JUICIO A LOS GOLPISTAS

Un guardia civil, sobre el 1-O: ‘Nunca me habían escupido por hacer mi trabajo’

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Un sargento primero de la Guardia Civil que estuvo en un centro de votación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ha hecho un relato pormernorizado de lo que se encontró allí y de las dificultades que tuvo para cumplir el mandato judicial de impedir la votación y requisar el material electoral, así como las «agresiones verbales» y «amenazas» que le dirigieron los manifestantes.

«Sufrí un daño moral. Yo fui a cumplir una orden judicial y fui insultado, no sé si porque soy guardia civil. Me he quedado con cómo me miraban, no sé si con desprecio o con odio. A mí nunca me habían escupido por hacer mi trabajo. Aquellas personas se comportaron, por decir una palabra que quizá no es la adecuada, como delincuentes», ha explicado el sargento primero, visiblemente afectado, al tribunal que juzga el golpe de Estado en Cataluña.

En un testimonio muy crudo acerca de lo que vivió en el 1-O, en el que no ha sido interrumpido en ningún momento, el agente del Instituto Armado ha explicado durante varios minutos al tribunal que ese día sólo acudió a un local de votación, en el centro de atención primaria de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), sobre las once de la mañana. A esa hora ya sabía que sus compañeros habían tenido «muchas dificultades» para cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en otros centros, pero hasta que no lo vio personalmente no se hizo «a la idea».

‘Lo que más me dolió fueron las miradas’

Cuando llegó al colegio electoral el grupo en el que estaba integrado, todos ellos de paisano, otros compañeros que ya estaban allí les ‘encapsularon’, pero se encontraron con unas decenas de personas en el exterior que se acercaron a ellos y en el camino hasta la puerta les empezaron a insultar, llamándoles «asesinos, hijos de puta» y a gritar «fuera las fuerzas de ocupación». «A mí lo que me dolió fueron las miradas. Me escupieron varias veces. Y eso a lo largo de 40 metros», ha resaltado.

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Al llegar a la entrada del local, donde otros agentes habían hecho un cordón policial, vio cómo unos agentes de antidisturbios del Instituto Armado (GRS) trataban de entrar, pero a través de la puerta de cristal apreció que unas 20 personas lo impedían. «Los compañeros del GRS les decían que tenían que entrar para cumplir una orden judicial. Se lo dijeron hasta cuatro veces. Y la contestación de esas personas fue que no iban a cumplir ninguna orden y que no hacían caso a la Guardia Civil», ha relatado.

Según ha resaltado, le llamó la atención en esos momentos que a unos 40 metros de la entrada del centro de atención primaria había ocho efectivos de los Mossos d’Esquadra, los cuales «en ningún momento se acercaron» a prestar auxilio a los guardias civiles ni preguntaron si les hacía falta ayuda.

Un manifestante mordió a un agente

La puerta del local se abrió por uno de los lados debido a la fuerza ejercida por ambas partes –agentes y concentrados– y los guardias civiles pudieron sacar a las 20 personas «una a una», si bien una de ellas se lanzó sobre uno de los antidisturbios y vio cómo le mordía en una mano.

Al entrar en el centro, ha continuado el testigo, se llevó «otra sorpresa»: «Unas 250 personas de muchas edades diferentes se habían sentado y tirado en el suelo como un muro infranqueable, y algunos nos estaban grabando. Y había una persona que les decía ‘todos callados, no digáis nada'». Por este motivo, a los guardias civiles les «costó mucho» llegar hasta el punto de votación, pero allí no encontraron urnas, sólo «unos 2.500 sobres, algunas papeletas y una CPU».

Había tanta gente en el centro de votación y el ambiente estaba tan «irrespirable», ha apuntado el testigo, que hubo una persona que sufrió un mareo y fueron los agentes de la Benemérita los que le atendieron.

Al salir con el poco material que habían encontrado, los manifestantes les volvieron a «insultar» y a «amenazar». «Nos llamaron asesinos y nos volvieron a escupir», ha afirmado, tras lo cual el fiscal le ha preguntado si sufrió agresiones físicas, a lo que ha contestado negativamente, pero sí ha apuntado que después de estos incidentes sufrió un «daño moral».

‘Aquel día se cometieron muchos delitos’

Con este relato tan detallado de lo que vivió en el centro de votación en Sant Andreu de la Barca, el fiscal Jaime Moreno ha finalizado su interrogatorio. Ya en el turno de las defensas, Javier Melero, abogado del exconseller Joaquim Forn, ha querido saber si sus superiores les habían dado alguna instrucción concreta a la hora de actuar el 1-O.

«Nos dijeron que debíamos que cumplir la parte dispositiva del auto judicial y que nuestra misión era requisar e intentar cerrar el punto de votación. En ningún momento nos dijeron que el problema iban a ser las personas, pero también que debían primar los principios básicos de actuación. Aquel día se cometieron muchos delitos», ha afirmado.

