En un momento que marcará un hito en la historia democrática de España, el Pleno del Senado ha aprobado la iniciativa presentada por el Partido Popular para retirar la controvertida Ley de Amnistía. Esta decisión ha desencadenado un inédito conflicto entre los órganos constitucionales del país, al enfrentar al Senado con el Congreso en una votación que ha dividido profundamente a las fuerzas políticas.
Con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el Partido Popular, respaldado por VOX, logró elevar la propuesta, mientras que el PSOE, junto con sus socios parlamentarios, votó en contra. La senadora de UPN optó por la abstención, siendo la única en adoptar esta postura singular en la sesión.
Ahora, la atención se dirige hacia el Congreso, que tiene un plazo máximo de 30 días para responder al conflicto constitucional planteado por el Senado. Esta fecha límite coincide con el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas, añadiendo un elemento de tensión adicional a un momento ya cargado de implicaciones políticas.
El debate en el Congreso será crucial, ya que determinará el curso de acción a seguir respecto a la ley de amnistía y podría influir significativamente en el panorama político nacional. En este contexto, la figura de Francina Armengol, presidenta de la institución, adquiere una relevancia aún mayor, ya que liderará las discusiones en un momento crucial para el futuro del país.