Tres años sin presupuestos, reformas aprobadas por decreto y un Parlamento reducido a gallinero. Más allá de Pedro Sánchez, los datos revelan una crisis institucional profunda: España ya no funciona como una auténtica monarquía parlamentaria.
El artículo 86 de la Constitución Española autoriza al Gobierno a dictar reales decretos-leyes “en casos de extraordinaria y urgente necesidad”. Son disposiciones con rango de ley que deben ser convalidadas por el Congreso en el plazo de 30 días.
Sin embargo, lo que nació como un instrumento excepcional se ha convertido en la forma habitual de legislar. Desde el año 2020, el Ejecutivo ha aprobado un sinfín de reales decretos-leyes. Entre ellos se encuentran reformas estructurales como la reforma laboral, la modificación del sistema de pensiones o la reorganización del sistema judicial y de función pública.
Durante la pandemia de la COVID-19, el año 2020 marcó el récord histórico con 39 decretos-leyes. En 2021 se aprobaron 31, en 2022, 17, y en lo que va de 2025 ya se han publicado una decena. En paralelo, la actividad legislativa ordinaria se ha desplomado: la actual XV Legislatura suma 26 leyes aprobadas.
El Parlamento legisla cada vez menos; el Consejo de Ministros, cada vez más. O en otras palabras, el poder legislativo se ha convertido en un ejecutor de las legislaciones del ejecutivo.
El Gobierno por decreto
Al margen de los decretos-leyes, el Ejecutivo recurre de manera creciente a los reales decretos reglamentarios, normas sin rango de ley que tampoco pasan por las Cortes. Su función original es desarrollar leyes ya aprobadas, pero en la práctica se utilizan para redefinir políticas públicas de gran calado.
No se trata de cuestiones técnicas, sino de decisiones políticas sustanciales que el Gobierno aprueba cada martes, sin debate parlamentario y con entrada en vigor inmediata. La forma se mantiene —firma real, refrendo ministerial y publicación oficial—, pero el fondo constitucional se ha desvirtuado: el Ejecutivo legisla y reglamenta a la vez, mientras el Parlamento observa impotente.
Más de una década de desplazamiento del poder legislativo
El desplazamiento del poder normativo comenzó antes de la llegada de Pedro Sánchez. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018 ya se abusó del decreto-ley y de los reales decretos. En 2012 se aprobaron 29; en 2013, 22; y en sus últimos años, con mayoría precaria, se mantuvo un promedio de 17 por ejercicio.
El abuso, además, no es solamente de cifras. Civio ha denunciado que “mientras que en los 90 la media era de 3 o 4 páginas por cada una de estas normas de «extraordinaria y urgente necesidad», en 2023 el tamaño medio subió a casi un centenar, agrupando decenas de normas de todo tipo en un mismo texto”. Como se le suele llamar, el ómnibus, donde todo cabe: una suerte de cajón de sastre de todo lo que los políticos impulsan a su antojo sin someter a la soberanía nacional. Porque ahí está la trampa: a diferencia de las leyes, los decretos se aprueban en bloque, no caben enmiendas, no cabe oposición parcial. O todo o nada. Una estrategia perfecta para aplacar cualquier oposición.
El resultado es inequívoco: España se gobierna más por decreto que por ley. Pedro Sánchez ha convertido su legislatura en la legislatura ómnibus.
El Parlamento sin mayoría y las leyes orgánicas imposibles
La raíz del problema es la fragmentación política. Desde el fin del bipartidismo en 2015, ningún gobierno ha alcanzado una mayoría suficiente para aprobar leyes de calado. Las leyes orgánicas —que exigen mayoría absoluta— prácticamente han desaparecido.
El Congreso, reducido a una aritmética imposible, se ha convertido en una cámara de ruido. Los plenos se han transformado en un escenario para la confrontación y la propaganda, no para la deliberación. Mientras tanto, el país se gobierna desde los despachos de Moncloa, decreto tras decreto.
La hipertrofia del Ejecutivo
España sigue siendo formalmente una monarquía parlamentaria, pero en la práctica se ha convertido en un régimen de gobierno reglamentario. El Ejecutivo legisla, ejecuta y desarrolla la norma; el Legislativo apenas convalida lo ya aprobado, jugando con sus votos a rifarse el poder; y el poder judicial asume, con resignación, la interpretación de una avalancha normativa que cambia cada semana.
En los primeros años de la democracia, la relación era de tres o cuatro leyes por cada decreto-ley. Hoy es paritaria. El Consejo de Ministros produce más disposiciones generales que el propio Congreso, lo que supone una alteración del equilibrio de poderes que la Constitución nunca previó.
Más allá del bipartidismo
Y no: no se trata de volver al bipartidismo. Ese modelo, basado en la alternancia de PSOE y PP, ya demostró su agotamiento. Pero la fragmentación posterior tampoco trajo pluralismo real, sino bloqueo permanente.
España no necesita volver al turnismo de los 90, sino construir una mayoría política y moral que devuelva al Parlamento su capacidad de legislar. Una mayoría reforzada, capaz de superar los estándares de la Transición y recuperar el principio de soberanía nacional frente al poder de los reglamentos.
Hoy el ABC deja este titular: Sánchez ‘secuestra’ las Cortes. ¿Alarmista? No. Pero la realidad es mucho más compleja. Y es que no se trata de un secuestro puntual, sino de una erosión prolongada. Durante la última década, todos los gobiernos, de uno u otro signo, han vaciado de contenido la función legislativa.
España se gobierna, sí, pero ya no se delibera. Y ahí está la frontera entre una democracia viva y un Estado administrado: cuando el decreto sustituye al debate, la monarquía parlamentaria deja de serlo.