JUICIO A LOS GOLPISTAS

Turull pidió a Junqueras una aportación de 3,43 millones para una campaña de ‘civismo’

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Un guardia civil ha afirmado este miércoles en el juicio a los golpistas que se está celebrando en el Tribunal Supremo que entre los correos electrónicos analizados del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez se encontraron «hasta cuatro convocatorias» que le envió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, entre 2016 y septiembre de 2017, para que se reuniera con él junto a otras personas.

Así lo ha dicho este agente que ha declarado como testigo en la vista oral, donde ha explicado que analizó unos 3.000 correos que se encontraban en la cuenta de la Presidencia de la ANC. Según ha precisado, 2.500 eran recibidos y los restantes eran enviados, algunos de ellos reenviados a la cuenta personal de Sànchez y que finalmente seleccionó más de 30 mensajes que tuvieran relación con «movilizaciones, reuniones, económicos, algo que tuviera que ver con fraude o malversación o de interés para la investigación».

A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, el guardia civil ha asegurado que en este buzón se encontraron mensajes remitidos por Puigdemont en el que se convocaba a Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y cree recordar que también a los exconsejeros de Interior y Exteriores, Joaquim Forn y Raül Romeva, respectivamente, y a la expresidenta de Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. Posteriormente ha reconocido que no recuerda bien las personas citadas, de tal modo que a preguntas de Javier Melero, abogado de Forn, ha llegado a disculparse por si se ha equivocado mencionando a quienes pudieron asistir a estos encuentros.

Ya a preguntas del abogado Jordi Pina, que defiende a Sànchez, el testigo ha señalado que la convocatoria de junio de 2016 iba con una carta adjunta, pero no ha concretado si ésta iba dirigida a más de 80 personas y entidades, tal y como ha apuntado el letrado. Así, sobre la citación que tuvo lugar el 7 de septiembre de 2017, ha dicho que no sabe si la reunión finalmente se celebró ni tampoco el motivo de la misma, sólo que se ofreció el 13 o 14 de ese mes para realizar el encuentro.

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Por otro lado, el agente ha afirmado que Sànchez sí envió un correo referido a estas reuniones, concretamente a otros cargos de la ANC las reuniones. En ellos avisaba de las precauciones y «seguridad extraordinaria» que se debía tener, debido al «momento político» que se estaba viviendo, ha dicho.

Análisis de tres páginas web

El mismo agente, perteneciente a la unidad en Cataluña contra la delincuencia económica de la Guardia Civil, ha relatado también, a preguntas de Fiscalía, el análisis que realizó de diferentes páginas webs relacionadas con la convocatoria de referéndum. En concreto, ha mencionado tres: ‘pactenacionalpelreferendum.cat’, ‘referendum.cat’, y ‘cridaperlademocracia.cat’.

Sobre la primera, ha explicado que la creó un informático llamado Ibon Orrantia pero en enero de 2017 pasó a ser de titularidad del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y un mes después el dueño del dominio ya era la entidad soberanista Òmnium Cultural. En cuanto a la segunda, ha explicado que se creó en 2006 pero estuvo inactiva hasta el 7 de septiembre de 2017, cuando se volvió a poner en marcha con motivo de la convocatoria del 1-O.

Entre sus contenidos, ha destacado el anuncio conocido como de ‘las vías del tren’ y ha asegurado que no había lugar a dudas de que se trataba de una web «oficial de la Generalitat» por los logos de la administración que aparecían. Además, «todos los enlaces iban a diferentes dominios de la Generalitat», ha apuntado.

Sobre ‘cridaperlademocracia.cat’, la cual fue clausurada por la Guardia Civil el 27 de septiembre de 2017, el testigo ha indicado que hizo un análisis del enlace de la página web que servía para adherirse a un grupo de whatsapp a los usuarios que se habían apuntado con el objetivo de «estar pendientes de todo». El titular de este grupo era Oleguer Serra, director de Òmnium.

Llamadas a ‘defender las escuelas’

Según ha manifestado el guardia civil, entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre se enviaron numerosos mensajes de whatsapp a través de ese grupo. En septiembre, para «llamar a la movilización» allí donde se estaban haciendo registros judiciales, haciendo ver a los usuarios que «la Guardia Civil estaba atacando» a las instituciones catalanas.

