JUICIO A LOS GOLPISTAS

Zoido descarga la responsabilidad de la intervención policial en los mandos operativos

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Novena jornada del juicio por el proceso golpista en Cataluña, que ha comenzado con la declaración de los testigos del bloque político, entre ellos el diputado de ERC Gabriel Rufián; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido y el lehendakari Íñigo Urkullu.

El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado que hubiera »excesos» durante la intervención policial en Cataluña durante el referéndum ilegal, y ha subrayado que fue »proporcional». Sin embargo no se ha querido responsabilizar de las cargas y ha dicho que las órdenes venían de los ‘operativos’, sin precisar más: «Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer».

Más adelante ha puntualizado que como ‘operativos’ se refería al coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable del dispositivo de seguridad designado por Interior, y de los representantes de los tres cuerpos policiales.

Ha explicado que la decisión de enviar refuerzos policiales a la región surgió tras la valoración de la Secretaría de Estado y »a medida que se aproximaba el 1 de octubre» y »a raíz de los hechos del 20 de septiembre», se interpuso una querella por la Fiscalía en la Audiencia Nacional. »A partir de ahí empezamos a concretar un poco más el tema», ha explicado.

La función de los agentes enviados, ha indicado, era como »labor de auxilio» a los Mossos d’Esquadra y para realizar labores de Policía Judicial. Así se le trasladó a Forn el 22 de septiembre: «Dadas las circunstancias que estaban concurriendo, vamos a reforzar la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en misión de auxilio a los Mossos y para cumplir como policía judicial en todos aquellos requerimientos del TSJC». »Los trabajos de la Secretaría de Estado preveía una previsión de 6.000 entre policías y guardias civiles», ha avanzado Zoido, matizando que no en todo momento todos esos agentes estuvieron al mismo tiempo en Cataluña.

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Denuncia la falta de agentes de los Mossos

Se ha quejado del dispositivo «absolutamente insuficiente» de los Mossos y ha dicho que lo que se pregunta «en ocasiones» es qué hubiera pasado si se hubieran desplegado 12.000 mossos, en lugar de los 6.000 o 7.000 movilizados el 1-O, y que hubieran contado con el apoyo de otros 6.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado enviados a Cataluña.

«¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera alentado el referéndum ilegal?», se ha preguntado el exministro del PP, que ha recordado que hasta el 1-O la instrucción de la Secretaría de Estado era asistir en «auxilio» a los Mossos para cumplir con los diferentes requerimientos judiciales, tanto de la Fiscalía Superior de Cataluña como, posteriormente, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pidiendo que se impidiera el referéndum de independencia.

Para Zoido, el dispositivo que la Policía catalana diseñó el 1 de octubre de 2017 era «totalmente insuficiente», habida cuenta de las órdenes judiciales existentes para impedir el referéndum y sabiendo que tanto Mossos como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debían intervenir.

Según le transmitieron y como ha contado al tribunal, hubo colegios en los que tanto policías como guardias civiles «tuvieron que retirarse sin intervenir» ante la «presencia masiva» que había. Ha explicado que los agentes enviados por Interior intervinieron en 131 colegios y lograron cerra 113. 

En cuanto a la suspensión de la cancelación de las reuniones de coordinación decretada por el coronel Pérez de los Cobos, Zoido ha indicado que el entonces secretario de Seguridad, José Antonio Nieto, le trasladó que no se estaban »cumpliendo la expectativas».

Violencia contra la Policía el 1-O

La fiscal Consuelo Madrigal le ha preguntado por el auto judicial que prohibía el referéndum ilegal. El exministro ha apostillado que la magistrada del TSJC también ordenó evitar la votación y requisar todo el material. »No se cumplió el mandato judicial. Era imposible después de todo lo que se había organizado y haber unos auténticos escudos humanos que no permitían acceder», ha indicado. Ha subrayado que la resistencia en los colegios electorales fue »activa y organizada».

Además, Zoido ha señalado que el 1-O «se produjeron actuaciones violentas» contra los policías y los guardias civiles que trataban de impedir la votación y ha recordado que «hay hechos y fotografías que así lo acreditan».

La gestión de Trapero no fue muy buena a juzgar por las declaraciones de Zoido, que ha dicho que se le trasladó que el entonces Mayor del Cuerpo catalán no estaba siendo »muy colaborador». »Fue reticente», ha apostillado. »Cuando se acercaba el 1-O había dudas», ha indicado en referencia a si los Mossos iban a cumplir los mandatos judiciales.

Colau y su interpretación del auto del TC

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido este jueves que después de que el Tribunal Constitucional anulara el decreto de convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre se reunió con el expresidente catalán Carles Puigdemont y que ambos entendieron que esa suspensión se limitaba a los «efectos jurídicos» de los resultados de la consulta, o al «derecho político» a celebrarla.

