El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a quedar en evidencia tras conocerse su inacción flagrante ante la grave crisis fronteriza sufrida en Ceuta. El pasado lunes 27 de julio, cuando la ciudad autónoma registraba ya la entrada masiva e incesante de más de 1.500 inmigrantes ilegales a nado y sufría el colapso absoluto de sus recursos de acogida y del sistema de protección de menores, la prioridad de Moncloa era otra muy distinta.
Ese mismo día, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, convocó de urgencia al Comité de Situación de Seguridad Nacional, no para abordar la emergencia que amenazaba la soberanía e integridad de España, sino para realizar un seguimiento de la situación geopolítica en Oriente Próximo.
La pasividad del Ejecutivo socialista contrasta radicalmente con los angustiosos avisos que desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se remitieron de forma reiterada hacia Madrid. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se reunió con el delegado del Gobierno para certificar el estado de «emergencia migratoria» tras una semana ininterrumpida de intrusiones marítimas.
Pese a trasladar directamente a la Jefatura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que el ritmo de entradas amenazaba con derivar en una avalancha de miles de personas en cuestión de días, la respuesta de Moncloa fue pedir «tranquilidad» y descartar cualquier medida de choque.
Negligencia en Moncloa y portazo a la emergencia nacional
A pesar del desbordamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de las llamadas desesperadas del Ejecutivo autonómico solicitando la declaración de la «situación de interés para la Seguridad Nacional», la fijación de un «mando único» o la activación de recursos extraordinarios, el Gobierno de Pedro Sánchez se negó en redondo.
Tan solo dos días después de los avisos, el Ejecutivo notificó formalmente a Ceuta que «no era jurídicamente factible» decretar la emergencia nacional, dejando desprotegida a la población local y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en el perímetro.
Lejos de asumir el mando ante una crisis de seguridad nacional de primer orden, Pedro Sánchez realizó una breve visita relámpago de pocas horas a Ceuta para, acto seguido, poner rumbo a la residencia real de La Mareta (Lanzarote) e iniciar plácidamente sus vacaciones estivales, desatendiendo la trágica realidad fronteriza.
La Audiencia Nacional investiga el ocultamiento de alertas previas
Paralelamente, la tesis del Ministerio del Interior sostenida por Fernando Grande-Marlaska —quien insiste en que ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni los servicios de información dieron aviso alguno de lo que se avecinaba— hace aguas ante los tribunales.
La Audiencia Nacional, a través de la magistrada María Tardón, ha requerido informes clave a la Guardia Civil y a la Policía Nacional (UCRIF) para esclarecer si las Fuerzas de Seguridad contaban con alertas e información previa sobre la entrada masiva, así como si la avalancha respondió a una acción concertada y planificada por organizaciones criminales.
La rebaja de la calificación del riesgo migratorio en los últimos documentos del propio Consejo de Seguridad Nacional refleja el empeño de Moncloa por invisibilizar un problema estructural. Mientras la presión migratoria en el Norte de África alcanzaba cotas críticas, el departamento dirigido por Bolaños prefirió dirigir la mirada hacia el mapa internacional, evidenciando una desconexión total con los graves problemas que afectan directamente a las fronteras y a la seguridad de todos los españoles.