El Congreso de los Diputados ha presenciado hoy una serie de modificaciones legislativas que incidieron en aspectos relacionados con el terrorismo y el delito de traición, dos áreas que Junts insistía en cambiar para fortalecer la posición de Carles Puigdemont. En contraste con ocasiones anteriores, el texto ha sido respaldado por PSOE, Junts, ERC y los aliados de la investidura, a excepción de Coalición Canaria, sumando así el respaldo de PNV, Bildu y BNG. Esta enmienda transaccional ha sido presentada en la Comisión de Justicia en medio de una controversia con el Grupo Popular, que cuestionó el procedimiento seguido, calificándolo como un «ejercicio de corrupción política».
Al inicio de la reunión, la diputada del PP, Cuca Gamarra, ha solicitado la suspensión de la comisión argumentando que la enmienda se presentó sin haber sido previamente calificada por la Mesa. La sesión se ha interrumpido y reanudado con la decisión de la Mesa, mayoritariamente conformada por miembros del PSOE y sus aliados, de admitir la enmienda transaccional. A pesar de la solicitud de Gamarra para intervenir, el presidente de la comisión no le ha concedido la palabra.
Gamarra expresó antes de ingresar a la comisión que el contenido de la ley es «corrupto» y sugirió que Pedro Sánchez parece estar «bastante cómodo conviviendo con la corrupción». Según ella, la realidad de esta ley es que «los españoles tengamos que pedir perdón».
Durante el debate en la comisión, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha calificado la misma como un «auténtico fraude a la legalidad», un completo desprecio al reglamento del Congreso y una muestra más de la arbitrariedad del Gobierno y sus seguidores. Afirma que una proposición de ley rechazada por el Pleno simplemente cae en la papelera, pero para ellos la ley parece importarles poco. Se cuestionó la motivación detrás de la enmienda.
La enmienda propuesta adapta los delitos de terrorismo y traición a los estándares europeos en lugar del Código Penal español. Limita los delitos que no estarán cubiertos por la medida de gracia conforme a la legislación europea e internacional, excluyendo las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción en casos de enriquecimiento personal. A solicitud de la formación liderada por Carles Puigdemont, se amplía el período temporal de la amnistía en dos meses, que ahora abarcará desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.
El nuevo texto busca proteger al expresidente catalán Carles Puigdemont de las acusaciones de «terrorismo callejero» investigadas por el Tribunal Supremo en relación con los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’.