Los dos días previos al referéndum, ha explicado, también movilizaron a través del grupo para que la gente acudiera a los centros de votación para llegar de madrugada y así evitar que los Mossos pudieran cerrarlos a primera hora de la mañana del 1-O. «Vamos a defender las escuelas», ha dicho el agente que informaban desde el grupo de whatsapp, donde también se hablaba de «hacer barreras» para impedir la entrada de las fuerzas de seguridad.

Durante el día 1, ese grupo fue revelando noticias que se iban sucediendo, como la clausura de páginas web para registrar la votación o el censo universal, al tiempo que llamaba a que «no se marchara nadie» aunque ya hubiesen votado para seguir impidiendo el paso a las fuerzas de seguridad y así «poder hacer el recuento» al final de la jornada.

Antes de este testigo han comparecido otros dos guardias civiles que analizaron los correos electrónicos de la Presidencia de Ómniun Cultural y cuatro emails del líder de esta entidad. En este caso concreto, los agentes han dicho que todos ellos fueron localizados en la bandeja de entrada, aunque no se ha podido determinado los remitentes.

Correos de Junqueras y Mundó

La sesión de este miércoles la ha cerrado el agente de la Guardia Civil que analizó correos electrónicos de los servidores de exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero de Justicia Carles Mundó. Ha señalado que tras analizar su cuenta de correo de Vicepresidencia y también la personal, sólo seleccionó cinco correos del primero de los servidores como interesantes para la investigación.

En uno de ellos se emplazaba a Junqueras, junto a su número dos Josep Maria Jové y otras personas para una reunión de la «comisión interdepartamental para el desarrollo del autogobierno».

En otros tres correos se reproducía una carta remitida al exvicepresidente por el exconsejero de Presidencia Jordi Turull, que le solicitaba una aportación de 3.430.000 euros para la campaña en prensa denominada ‘Civisme’, que según la instrucción se utilizó para llamar a los ciudadanos a votar el 1-O.

Repreguntado por el fiscal Javier Zaragoza sobre este asunto en particular, el testigo –que al igual que todos los agentes de la guardia civil que han comparecido desde el martes ha evitado que su imagen se emita por la señal de televisión– ha aludido a una carta posterior que vinculaba la petición económica de Turull con los fondos de contingencia, si bien no figura correo de Junqueras aceptando esta transferencia en concreto.

En cuanto a los correos de Mundó analizados, el agente ha resumido que tenían que ver con inquietudes de los jueces decanos sobre la seguridad de sus órganos judiciales durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Ante sus peticiones se les respondió con evasivas, a través de la secretaria de relaciones con la Administración de Justicia, Patricia Gomà, según este testigo, en el sentido de considerar las medidas adoptadas como suficientes y que «si tuviesen problemas debían llamar a emergencias».

Un guardia civil sitúa a Torra en la nave donde se guardaban las papeletas del 1-O

Un brigada de la Guardia Civil ha revelado que el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero recibió un correo electrónico en el que un subordinado le informaba de una reunión en la que la Generalitat expuso un plan para que en una futura república catalana la policía autonómica tuviera «competencias plenas», entre las que destacaba el «control de aduanas» y la «investigación de blanqueo para evitar la evasión fiscal de Cataluña».

Así lo ha relatado el agente a preguntas de Fiscalía, acusación popular y defensa del exconsejero Joaquim Forn, ya que formó parte del equipo de análisis de las cuentas de correo tanto de Trapero como del propio Forn. Sin embargo, ha asegurado que en los e-mails del exresponsable de Interior no aparece nada relacionado con esta reunión o este plan para los Mossos.

Según ha explicado el guardia civil, que ha declarado sin que su imagen haya sido captada por la señal institucional del tribunal para proteger su intimidad, Trapero recibió en julio de 2017 un e-mail del comisario Rafael Comes, entonces jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, en el que éste indicaba que había asistido a una reunión a la que estaban también, entre otros, el ex secretario general de Interior César Puig y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.

En ese correo, Comes explicaba a su jefe que en el encuentro se habían expuesto «dos escenarios, uno presente del cual no hacía mención, y uno futuro donde se había planteado la asunción de competencias plenas» para los Mossos. El propio Comes explicaba también a Trapero que el asunto sobre las «competencias plenas» de los Mossos había excedido el tema por el que se había convocado la reunión, y aseguraba que César Puig lo había hecho constar a Salvadó.

Los Mossos en las Estructuras de Estado

El guardia civil ha remarcado durante su testimonio que este es el único e-mail que se intervino al mayor en el que se hablaba de algo relacionado con las estructuras de Estado que quería construir la Generalitat.

