El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado en el Congreso de los Diputados una reforma que busca restringir el ejercicio de la acción popular en los procesos judiciales. La medida, impulsada en un momento en el que se investigan posibles irregularidades vinculadas al entorno del presidente Pedro Sánchez, ha generado críticas, por lo que muchos interpretan como un intento de blindar al Gobierno frente a futuras investigaciones.
La propuesta pretende reducir drásticamente el alcance de la acción popular, permitiéndola únicamente en la fase de juicio oral y bajo condiciones estrictas. Además, plantea excluir a partidos políticos y asociaciones afines de ejercer como acusación popular, lo que podría reducir la capacidad de fiscalización y supervisión ciudadana sobre las instituciones.
Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición de admitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa. Este cambio, justificado como una forma de evitar denuncias infundadas, podría interpretarse como un freno a la investigación de casos que inicialmente se destapan en los medios de comunicación.
El PSOE busca un blindaje con esta reforma
Otro aspecto preocupante de la reforma es la propuesta de apartar a jueces que manifiesten afinidades políticas. Aunque el PSOE defiende esta medida como un paso hacia la imparcialidad, los críticos temen que pueda ser utilizada para influir en el desarrollo de procesos judiciales incómodos para el Gobierno.
Por otra parte, la eliminación del delito de ofensas religiosas del Código Penal ha sido incluida en la propuesta, lo que ha despertado críticas en sectores que consideran este movimiento un ataque a los valores tradicionales y a la protección de la libertad religiosa.
La reforma se enmarca en un contexto político delicado, con investigaciones que afectan directamente al círculo cercano de Pedro Sánchez. Para la oposición y varios sectores judiciales, esta iniciativa parece diseñada para obstaculizar el acceso de la sociedad a la justicia y desactivar posibles investigaciones que puedan comprometer al Ejecutivo.
Reacciones enfrentadas
El proyecto ha sido recibido con escepticismo y rechazo por parte de la oposición, que denuncia un claro intento de politizar la justicia y limitar la participación ciudadana. Para algunos analistas, la medida no solo pone en riesgo la transparencia del sistema judicial, sino que también consolida el poder del Gobierno al reducir las herramientas disponibles para fiscalizar su gestión.
El PSOE, por su parte, asegura que la reforma busca evitar abusos en el uso de la acción popular y proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, esta explicación no convence a quienes ven en la propuesta un ataque a la esencia democrática de la justicia.
La tramitación de esta reforma en el Congreso será una prueba de fuego para el PSOE, que necesitará el respaldo de sus socios parlamentarios para sacarla adelante. Mientras tanto, las sospechas sobre las motivaciones reales detrás de esta medida siguen creciendo, y el debate sobre la acción popular se perfila como un tema central en la política española de los próximos meses.