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LA ENTREVISTA DE FRANCÀS

‘Con la enseñanza concertada, el Estado se ahorra unos seis o siete mil millones al año’

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Conversación tranquila de Josep Maria Francàs con José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, organización que agrupa a los centros católicos españoles (con la excepción de Cataluña). En total, unos 2.000 centros, con 1.200.000 alumnos.

– ¿Qué tipo de centros tienen las Escuelas Católicas?

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Casi todos ellos son centros integrados, es decir con varias etapas educativas (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP). Y casi todos ellos tiene concertadas algunas etapas.

– ¿Es buen negocio?

¡No! Apenas sobreviven económicamente. Las finalidades de estos centros no son precisamente económicas…

– ¿Cuáles son sus finalidades?

La enseñanza y la educación en sentido amplio, desde una perspectiva cristiana. Sin imposiciones ni adoctrinamiento. Respetando a todos y abiertos a todos.

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– Y, ¿qué supone ser un centro concertado?

Supone establecer un “contrato” (concierto) con la Administración pública: esta se compromete a financiar la enseñanza y el centro a cumplir ciertas obligaciones: rendición de cuentas, respetar ciertos criterios de admisión de alumnos, gratuidad de las enseñanzas curriculares, necesidad de autorización para actividades o servicios extraacadémicos…

– Y, ¿cómo financia la administración un centro privado?

La administración paga directamente los salarios de los profesores (pago delegado) y da al centro una cantidad mensual para “otros gastos” (personal no docente, suministros, mantenimiento,…). Esta cantidad es claramente insuficiente.

– ¿La administración no cubre gastos?

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Teóricamente debería ser así, pero la realidad es que no cubre todo el gasto real.

– Y, ¿cómo hacen los centros para subsistir?

¡Buena pregunta! Normalmente es la entidad titular (Congregación religiosa, diócesis, fundación…) quien asume el déficit. Los centros, no obstante, tratan de asegurar algunos ingresos atípicos no prohibidos por el concierto: venta de libros o uniformes, alquiler de instalaciones, otras actividades…

– ¿Le cuesta menos al Estado una plaza concertada que una pública?

Lo que el Estado aporta por cada alumno de la concertada es, más o menos, la mitad de lo que gasta por cada alumno de la escuela pública (unos 3.000 € por año en el caso de la concertada y unos 6.000 en el caso de la pública).

– El Estado entonces se ahorra muchísimo dinero…

Estas cantidades son variables según las diferentes comunidades autónomas. Las cantidades señaladas son una media. Pero, efectivamente, el ahorro del Estado es enorme. El ahorro total es de unos 6 o 7 mil millones al año.

– Lo que se habla ahora de pagos a las fundaciones, ¿qué es?

En algunos colegios los padres hacen aportaciones voluntarias. Son efectivamente voluntarias (quien no las hace es tratado como los demás) y no suelen ser muy altas. Si no suponen una contraprestación para el hijo del donante, son desgravables.

– ¿Puede haber centros que obliguen?

No debería haberlos. Y si alguno lo hace, está mal. No me consta que entre nuestros afiliados se dé ese caso. Otra cosa son las “cuotas” (no donaciones) por servicios efectivamente prestados: comedor, transporte…

– Hacienda dice que no son donaciones porque son según el número de hijos y sólo durante periodo lectivo y son a cambio de una prestación…

En realidad, Hacienda no ha cambiado los criterios que ha venido aplicando en los últimos años. Se trata de algún caso aislado, debido quizá a errores formales o al excesivo celo de algún inspector de Hacienda. Creo que en todo este asunto se ha producido en los últimos días una alarma excesiva. No obstante, habrá que estar atentos.

– Pero es habitual que se ponga en duda el concierto por gobiernos de izquierdas, ¿no?

Algunos partidos (y grupos sociales) no ven con buenos ojos los conciertos. Son, en realidad, los que no creen en la Libertad de enseñanza consagrada en la Constitución (art.27).

– ¿El Constitucional ha dictaminado sobre esto?

El Constitucional tiene varias sentencias sobre lo que supone el principio de libertad de enseñanza: libertad de creación y de dirección de centros, legitimidad de un Proyecto educativo propio, ayuda efectiva ( no solo formal) que el Estado debe proporcionar para hacer posible el ejercicio de ese derecho…