Este jueves declaraba como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La misma afirmaba que la noche del 13 de marzo era el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, el que le había pedido obtener información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Concretamente, se trataría de los correos electrónicos intercambiados entre la Fiscalía de Delitos Económicos y Alberto González Amador.
Siguiendo con las declaraciones de Rodríguez, ella habría contactado al fiscal también imputado Julián Salto, que envió los correos a su jefa directa. Pero no solo eso, sino que la fiscal jefe ha reconocido ante Francisco José Goyena, instructor del TSJM, que también mandó esas comunicaciones electrónicas a García Ortiz. Según la documentación presentada al TSJM, la investigada igualmente envió los correos proporcionados por Julián Salto a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Esta recibió la orden directa de García Ortiz de enviar a los medios de comunicación una nota de prensa, con todos los detalles de la negociación que la defensa del novio de Ayuso estaba llevando a cabo junto a la Fiscalía Provincial de Madrid.
Durante su interrogatorio, Rodríguez declaró que se interesó por las diligencias del novio de Ayuso -actualmente imputado por fraude fiscal y falsedad documental- después de que un periodista preguntara a la Fiscalía de Madrid si había abierto un procedimiento contra la pareja sentimental de la presidenta madrileña.
Una nueva versión de los hechos
La imputada también mencionó que verificó los datos incluidos en el comunicado sobre el novio de Ayuso, pero añadió que no había consensuado la nota con la Fiscalía General del Estado. Esta versión de los hechos contrasta marcadamente con la proporcionada por el fiscal general a Lastra, cuando le ordenó enviar el comunicado en el que se informaba que el novio de Ayuso había admitido «la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública».
En el primer mensaje de WhatsApp que García Ortiz envió a las 09:03 horas del pasado 14 de marzo a la fiscal superior de Madrid, revelado en exclusiva por este periódico, decía: «Ya tenemos la nota. Consensuada con Pilar y con Virna. Que Iñigo la dé cuanto antes», refiriéndose al jefe de prensa de Madrid, a Pilar Rodríguez y a la decana de la Sección de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández.
Por otro lado, este jueves compareció ante el magistrado del TSJM el fiscal Julián Salto, quien aseguró que no participó en la elaboración del comunicado enviado a los medios. Salto, que renunció a la defensa de la Abogacía del Estado, también confirmó que fue Rodríguez quien le pidió que enviara dichos comunicados. El fiscal de Delitos Económicos, considerado por sus colegas fiscales de Madrid como una víctima de las acciones del fiscal general, indicó además que el 7 de marzo fue su superiora, Pilar Rodríguez, quien le solicitó que le remitiera la denuncia presentada en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) contra González Amador.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
De acuerdo con un correo electrónico presentado en la causa, el 7 de marzo, Rodríguez informó a García Ortiz -el correo fue enviado a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado- y a la fiscal superior Lastra, acerca de la existencia de una investigación abierta contra la pareja de Ayuso.
En dicho correo, cuyo asunto era «dación de cuenta-artículo 25 EOMF DIP 101/2024 Entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L.», en referencia al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que obliga a informar a los superiores, incluido el fiscal general, sobre diligencias en curso de especial relevancia o trascendencia, se indicaba que se remitía «copia íntegra de las diligencias de investigación penal» y se especificaba que las pesquisas estaban relacionadas con «la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid».
Asimismo, se detallaba que el 5 de marzo se había formulado una denuncia por parte del Ministerio Público en los juzgados de Madrid, «pendiente de su reparto por el decanato». Al final del documento se añadía una puntualización: «Disculpen la dación de cuenta simultánea, pero parece oportuna a la vista de la condición de las personas interesadas».