Sánchez se sitúa por encima de la Constitución y del Derecho Comunitario y cede la soberanía nacional y el control de fronteras a los secesionistas
Las última cesión de Pedro Sánchez al prófugo Carles Puigdemont, esta vez en una materia propia de la soberanía de cualquier nación como es la inmigración, vuelve a confirmar que el golpe de estado sigue produciéndose y que Sánchez lo llevará hasta sus últimas consecuencias: no solo el desmantelamiento de la democracia española sino también el de la propia Nación, cuya subsistencia no alcanzaba tal grado de riesgo desde las abdicaciones de Bayona.
No es un golpe al uso, bronco y repentino; no se trata de una vulgar asonada, sino de un golpe progresivo, un desacato permanente y a cámara lenta del orden constitucional y del acervo comunitario. El PSOE está sometiendo a la Nación española y a la Unión Europea a la técnica de la rana hervida. Si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, el batracio saltará para salvar la vida, pero si la rana se pone en agua tibia y se lleva a ebullición lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte. Lo que sucede ahora es que Puigdemont está liderando el proceso y está llevando a Sánchez a subir repentinamente el fuego en cada momento negociador.
La cesión de las competencias en materia de inmigración es, por un lado, una violación flagrante y total del artículo 149.2 de la Constitución, que atribuye al estado competencias exclusivas en la materia, como no puede ser de otro modo.
Lo que ayer acordó Sánchez, situándose por encima del orden constitucional y jurídico, es utilizar el artículo 150.2 de la Constitución para transferir a Cataluña, vía ley orgánica, materias que por su propia naturaleza no son susceptibles de cesión.
El artículo 150.2, que Sánchez se dispone a utilizar en claro fraude constitucional, se refiere, en efecto, a la posibilidad de transferir o delegar competencias estatales en favor de las Comunidades Autónomas, pero únicamente “cuando por su naturaleza sean competencias susceptibles de transferencia o delegación”; pues bien, la inmigración, que afecta a la regulación de la población en territorio español y al control de fronteras nacionales de España, no lo es.
El control de fronteras exteriores afecta a la entrada y salida de España de personas, mercancías y capitales, y en consecuencia no pueden ser cedidas “por su propia naturaleza” –intrínseca a la soberanía nacional- a ninguna Comunidad. Pero tampoco pueden ser restringidas contraviniendo los Tratados Comunitario. Con la cesión en curso, Sánchez está dejando en manos de un movimiento político secesionista la restricción del libre ejercicio de los derechos fundamentales, entre los cuales se sitúa el derecho de entrar y salir libremente de España o el derecho a establecer la residencia en ella.
Sánchez está poniendo en grave riesgo tres pilares básicos de la Unión Europea: la libre circulación de personas, mercancías y capitales. Las competencias sobre fronteras exteriores de la Unión se ejercen además de acuerdo con el Derecho Comunitario y el conocido como «acervo Schengen». La disfunción es mayúscula y altera las reglas de funcionamiento del conjunto de la Unión Europea en materia de inmigración.
España, como Estado miembro, se ha comprometido ante sus socios europeos a adoptar medidas de control y seguridad de fronteras y a asegurar la libre circulación por todo el espacio europeo. Estas competencias, distintas de las correspondientes a los permisos de trabajo, que ya tienen transferidas Cataluña, no pueden ser “abandonadas” en una Comunidad Autónoma, con deshinibición del Estado ante la Unión Europea.
Hay otras cuestiones que se van a ver igualmente afectadas. Sin ir más lejos, la acogida de personas desplazadas por conflictos internacionales se decide en el Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea, y luego el Estado consensúa y cooordina su gestión en una Conferencia Sectorial con todas las CCAA convocada al efecto. ¿Qué posición tendrá Cataluña en ambos foros? Codecidirá con el Estado? ¿Decidirá por su cuenta al margen del Estado y del resto de CCAA? ¿Responderá directamente de su regulación y gestión ante la Unión Europea, que no la reconoce como estado miembro? ¿Responderá España de los incumplimientos del Derecho Comunitario por parte de una Comunidad gobernada por una partido xenófobo como sin duda es Junts? ¿Pagaremos, nuevamente, el resto de los españoes los platos rotos del separatismo gracias a las abdicaciones de Sanchez?
La Unión Europea, que está contemplando perpleja el espectáculo español, debería intervenir antes de que Pedro Sánchez provoque, desde este otro lado de los Pirineos, el nuestro, la mayor crisis de la Unión Europea conocida desde su fundación.