Moncloa ha decidido derogar el artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil «LEC». Se trata de una medida incluida en sus políticas anticrisis, que reforzaba la suspensión de procedimientos cuando los tribunales planteaban cuestiones prejudiciales ante la Justicia europea. Esta disposición, introducida por el Gobierno el 19 de diciembre, provocó controversia entre los independentistas, para los que se trata de «una traición». Se percibió como una forma de asegurar que la aplicación de la amnistía quedara en suspenso si los jueces presentaban dudas sobre la norma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El artículo en cuestión, añadido a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ofrecía a los tribunales un respaldo legislativo para paralizar causas relacionadas con el procés, si optaban por contrastar la amnistía con el derecho de la UE. Según Junts, el artículo 43 Bis entraba «en conflicto con la ley orgánica de la amnistía». De hecho, los tribunales ya suspenden procedimientos por coherencia y jurisprudencia cuando se plantean estas cuestiones. La Moncloa justificó su inclusión como un cumplimiento de las recomendaciones del TJUE a los juzgados. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló que fue la Comisión Europea la que solicitó al Gobierno incorporar esta normativa europea al derecho nacional, minimizando la reacción independentista como un «malentendido».
La derogación del artículo 43 Bis en el BOE
Pero desde La Moncloa han cedido, a pesar de las justificaciones. En un Decreto Ley publicado en el BOE este jueves, que prorroga ciertas medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, se incluye una disposición derogatoria única: «Queda derogado el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». Este artículo especificaba que al plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, se suspenderían las actuaciones hasta recibir la resolución del tribunal europeo.
La práctica judicial ya contemplaba la suspensión de actuaciones en estos casos, pero Junts esperaba discutir esta paralización, argumentando que podría ser adecuada en procedimientos civiles, contenciosos o mercantiles, pero no en el ámbito penal, donde se enfrentan el derecho a la libertad personal y la tutela judicial efectiva del tribunal.
El Real Decreto que implementa esta derogación aclara que los tribunales seguirán aplicando la jurisprudencia del TJUE. Aunque la suspensión de procedimientos continuará, esta derogación representa un claro gesto político.
¿Qué efectos tiene esta derogación?
La derogación llega en un momento crítico, cuando empiezan a surgir movimientos para promover cuestiones prejudiciales relacionadas con la amnistía. Hace solo 48 horas, la Fiscalía se opuso a que el Tribunal de Cuentas planteara una cuestión prejudicial que podría excluir de la aplicación de la amnistía aquellas conductas que afecten los intereses financieros de la UE. «No resultaría procedente el planteamiento de dichas cuestiones», indicó la Fiscalía en un comunicado.
El Tribunal de Cuentas había considerado una posible cuestión prejudicial en el proceso que involucra a Puigdemont y otros 34 ex altos cargos catalanes, incluyendo a Artur Mas y Oriol Junqueras. Plantear esta cuestión ante el TJUE significaría contraponer la amnistía con el derecho de la UE y suspender su aplicación hasta resolver las dudas correspondientes. La Fiscalía argumentó que el TJUE solo puede pronunciarse sobre decisiones prejudiciales cuando el derecho de la UE es aplicable al litigio principal, lo cual no ocurre en este caso.
La derogación del artículo 43 Bis refleja la respuesta de La Moncloa a las críticas y la tensión política en torno a la amnistía y la aplicación del derecho europeo. Aunque la suspensión de procedimientos continuará bajo la jurisprudencia existente, este cambio subraya el delicado equilibrio entre las políticas nacionales y las normativas de la UE.