La referencia a esas estructuras, ha señalado el testigo, también apareció en la documentación incautada al propio Salvadó, que data de 2015 y en la que ya se exponían «los pasos a seguir para llegar a tener un Estado propio». El apartado relativo a los Mossos d’Esquadra les otorga un «papel muy importante» en materia de «defensa», además de las áreas de «ciberseguridad e inteligencia».

En cuanto a la documentación intervenida al que fuera número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, el guardia civil ha hablado de la ya famosa agenda Moleskine y el documento Enfocats, que ha definido como una «hoja de ruta perfectamente definida que se fue concretando con hechos».

«Y ahí vuelven a aparecer los Mossos», ha indicado el testigo, que ha hecho referencia a una reunión que aparece en la agenda de Jové en la que participaron el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, la dirigente de ERC Marta Rovira –actualmente fugada de la justicia– y el exconseller Raül Romeva.

En dicho encuentro, ha explicado el agente, se manifestó que «el Estado español no estaba respondiendo a los requerimientos» de la Generalitat y se optó por la «vía unilateral», para lo cual había que atender a «tres aspectos fundamentales: la intervención general, la administración local y el papel de los Mossos».

Ninguna de las partes ha podido preguntar nada más allá de esto, ya que tras las protestas de algunas defensas, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha hecho constar que cualquier apunte que consista en analizar y exponer conclusiones sobre análisis de las investigaciones corresponde a la siguiente fase del juicio, la pericial, y no a la de testigos.

Unidad de acción entre Govern y Mossos

Otro testigo, un comandante de la Guardia Civil que analizó los correos electrónicos del exconsejero Joaquim Forn en las jornadas cercanas al 1-O, ha apuntado este miércoles la existencia de un mensaje en el que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, informaba al exmiembro del Govern de cuáles deberían ser los principios de actuación de la policía autonómica en los colegios en respuesta a los requerimientos de la Fiscalía.

En respuesta al interrogatorio del fiscal Fidel Cadena este testigo ha señalado que del análisis del citado correo se infiere la existencia de una «unidad de acción» entre el responsable político y el mayor de los Mossos. Se trataba de un mensaje con comentarios de Trapero a la instrucción de la Fiscalía donde también se hacía referencia a una entrevista ofrecida por el entonces fiscal general del Estado José Manuel Maza en Antena 3, en la que éste mencionaba las posibles consecuencias de una actuación en los centros en el caso de que se produjeran problemas de orden público.

El correo, que según este testigo es el primero analizado de Forn donde se hacía mención a la necesidad de preservar la convivencia ciudadana en la jornada del referéndum ilegal, añadía un sugerencia sobre la eximente de responsabilidad criminal que establece el artículo 20.5 del Código Penal, en el sentido de que las actuaciones policiales debían evitar causar un mal mayor al que se pretendía evitar.

Estos mismos argumentos, según ha apuntado el agente, fueron utilizadas al día siguiente en la respuesta que los Mossos dirigieron a la Fiscalía y posteriormente aparecieron en las actas de las Juntas de Seguridad previas al 1-O y en distintas comparecencias públicas de responsables de la Generalitat. Posteriormente, a preguntas del abogado de Forn, Javier Melero, el testigo ha reconocido que no constaba respuesta de Forn a este correo concreto de Trapero.

Sitúan a Torra en una nave con papeletas del 1-O

Un guardia civil ha situado este miércoles en el juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo al presidente de la Generalitat, Quim Torra en las inmediaciones de una nave en Bigues i Riells (Barcelona), donde se guardaban casi 10 millones de papeletas, en días previos a su intervención el 20 de septiembre de 2017.

Así lo ha dicho un brigada del Instituto Armado -a quien no se le ha enfocado la cara para evitar que su imagen se difunda públicamente- que ha declarado como testigo en la vista oral y que ha explicado que en los días previos a su entrada y registros estuvieron vigilando la zona y vieron que «distintas personas» entraban en dicha nave. Entre ellas, ha identificado a Torra; a diputados de Tarragona, así como a los que fueran responsables de Patrimonio y de Proyectos Organizativos y Territoriales de Vicepresidencia, Francesc Sutrías y Mercedes Martínez Martos, respectivamente, estos dos últimos investigados por los preparativos del 1-O.