Un agente de la Guardia Civil y una secretaria judicial simularon ser una pareja residente en un edificio de viviendas para poder salir sin ser reconocidos

Un agente de la Guardia Civil y una secretaria judicial simularon ser una pareja residente en un edificio de viviendas para poder salir sin ser reconocidos del registro de la vivienda del exsecretario de Patrimonio de la Generalitat Francesc Sutrias el 20 de septiembre de 2017, debido a la cantidad de personas concentradas en el exterior.

Así lo ha relatado este jueves el propio agente del Instituto Armado durante su declaración en calidad de testigo en el juicio a los golpistas, donde a preguntas del fiscal Jaime Moreno ha explicado su experiencia en los registros que se produjeron ese día en varias sedes oficiales de la Generalitat y domicilios de exdirigentes como Sutrias.

Según el guardia civil, el registro en la vivienda del exsecretario de Patrimonio comenzó antes del amanecer del 20-S y a esa hora aún no había nadie en las inmediaciones, pero a lo largo de la mañana se fueron concentrando personas hasta llegar a varias decenas, aunque estaban «en actitud pacífica». Aún así, el equipo de la comisión judicial contactó con sus superiores para informar de la situación y solicitar apoyo para poder salir.

Aunque en el exterior había efectivos de la Guardia Urbana y de los Mossos de Esquadra, pasadas las dos de la tarde decidieron empezar a salir por tandas. «Hablando con el jefe del dispositivo de seguridad para ver cómo organizábamos la salida, decidimos que la secretaria y yo saliéramos como inquilinos del bloque, como pareja. Hacernos pasar por unos vecinos», ha contado el agente.

Un joven les siguió y les grabó

De este modo, ha continuado, ninguna persona de las concentradas les identificó como participantes en el registro del domicilio de Sutrias, por lo que salieron del portal y se fueron andando hasta un coche que el agente había aparcado a unos 300 metros de allí. Sí que ha destacado que un joven les «siguió» y les «estuvo grabando», pero el testigo no cree que les relacionase con la comisión judicial.

Este agente de la Benemérita -que como sus predecesores ha comparecido sin ser enfocado por las cámaras- ha asegurado que los Mossos hicieron «un buen trabajo» en la concentración de la vivienda de Sutrias, lo que permitió que el resto de miembros de la comisión judicial pudiesen salir de allí «escalonadamente». Tampoco escuchó insultos ni que «la gente estuviese excitada en exceso como había pasado en otros sitios».

Por la tarde, el guardia civil también participó en el registro del despacho de Sutrias. Allí sí que vio más gente concentrada, «unas 200 personas» que proferían gritos e insultos, aunque ha manifestado que la operación judicial se llevó a cabo de forma «normal».

Asimismo, ha explicado que cuando llegó fue directamente al aparcamiento del edificio para poder estacionar el coche. El fiscal ha querido saber si lo hizo advertido por sus compañeros por motivos de seguridad, a lo que ha contestado afirmativamente, si bien inmediatamente después el agente ha remarcado que tampoco había otro lugar para dejar el vehículo, ya que la Secretaría de Patrimonio se encuentra en una zona de Barcelona donde «no hay sitio para aparcar».

Diferentes versiones

A diferencia de este agente, cuyo testimonio no ha denotado que viviera momentos de tensión aquel 20 de septiembre, el cabo que ha declarado con anterioridad sí ha explicado que la salida del despacho de Sutrias fue algo atropellada, ya que algunos concentrados se percataron de que en el coche que salía del aparcamiento iban miembros de la comitiva judicial.

«En principio no se dieron cuenta, pero alguno después golpeó en el capó; pero más allá de eso, nada más. Miraban dentro del coche. Naturalmente íbamos lo más discretos posible», sobre todo después de que la secretaria judicial de ese registro les relatara lo ocurrido en la Consejería de Exteriores, donde sí que hubo agresiones a varios agentes, ha subrayado.

El ex Gobierno catalán buscó 11.000 millones en China para financiar la República

El cabo de la Guardia Civil con cuyo testimonio ha arrancado este jueves el juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo ha apuntado la incautación al exsecretario de Hacienda de Generalitat, Josep Lluis Salvadó, de diversa documentación que apuntaba la preocupación de los golpistas por conseguir financiación para sostener su futura república, entre los que ha destacado un ‘e-mail’ en el que se apuntaba la necesidad de buscar unos 11.000 millones de euros en China.

Según este testigo, al que se encomendó la búsqueda de facturas que demostraran la comisión de un posible delito de malversación, del análisis de la documentación incautada pudo inferir una preocupación de los líderes separatistas por conseguir unos 4.500 millones de euros que se calcularon como imprescindibles para mantener la independencia en el ‘impasse’ que iba a producirse entre la declaración unilateral de independencia y la puesta en marcha de una Agencia Tributaria propia.

En relación con esos 4.500 millones euros, el agente del Instituto Armado ha señalado que según los documentos analizados ya se había cerrado un plan para empezar a cobrar los impuestos del sector público catalán, lo que se lograría mediante la firma de convenios con todas las entidades para que empezaran a liquidar a la agencia tributaria catalana.

