenso con los populares: «Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española con ustedes o sin usted».