El debate sobre quién debe gestionar la inmigración vuelve a enfrentar al Gobierno y a Junts en un momento especialmente delicado por la crisis migratoria de Ceuta. La formación de Carles Puigdemont ha vuelto a llevar al Congreso su propuesta para que Cataluña asuma competencias en materia migratoria, una reivindicación que ha cobrado fuerza ante el crecimiento de Aliança Catalana en los sondeos.
Junts registró el pasado miércoles una nueva proposición de ley después de que el Congreso rechazara el pasado año iniciar la tramitación de su iniciativa. El partido independentista conserva buena parte del texto que había negociado con el PSOE, aunque ha modificado el preámbulo con el objetivo de facilitar el respaldo de Podemos, formación que anteriormente había cuestionado algunos de los términos del acuerdo.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó este jueves que los socialistas siguen dispuestos a respaldar la transferencia de competencias en materia migratoria a Cataluña en los términos que fueron pactados con Junts. Sin embargo, también criticó que los independentistas hayan presentado nuevamente la iniciativa sin buscar previamente un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios.
«Imagino que con esos siete diputados que tienen conseguirán una mayoría suficiente para que se tramite, o es un juego de artificio», afirmó Bolaños durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, convocada para analizar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.
Junts reclama el control integral de la inmigración
La cuestión migratoria apareció durante el enfrentamiento entre Bolaños y el diputado de Junts Josep Pagès. El parlamentario acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no estar gestionando adecuadamente la llegada de inmigrantes y cuestionó especialmente la política de redistribución de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.
Pagès sostuvo que Cataluña no puede asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por el Gobierno y denunció que los servicios de acogida de la comunidad se encuentran bajo una fuerte presión.
«Los catalanes no vamos a pagar la negligencia de su Gobierno. Si el Estado no hace su trabajo, dejen que lo haga Cataluña», reclamó el diputado independentista.
Junts rechaza que la solución pase únicamente por una delegación parcial de funciones. Su planteamiento pasa por que la Generalitat tenga capacidad para intervenir de forma integral en ámbitos como la gestión de los flujos migratorios, la acogida, la integración, la lengua, la convivencia y la seguridad.
La reclamación se produce además después de que el Gobierno haya aplicado el mecanismo previsto en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para distribuir entre las comunidades a los menores extranjeros no acompañados que llegan a territorios como Canarias, Ceuta o Melilla.
En este contexto, la Generalitat ha mostrado reticencias ante la recepción de nuevos menores, especialmente después de que el Ejecutivo anunciara el traslado de 500 niñas desde Ceuta a la Península, aunque la tutela continuaría correspondiendo a la ciudad autónoma.
El PSOE mantiene el acuerdo con Junts
Bolaños respondió a las críticas de Pagès asegurando que el PSOE no se ha apartado del compromiso alcanzado con Junts durante las negociaciones de investidura. Aquel acuerdo contemplaba la transferencia de determinadas competencias migratorias a Cataluña como una de las condiciones para que los siete diputados de Junts respaldaran a Pedro Sánchez.
Las conversaciones entre ambas formaciones se prolongaron durante meses hasta alcanzar un acuerdo en marzo de 2025. Sin embargo, la iniciativa no consiguió superar el primer trámite parlamentario y fue rechazada en septiembre por una mayoría del Congreso.
Ahora Junts ha decidido recuperar el proyecto. La nueva proposición conserva el articulado que había sido pactado con los socialistas, pero introduce cambios en su exposición de motivos para intentar sumar apoyos entre otras fuerzas de izquierda.
Bolaños, no obstante, ha dejado claro que el respaldo socialista está condicionado a que la iniciativa se mantenga dentro de los términos previamente acordados.
«Nosotros estamos donde hemos estado siempre: defendemos la delegación de competencias migratorias a Cataluña y a la Generalitat. Lo hemos pactado. Y vamos a trabajar para que se haga en esos términos», señaló el ministro.
Al mismo tiempo, reclamó a Junts que tenga en cuenta la composición actual del Congreso y busque una mayoría parlamentaria capaz de sacar adelante la propuesta. «No pueden presentar una proposición de ley con siete diputados y decir que esto es lo que hay, que no aceptan otra cosa», reprochó.
Junts vuelve a presionar al Gobierno
La nueva iniciativa ha sido defendida por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que considera prioritario que Cataluña pueda adoptar sus propias decisiones en materia migratoria y responder directamente ante sus ciudadanos.
La formación independentista vuelve así a situar la inmigración entre sus principales reivindicaciones políticas, en un escenario marcado por el avance electoral de Aliança Catalana y por el creciente peso de este asunto en el debate político catalán.
El principal obstáculo continúa siendo, sin embargo, el alcance jurídico de la transferencia. Diversos juristas han cuestionado que las competencias sobre política migratoria puedan ser asumidas íntegramente por una comunidad autónoma al considerar que afectan a materias reservadas al Estado por la Constitución.
El artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado competencias exclusivas en ámbitos relacionados con la nacionalidad, la inmigración, la emigración, la extranjería y el derecho de asilo. Esta cuestión podría convertirse de nuevo en uno de los principales argumentos contra la propuesta de Junts cuando llegue al debate parlamentario.
Mientras tanto, el PSOE mantiene abierta la puerta a cumplir el compromiso adquirido con los independentistas, aunque pretende que cualquier avance se produzca dentro del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones y mediante la construcción de una mayoría parlamentaria suficiente.