David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, comparece este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz como investigado por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Para evitar a los numerosos periodistas y manifestantes congregados en la entrada principal, Sánchez accedió al edificio judicial en coche a través del garaje.
La investigación, iniciada tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, se centra en posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación relacionados con la creación y adjudicación del puesto de coordinador de conservatorios en 2017, cargo que Sánchez ocupa actualmente. Según informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado el proceso de contratación y ha planteado dudas sobre la celeridad con la que se creó la plaza y la similitud de sus funciones con otros puestos existentes.
Además de David Sánchez, también ha sido citado a declarar Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, en calidad de investigado por su presunta implicación en estas irregularidades. Gallardo ha defendido públicamente la legalidad del proceso de contratación y ha señalado que detrás de la denuncia existen intereses políticos.
La comparecencia del hermano de Sánchez ha generado una notable expectación mediática y ha motivado la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Organizaciones como Hazte Oír han desplegado autobuses con mensajes críticos hacia el presidente del Gobierno y su entorno, reflejando la creciente presión política y social en torno a este caso.
La defensa de David Sánchez ha cuestionado la admisión a trámite de la denuncia, argumentando la falta de pruebas sólidas que sustenten las acusaciones. El abogado Emilio Cortés ha señalado que la investigación ha supuesto meses de sufrimiento para su cliente y ha enfatizado que la UCO no ha encontrado indicios de enriquecimiento ilícito por parte de Sánchez.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones judiciales que afectan a figuras cercanas al Gobierno, lo que ha intensificado el debate político y mediático en España. La evolución de este proceso judicial será determinante para esclarecer las responsabilidades y posibles implicaciones legales de los involucrados.