La situación política en Cataluña está en una encrucijada, con negociaciones que se desarrollan en múltiples frentes. El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) ha expresado su optimismo respecto a las negociaciones actuales. Sin embargo, Junts ha iniciado una campaña para acercarse a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), buscando reeditar un «pacto nacional». A pesar de las diferencias personales y políticas del pasado, la estrategia de Carles Puigdemont apunta a una fórmula que permita nuevas elecciones en Cataluña.
El «pacto nacional» que propone Puigdemont
Puigdemont ha presentado dos opciones para su alianza con ERC. La primera consiste en listas conjuntas, donde ofrecería a ERC todos los puestos excepto el primero, que reservaría para él. La segunda opción implica listas separadas pero con un programa nacional conjunto y un reparto generoso de cargos si logran la mayoría, excluyendo al PSC de la Presidencia de la Generalitat.
Esta nueva dinámica complica las negociaciones entre el PSC y ERC. Si Esquerra recibe una oferta atractiva de Junts, justificar una alianza con el PSC se vuelve más difícil. Junts se ha propuesto asegurar los votos republicanos para una posible investidura de Puigdemont, acusando al PSC de intransigencia en caso de elecciones repetidas.
Puigdemont es consciente de las tentaciones dentro de ERC de excluirlo mediante un acuerdo con el PSC. Este acuerdo podría dejar a Junts en el ostracismo, y forzar a Puigdemont a cumplir su promesa de no liderar la oposición si no consigue su investidura.
Hacienda busca nuevas formas de financiación
Mientras tanto, Hacienda trabaja en fórmulas de financiación creativas, para satisfacer las demandas de ERC sin exceder los límites del Estatut. La debilidad actual de ERC complica los pactos, y los socialistas deben actuar con cautela para evitar cualquier error que pueda perjudicar su posición.
Marta Rovira, secretaria general de ERC y que reside en Ginebra desde marzo de 2018, mantiene negociaciones más fluidas con el PSOE que con el PSC. Sin embargo, cualquier acuerdo debe ser ratificado por las bases del partido. Oriol Junqueras, por su parte, se ha mantenido al margen de la legislatura, centrado en la lucha interna por el control del partido.
Un factor penal crucial podría influir en estas negociaciones: la decisión del juez Pablo Llarena sobre la orden de detención contra Puigdemont por la causa del 1-O. El gobierno ha cumplido con las demandas de Junts mediante la prórroga de un real decreto, pero la interpretación final dependerá del magistrado.