En su declaración como testigo en el juicio por el golpe en Cataluña, Colau ha explicado que en ese encuentro Puigdemont y ella estuvieron de acuerdo en «dar apoyo político» a la convocatoria de referéndum y en «no poner en riesgo penal a ningún funcionario».

«Queríamos que todo el mundo tuviera la tranquilidad para que se pudiera votar con normalidad. Entendíamos que la suspensión como tal era en sus efectos jurídicos, pero no estaban suspendidos los derechos políticos», ha remarcado, para añadir después de forma rotunda que si lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo es la celebración del referéndum, también deberían estar sentadas en el banquillo de los acusados «millones de personas».

Rufián, fiel a su estilo

A las 10.49 horas comienza la declaración del diputado de ERC Gabriel Rufián que explica, tras aclaración por parte del juez Marchena, que contestará a las preguntas del acusación popular «porque así se lo han pedido las defensas de los acusados» pero ha añadido que la presencia de Javier Ortega Smith y de Pedro Fernández le parece «una vergüenza». Rufián en estado puro…

A preguntas de la defensa de Oriol Junqueras, Rufián no ha dudado en calificar de «salvajes» a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que el 1-O recibieron el encargo de evitar la votación del referéndum ilegal. «Sabíamos que nos enfrentábamos a personas con graves carencias democráticas, pero nunca imaginamos que serían salvajes», ha dicho Rufián, que ha afirmado haber visto a la policía «golpeando a señores mayores».

Rufián hace de Rufián y responde con impertinencia a la acusación

Rufián, que ha sido reprendido por el presidente de la Sala por reiterar su desprecio hacia la acusación popular, ha afirmado que decir la Comisión Judicial tuvo que salir escoltada de la Consejería de Economía de Cataluña durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona es una «fake news, como lo es decir que el castellano está perseguido en Cataluña». A juicio de Rufián queda acreditado que no hubo violencia en el asedio a la Consejería porque él pudo irse a comer y a merendar: «Me chirría que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar y yo creo que en una revolución a merendar va poca gente». Breve -e impertinente- declaración de Rufián que, tanto a la llegada como a la salida, ha saludado a los acusados con excepción del exconsejero de Empresa Santi Vila.

A su entrada a la sala Rufián ha alzado la mano para saludar a los exconsejeros Meritxell Borràs y Carles Mundó, que se sientan en el último banco junto a Santi Vila, a quien ha alzado la mirada para evitar cruzar miradas. El que fuera responsable de la Consejería de Empresa dimitió de su cargo el día antes de la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Seguido ha dado la mano al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ha mostrado gestos similares para el resto de acusados. Esta actitud ha sido repetida cuando su comparecencia ha concluido, momento que ha aprovechado para dar la mano a todos los procesados que se encuentran sentados en el banquillo central de la sala, salvo a Santi Vila.

La declaración de Urkullu

Como primer testigo de la jornada, el lehendakari Iñigo Urkullu ha comenzado su declaración a las 10:00 confirmando ante el tribunal su labor de mediación desde el verano anterior al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y, en concreto, ha informado de que el 19 de julio de ese año mantuvo un encuentro en Moncloa con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, con el que después también sostuvo numerosas conversaciones telefónicas. Según ha explicado Urkullu, esta labor comenzó después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont le trasladara el 19 de junio de 2017 la situación de «bloqueo absoluto» en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central, por lo que le pidió que «encauzara» el diálogo.

Urkullu confirma la mediación y que Puigdemont precipitó la DUI ante la rebelión de los suyos

Urkullu ha reconocido que trasladó a Puigdemont su «intuición» de que el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, «no era muy dado» a aplicar el artículo 155 de la Constitución: «Puigdemont me requería alguna garantía y le dije que no podía ofrecer garantías, solo una intuición», ha dicho Urkullu.

Está previsto que Ada Colau sea la última persona en declarar antes del parar la sesión para comer. El tribunal ha reservado la sesión de la tarde para el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido -cuya testifical se ha incluido en el trámite de cuestiones previas del juicio-; el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech; el secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta; el secretario de Asuntos Sociales y Familia, Francesc Iglesias; y el director del Catsalut, Adrià Comella.

Además, una delegación de 13 eurodiputados y diputados de varios estados miembro de la Unión Europea (UE) asistirá este jueves a la novena jornada del juicio.

La delegación estará integrada por miembros de la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña, diputados de la Red Parlamentaria de Grupos de Amistad con Cataluña, así como el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, y el diputado francés Paul Molac.

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