El pasado martes, 1 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a la inauguración de “Alligator Alcatraz», el centro de detención y deportación de Florida. Lo hizo acompañado por el gobernador del Estado, Ron de Santis y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
El lugar escogido por De Santis es un antiguo aeródromo abandonado que el estado expropió, el pasado mes de enero, al Condado de Collier. A unos 60 km de la ciudad de Miami, se encuentra en mitad de los Everglades, zona de manglares y humedales del centro-sur de la península de Florida, 6.200 kilómetros cuadrados, infestados de caimanes y serpientes. En palabras del presidente Donald Trump, un lugar idóneo donde los agentes de seguridad serán los caimanes. Insta a todo aquel que consiga huir, a seguir su consejo.
Funcionamiento del centro
Con un coste de mantenimiento anual de 450 millones de dólares, tendrá capacidad para albergar 5.000 personas, y ya opera, desde la noche del miércoles, bajo el control del Estado de Florida, que paga la cuenta con la financiación de FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias).
Cuenta con una dotación de 100 soldados de la Guardia Nacional, encargados de la seguridad del centro y con la asistencia de agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement), el servicio de control de inmigración y aduanas de Estados Unidos, responsable de llevar a cabo las detenciones y deportaciones de los que allí se encuentran. Los primeros detenidos, se estima que entre 500 y 1.000, esperan su repatriación desde la inmensa pista de aterrizaje, equiparable a la del Aeropuerto Internacional de Miami. Según el gobernador De Santis, hay 50.000 inmigrantes en Florida con orden final de deportación.
Más centros como este, en camino
Este proyecto se encuadra dentro de la política migratoria y de deportaciones masivas de la administración Trump que prevé la creación de centros, como éste por todo el país, para alojar temporalmente a los inmigrantes y no ciudadanos en situación irregular; ya sea porque hayan entrado de forma ilegal al país, porque han excedido sus visados o criminales convictos con permisos de residencia.
Estos centros buscan atajar las situaciones de violencia callejera que viven los Estados Unidos desde que se disparó la entrada masiva de inmigrantes ilegales por la frontera sur durante el mandato de Joe Biden. Grupos criminales vieron en este vacío, una oportunidad de entrada a los Estados Unidos, donde se establecieron y prosperaron los MS-13 de El Salvador, El tren de Aragua, venezolano y cárteles de la droga mexicanos, propiciando la crisis del fentanilo que se cobra anualmente 100.000 vidas. Se estima que 9 millones de personas indocumentadas cruzaron de forma ilegal y sin control en los 4 años que el expresidente estuvo al frente de la Casa Blanca.
Canalización de fondos
La financiación de estos centros depende, en gran medida, de la aprobación del conocido como “One Big Beautiful Bill Act”, la ley de presupuestos aprobada el martes 1 de julio, por la mínima en el Senado, 51-50, gracias al voto de calidad de JD Vance como presidente de la cámara, ya que tres senadores republicanos votaron en contra. Destaca el libertario Rand Paul de Kentucky por su negativa a aprobar un presupuesto que “endeuda profundamente a la nación y es tremendamente irresponsable”.
Una vez aprobada en el Senado, pasa a la cámara de representantes, en una sesión maratoniana, que en el momento en el que se escribe este artículo, tenía ya una duración 24 horas de pleno. Con una estrecha mayoría de 220-212, los republicanos no pueden permitir más de tres deserciones para lograr la aprobación de un proyecto de ley final. Según fuentes de la oficina del líder de la mayoría en la cámara y la Casa Blanca, los votos están ya asegurados.
Su aprobación supondría una inyección de 45.000 millones de dólares para estos centros de detención y deportación. Pero también otros 20.000 millones para dotar a ICE de otros 10.000 agentes y 15.000 millones de dólares adicionales para la finalización y mantenimiento del muro fronterizo que separa EEUU y México.
La respuesta demócrata, desproporcionada e hipócrita.
No han tardado en aparecer las críticas. Primero fueron los grupos medioambientalistas, que aluden a un riesgo para el ecosistema. Su principal alegato son los gases de los tubos de escape de los camiones y buses que entran y salen del complejo así como las emisiones de los vuelos de repatriación. Ya han presentado una denuncia ante un jurado de Florida.
Pero los ataques más viles se han visto en redes sociales. Lo han denominado “Alligator Auschwitz”, una tendenciosa comparación entre los horrores perpetrados por el Nacional-Socialismo, que condujeron a la muerte a más de 6 millones de personas, y una política que cuenta con el respaldo y la legitimidad de una presidencia republicana, que ha ganado el voto popular por primera vez desde 1988, con la victoria de George Bush “senior”.
Quienes ahora critican la política de Donald Trump, son los mismos que callaron cuando el Nobel de la Paz, Barack Obama, instauraba esos mismos centros en la frontera sur de Estados Unidos y llevó a cabo 3 millones de deportaciones en sus 8 años de mandato.
Tampoco mostraron este nivel de indignación y rechazo hacia Bill Clinton cuando comenzaba a construir en los 90 el muro fronterizo que ahora Trump está determinado a finalizar. Entonces no se tildó a Clinton de racista o fascistas. Esta es la hipocresía y doble vara de medir, de la oposición en Estados Unidos.