El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la nueva Ley del Derecho a la Defensa. La misma permite el uso de las lenguas cooficiales en los tribunales, también en el Supremo y en la Audiencia Nacional. Esta normativa, que es vista por el Gobierno como una importante victoria para las lenguas cooficiales en España, ha sido decretada alegando que mejora el acceso de los ciudadanos españoles a la Justicia.
La norma ha sido aprobada como Ley Orgánica. Tal y como establece la Ley, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE, esto es, el día 3 de diciembre. Esta pasó por el filtro del Senado el 30 de octubre, tras ser remitida por el Congreso y sin votos en contra. Únicamente contaba con las abstenciones de PP y Vox.
¿En qué consiste?
A partir de la entrada en vigor de esta ley, los ciudadanos de las comunidades autónomas donde se hablan lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el euskera, tendrán el derecho de usar estos idiomas en los juzgados y tribunales. No solo al declarar, sino también al presentar documentos y en el desarrollo de todo el proceso judicial.
La Ley del Derecho a la Defensa especifica que podrá usarse «cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas». Además, expande el derecho de defensa a los medios alternativos de resolución de conflictos. Estos son la mediación, el arbitraje y la conciliación.
Asistencia jurídica «siempre accesible universalmente»
Otro cambio es la regulación de las funciones de los profesionales del turno de oficio. El Gobierno afirma que busca asegurar que la asistencia jurídica sea «siempre accesible universalmente», para asegurar el cumplimiento del derecho de defensa en igualdad de condiciones. También, añaden desde el Ejecutivo, para que los usuarios conozcan su derecho a conocer de antemano los honorarios de los abogados, así como los costes asociados a un proceso judicial.
Los cambios normativos también permitirán a los abogados pedir a suspensión del proceso, o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales, en casos de fuerza mayor. Estos escenarios incluyen, por ejemplo, la suspensión por accidente, o enfermedad propia que requiera hospitalización.
Esta nueva Ley Orgánica proviene de un proyecto de ley aprobado inicialmente en abril de 2023, y propuesto por Pilar Llop, anterior ministra de Justicia. Sin embargo, ante el adelanto electoral perpetrado por Pedro Sánchez, dicha propuesta decayó tras la disolución de las Cortes. No fue hasta enero de 2024 que el Gobierno de Pedro Sánchez recuperaba la iniciativa.