A partir de ahí, y según un correo electrónico sin remitente encontrado en un ‘pen drive’ incautado a Salvadó, era también necesario conseguir 11.000 millones de financiación en China, a los que se sumaban otros 6.000 millones procedentes de los Ayuntamientos y otros 1.300 millones de ingresos propios. Todas estas cantidades -que suman más de 22.000 millones de euros- serían necesarios para el mantenimiento económico de la futura república.

Factura de 240.000 de IBM

Todos estos planes ya habían generado gasto, ya que se precisaban aplicaciones informáticas que comenzaban a implementarse y que se encargaron a IBM. «Le solicitamos la factura y nos la enviaron, por un total de 240.000 euros», ha señalado el testigo a preguntas del fiscal Jaime Moreno, que se interesó durante el interrogatorio por la existencia de indicios que permiten sustentar el delito de malversación que pesa sobre la mayoría de encausados.

El análisis documental también permitía deducir, según este testigo, un reparto de papeles entre el entonces secretario de Hacienda y actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que según el cabo se encargaría de la financiación en el exterior y del futuro Banco Central de Cataluña; y Salvadó, sobre quien recaería la gestión de impuestos.

Viaje de Aragonés a Eslovenia

En la documentación incautada a Salvadó también se hallaron otras referencias a los viajes realizados por altos cargos de la Generalitat, entre ellos el actual vicepresidente catalán, Pere Aragonés, para informarse en torno a la construcción y diseño de estructuras de Estado de cara a una hipotética Cataluña independiente.

El cabo de la Guardia Civil ha resaltado uno en concreto a Eslovenia en enero de 2017 y en las referencias encontradas se hablaba de la independencia de ese país haciendo una comparativa con la situación catalana, aunque no de forma «exacta», ya que se recordaba que «Eslovenia hizo frente al Ejército yugoslavo», pero se destacaban que «Yugoslavia era una federación en colapso y España era un país más poderoso».

Los Mossos planificaron la salida del registro de Unipost por una ‘ratonera’

Un guardia civil que participó en el registro de la sede Unipost en Terrasa (Barcelona) ha responsabilizado este jueves a los Mossos de Esquadra de planificar la salida de dicha empresa por una «calle que era una ratonera», donde se aglomeraron centenares de personas cuyas caras eran el «reflejo del odio».

Este suboficial mayor, el tercer testigo de la sesión de este jueves en el juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo, ha contado a preguntas del fiscal Jaime Moreno, que el registro de esta empresa el 19 de septiembre de 2017, en la que se incautaron 15.000 cartas certificadas dirigidas a futuros miembros de mesa para el referéndum del 1 de octubre, se practicó con normalidad.

Ha relatado que a lo largo de esa mañana se fueron concentrado manifestantes en el cruce de la calle donde se localiza esta empresa, llegando a reunirse «unas 500 personas», a los que se les escuchaban cantar y gritar. También se sentaron en el suelo y posaron con una urna de cartón, reivindicando la celebración de un referéndum.

Insultados y zarandeados

El primer problema ocurrió por la tarde cuando su superior fue a recoger al letrado de la Administración de Justicia para proceder a la intervención de los sobres encontrados y poder comprobar que el contenido estaba relacionado con el 1-O. Según ha dicho, su jefe y el secretario judicial tardaron más de dos horas en llegar hasta la zona de carga de Unipost y ha recordado que le contaron que ambos fueron fotografiados, insultados y zarandeados.

El jefe de esta operación ya declaró hace dos días ante el tribunal y narró las dificultades para acceder. Además se refirió a los manifestantes como «personas sobreexcitadas».

‘Sorpresa’ al entrar en una calle ‘estrecha y en obras’

El suboficial mayor ha explicado que debido a este incidente y a la preocupación de ver la cantidad de personas congregadas, la comisión judicial pidió al equipo de seguridad, formado por una veintena de personas de Mossos y Policía local, que planificase la forma de salir allí cuando acabase el registro. Ha añadido que vieron «unas maniobras» del cuerpo autonómico para dejar la calle libre hacia la zona donde menos gente había.

«Nuestra sorpresa fue que en vez de seguir recto, giramos la siguiente calle a la izquierda» y que les metieron por una «ratonera» porque era «estrecha y estaba en obras», ha relatado. El testigo ha continuado explicando que en esa vía había elementos «susceptibles de impedir la marcha» de los vehículos policiales porque había vallas, escombros y zanjas, cuyas tapas fueron quitadas por los manifestantes para que los coches «cayeran en ellas».

«¿Quiénes les metieron?», ha insistido el fiscal, a lo que el testigo ha contestado: «Es un dispositivo que prepararon los Mossos», añadiendo que no es «un especialista en control de masas», pero aquello le pareció «inaudito». En su opinión, era «más sencillo» haber seguido hacia dónde no había nadie.