El Gobierno de la Generalitat Valenciana ha lanzado un nuevo decreto con el objetivo de fomentar la construcción de Viviendas de Protección Pública (VPP), facilitando el acceso a vivienda a colectivos vulnerables como jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales. La normativa exige que el 40% de las viviendas públicas tengan hasta 60 metros cuadrados, con una o dos habitaciones, garaje y trastero. Esta nueva tipología de vivienda busca adaptarse a las necesidades actuales del mercado.
Un sistema «pionero y dinámico» para fijar precios
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, explicó que el decreto no solo reserva un porcentaje de las viviendas para jóvenes, sino que también introduce un sistema dinámico para ajustar los precios de las VPO. Este sistema tendrá en cuenta variables como la zona geográfica, la renta media de los municipios y los precios del mercado libre. Aunque el precio de las VPP se incrementará, se mantendrá por debajo de los valores del mercado libre, aseguró Mazón.
La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, añadió que el decreto reducirá la burocracia y flexibilizará los requisitos de acceso, facilitando la inclusión de jóvenes con empleos precarios en el mercado de vivienda protegida.
Nuevas normativas, nuevas oportunidades en la vivienda pública
El objetivo del decreto es equilibrar la oferta y la demanda de vivienda social en la Comunitat Valenciana. Con la colaboración del sector privado, el gobierno regional espera cumplir su promesa de construir 10.000 VPP durante la legislatura. Sin embargo, el desafío está en hacer que la construcción de estas viviendas resulte rentable para los promotores, quienes anteriormente consideraban poco lucrativo este tipo de proyectos.
Las familias monoparentales, jóvenes con empleo precario, víctimas de violencia de género y familias con personas dependientes a su cargo también verán una flexibilización de los requisitos para acceder a estas viviendas.