La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha decidido este martes, con una amplia mayoría, que se debe abrir una investigación contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por terrorismo.
En relación al caso de Tsunami Democràtic, doce fiscales, frente a tres, han identificado posibles delitos de terrorismo, mientras que once fiscales, frente a cuatro, han apuntado la existencia de indicios contra Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, quién como contábamos la semana pasada, huyó a Suiza tras no culminarse la amnistía en la última votación en el Congreso de los Diputados.
El informe secundario presentado por el fiscal Álvaro Redondo ha quedado en minoría, ya que la mayoría de sus colegas consideran que la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, tiene competencia para investigar al fugitivo por terrorismo en el caso de Tsunami. La mayoría de los fiscales respaldan la exposición razonada realizada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
La Junta de Fiscales de Penal, integrada por Fidel Cadena, Joaquín Sánchez-Covisa (estos dos últimos como jefes de la Sección Penal), Consuelo Fidalgo, Consuelo Madrigal, Manuel Dolz, Javier Zaragoza, Juan Carlos López Coig, Manuel Martínez, María Ángeles Garrido, José Martínez Jiménez, Salvador Viada, Álvaro Redondo, Olga Sánchez y Justino Zapatero, ha tomado esta decisión.
Redondo redactó dos informes con una diferencia de 72 horas: Un primero en el que apreció claros indicios de terrorismo contra el prófugo del ‘procés’ y, un segundo, donde lo descartó de plano, siendo este último redactado ‘casualmente’ tras su reunión con García Ortiz.