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El juez Peinado insiste en que un jurado popular juzgue el caso de Begoña Gómez por cinco delitos

El juez Peinado insiste en que un jurado popular juzgue el caso de Begoña Gómez por cinco delitos
El juez Peinado insiste en que un jurado popular juzgue el caso de Begoña Gómez por cinco delitos

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El juez Juan Carlos Peinado ha reiterado su intención de que el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgado por un tribunal de jurado.

Para ello, el magistrado ha dictado un nuevo auto en el que motiva su decisión, después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase su primer intento al considerar que carecía de fundamentación suficiente.

Un solo procedimiento y tres investigados

En su nueva resolución, el juez acuerda acumular todo el procedimiento en una única causa y cita a los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 1 de abril.

El objetivo de esa citación es comunicarles formalmente que la causa será remitida a un tribunal de jurado.

Peinado plantea así la celebración de un único juicio con jurado popular por varios delitos, entre ellos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos

Respuesta a la Audiencia de Madrid

El magistrado da este paso después de que la Audiencia Provincial revocara su decisión anterior, al entender que no existían “indicios concluyentes y consistentes” que justificaran entonces el envío del caso a un jurado popular.

En su nuevo auto, de 46 páginas, Peinado subraya que el objetivo de esta fase no es anticipar el resultado del procedimiento, sino verificar la verosimilitud de los hechos investigados, especialmente en lo relativo a los delitos de malversación y tráfico de influencias, que son competencia del tribunal del jurado.

Insistencia en el jurado popular

Con esta nueva resolución, el juez insiste en su criterio de que la causa debe ser enjuiciada mediante jurado popular, una fórmula prevista en la legislación española para determinados delitos.

La decisión abre ahora un nuevo frente procesal, ya que previsiblemente podrá ser recurrida nuevamente por las partes, mientras la investigación continúa su curso en los juzgados madrileños.

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