Este martes se debate en el Pleno del Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería. La modificación consistiría en el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados, desde una Comunidad Autónoma que supere su capacidad de acogida en un 150%. De momento, tanto el Partido Popular como Vox, ERC y Junts se han posicionado en contra de la proposición de ley. El principal partido de la oposición motivaba su negativa en que había puesto sobre la mesa varias condiciones a Moncloa para dar el sí, pero esta las habría rechazado.
Los partidos que promueven esta reforma, registrada en la Cámara Baja el pasado lunes, son el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. En su texto recoge la pretención del Gobierno de elegir, mediante un órgano competente de la Administración Territorial del Estado (AGE), las Autonomías a las que se trasladen los menores no acompañados. Esto, siempre que se supere ese umbral mencionado de sobreocupación en los territorios más afectados.
La saturación de las Islas Canarias
La proposición de Ley del PSOE y sus socios establece en 2.000 el número de plazas disponibles para Canarias, y en 3.000 el límite que marcaría la sobreocupación. Actualmente, la cifra es de en torno a 6.000 menores no acompañados en las islas, triplicando las plazas disponibles y duplicando ese umbral que obligaría a repartir a los menores. La reforma de la Ley de Extranjería que debate el Congreso también ofrece un año para superar la sobreocupación en Canarias, pero no establece en principio ninguna dotación económica para materializar en sistema de reparto que propugna.
Vox y Junts se han opuesto frontalmente a la proposición de ley. Esta segunda formación aseguraba que solo apoyará la iniciativa si se excluye a Cataluña del reparto de menores inmigrantes. Respondiendo a esto, desde Moncloa comentaban que el reparto vinculará a «todas las comunidades». Por su parte, los populares decían que no facilitarán la tramitación de una ley que «se basa en la imposición y no en el diálogo». Yendo más allá, Feijóo explicaba que Sánchez deberá hacer «cesiones» al Grupo Popular, tal y como hace con sus socios de investidura, para así obtener su apoyo en la reforma de la Ley.
La propuesta del Partido Popular
Feijóo acusaba a los socialistas de «mirar para otro lado» con esta crisis migratoria, añadiendo que estaban improvisando y que su objetivo es «quitarse el problema de encima, no resolverlo». El PP hablaba de declarar la emergencia migratoria, y no solo para las Islas, Ceuta y Melilla, sino para toda España. Esto implicaría ofrecer financiación a las Autonomías, dar al Gobierno la gestión de los menores no acompañados, aumentar el control de las fronteras, negociar medidas con Europa o hablar de acuerdos e inversiones con los países de origen de estos menores.
Además, los populares querían que el texto de la propuesta de reforma incluya la obligación en el reparto de todas las CC.AA., sin excepción. Mirando así a Cataluña, remitían al Gobierno que «debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA tal y como se ha expresado en las últimas semanas».
Por su parte, los socialistas confían en que el PP vote a favor de la proposición de ley. Los mismos comentan que su texto «no admite ninguna adición», y que incluso «no se le puede poner ninguna coma». Dicho esto, alegaban que el PP serían incongruente si votase en contra de la reforma, pues a su juicio los populares «estarían yendo contra el Gobierno de Canarias», del cual forman parte.