En medio del panorama político español, la querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el PSOE, Junts y ERC por la amnistía ha desatado un nuevo debate sobre la independencia judicial y el papel de los poderes públicos. Encabezando esta iniciativa se encuentra José María Fernández Abril, abogado de la mencionada fundación, quien enfatiza la importancia de preservar la integridad del sistema judicial y el bien común.
La querella, fundamentada en el artículo 508 del Código Penal, busca salvaguardar la independencia judicial, denunciando la presunta usurpación de competencias jurisdiccionales por parte de los poderes públicos. Además, Abogados Cristianos plantea una alternativa con la interposición de una querella por tráfico de influencias, delineando así la gravedad de los hechos alegados.
El objetivo de la querella se dirige hacia los partidos políticos que avalaron los acuerdos que llevaron a la promulgación de la Ley de Amnistía. Para materializar la acción legal, se señala a Patxi López como la figura clave, en su calidad de portavoz del Partido Socialista que impulsó la propuesta legislativa en la Mesa del Congreso.
Sin embargo, la elección de Patxi López, quien goza de fuero como aforado, plantea un desafío jurídico. Ante esta complejidad, Abogados Cristianos justifica la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional, argumentando que el delito se habría cometido en el extranjero, en Bruselas, por parte de ciudadanos españoles.
Este proceso legal promete arrojar luz sobre la disputa entre la independencia judicial y las decisiones políticas, así como sobre la interpretación de las competencias jurisdiccionales en casos que involucran aforados y no aforados. La querella de los Abogados Cristianos se presenta como un paso significativo hacia la rendición de cuentas y la defensa de los principios democráticos en España.