Pedro Sánchez presiona abiertamente a jueces y magistrados para que no condenen por terrorismo a los independentistas
La última declaración del presidente del gobierno es la más clara vulneración de la división de poderes y del Estado de Derecho desde que Tejero asaltó el Congreso. Ni más ni menos.
Pedro Sánchez viene ya tiempo asaltando todos los resortes del poder del Estado. Ha tomado la Bastilla de la Fiscalía General del Estado. Ha tomado el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas (que Pablo Casado le entregó de una manera completamente incomprensible). Ha tomado al asalto, una a una, todas las cúpulas de los grandes cuerpos funcionariales del estado (Abogacía del Estado, Inspección de Hacienda, Inspección de Trabajo, Administradores Civiles, Carrera Diplomática, Letrados de las Cortes…) y ha intentado ponerlas al servicio de sus intereses políticos, con desigual éxito. Sanchez no tiene límites.
La formación de un gobierno de Frente Popular sostenido mediante los pactos de legislatura con los legatarios directos de ETA y la extorsión permanente de los secesionistas de Junts y ERC, ha conducido a nuestro peculiar sátrapa a lanzar la más brutal hondanada contra la independencia judicial: ha asumido la tesis del lawfare y ha echado en tromba a su gobierno contra el CGPJ y contra la labor jurisdiccional concreta de jueces y magistrados. Hoy es García Castellón, mañana será Llarena, pasado mañana Marchena y al otro quien con sus resoluciones judiciales contradiga los intereses de poder de Pedro Sanchez y de sus socios.
El espectáculo de los medios de comunicación progubernamentales, replicando en informativos, tertulias y programas la doctrina oficial del régimen es, por otro lado, de un bochorno democrático indescriptible e imposible de encontrar en Europa.
La última declaracion de Pedro Sanchez ha consistido, ni más ni menso, que en erigirse en Juez y parte de los delitos de terrorismo cometidos con ocasión del procés.
Pedro Sánchez ha llegado a decir algo sin precedentes en la Unión Europea y que nadie comprende más allá de los Pirineos: «Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es, y por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas».
Es decir, el jefe del gobierno de España se erige en portavoz de todos y se atreve a decir a los jueces no solo lo que tienen que hacer sino también lo que van a hacer: “así lo van a concluir al final los tribunales”.
Pedro Sánchez presiona ya abiertamente, con todo descaro y brutalidad antidemocrática, a los jueces y magistrados españoles para que no condenen nunca, en ningún caso, por delitos de terrorismo a los independentistas; hagan hecho estos lo que hayan hecho. La deriva dictatorial del presidente es, pues, cristalina.
¿Quién es el presidente para decirle a los jueces y magistrados lo que tienen que dictaminar en sus resoluciones judiciales? ¿Acaso se ha vuelto completamente loco?
Lo único bueno de este descarado y grosero desprecio hacia la independencia judicial es que se produce justo en el mismo momento en que Bolaños y González Pons están negociando la renovación del CPGJ ante Reynders, y que este puede comprobar, una vez más, la deriva autocrática de Sánchez y el desprecio del gobierno hacia la división de poderes y la labor de jueces y magistrados.
Lo malo es que el negociador del PP es, precisamente, Pons. ¿No había otro?