Esta nave fue investigada en el marco de la cuarentena de registros que se realizó el 20 de septiembre de 2017, ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización y preparación del 1-O. El dueño, Paul Furriol, fue uno de los detenidos ese día, y en ella se encontraron casi 10 millones de papeletas y 6.000 sobres para el referéndum ilegal

La décimo novena sesión se ha reanudado con la declaración de este guardia civil que, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, también ha narrado las «tres horas» que tardó su equipo en salir de esta nave donde, debido a que centenares de personas concentradas bloquearon las calles para impedir que se llevaran este material.

Según ha contado, el registro comenzó a las 9.00 horas y se realizó con total normalidad, aunque empezó a sospechar que podía haber problemas para salir de allí en el transcurso de la mañana, cuando le informaron de la llegada de manifestantes con «carteles a favor del referéndum», que vociferaban: «votaremos» o «dadnos las papeletas». El número de concentrados aumentó hasta las «200 o 300 personas», ha añadido, y entre ellos se detectó a una persona que dio consignas para impedir la salida de los furgones policiales.

Ambiente hostil

El testigo ha relatado que el registro concluyó sobre las 14.00 horas y que los ocho furgones «cargados hasta arriba» con el material incautado tuvieron dificultades para poder abandonar la zona, una vez que traspasaron los cordones policiales.

Al menos en tres ocasiones los manifestantes interrumpieron su circulación sentándose en el suelo, lanzado «latas de coca-cola o botellas de plástico llenas», golpeando los vehículos o se abalanzándose a ellos, ha contado. Ha recordado que incluso dos personas «de unos 60 años» participaron en estos actos y que un joven «simuló un atropello». «El ambiente era hostil», ha subrayado el guardia civil.

Por otro lado, el fiscal le ha preguntado sobre la función de los Mossos de Esquadra, a lo que el testigo ha explicado que «a mitad de mañana», tres agentes de paisano se acercaron para interesarse por lo ocurrido y preguntaron si necesitaban ayuda. Ha dicho que no es hasta al mediodía, cuando ya se están produciendo incidentes con las furgonetas de la Guardia Civil, cuando se solicita ese auxilio.

Tras esta petición, una patrulla de la policía autonómica llega a las 16.00 horas y «directamente se dirigen a este joven que parecía que organizaba el acto de bloqueo de salida» y consiguen que este organizador comience a «abrir un pasillo» para que los vehículos comenzasen a circular, ha recordado.

Bassa envió a CCOO un mail sobre los derechos de los trabajadores para que votaran el 1-O

La exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa -en prisión provisional y para quien se piden 16 años de cárcel por rebelión y malversación- remitió antes del 1-O un correo electrónico al secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, informándole de los derechos que tenían los trabajadores en la citada jornada para ausentarse de su puesto de trabajo y ejercer su derecho al voto. Se adjuntaba a esta información la suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) Ley de Referéndum y el acuerdo del Govern que autorizaba a los departamentos a hacer contrataciones de cara al referéndum de independencia.

Así lo han señalado este miércoles, durante su comparecencia como testigos, dos de los agentes de la Guardia Civil que se encargaron de analizar estos correos. Uno de ellos ha precisado que el añadido de las normas legales tenía como finalidad «dar validez jurídica» a la comunicación.

Los dos testigos también han mencionado, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, otro correo remitido a Bassa por el alto cargo de su departamento Josep Ginesta, en septiembre de 2017, en el que éste le remitía el citado acuerdo sobre autorización del gasto para el referéndum. En la parte final se detallaban aspectos sobre publicidad, contratación de páginas web, compra de urnas, boletos, censo o voto en el extranjero, apuntando que la asunción de los compromisos económicos se haría de forma solidaria.

Posteriormente, preguntado por el abogado de Bassa, Mariano Bergés, uno de los agentes ha indicado que el volcado digital de los correos de Bassa, entre 1.000 y 1.500, se les facilitó en papel, y de ellos se hizo una selección sobre aquellos que podrían tener relación con la causa.

Salida de la Consejería

En relación con el registro, este último testigo ha relatado que él participó en el realizado el 20 de septiembre de 2017 en el departamento de Bassa, donde se entró por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en los despachos de tres altos funcionarios: David Palanqués, Josep Ginesta y David Franco.

En el de Ginesta, según ha precisado, se encontró diversa documentación en la que había «un proyecto de independencia, de estado social para todos, de implementación del voto telemático en el extranjero» y otras medidas que no ha podido precisar.

El agente ha narrado que ya dentro de la consejería, al tiempo que realizaban el registro, los empleados fueron empapelando las paredes, e incluso los ascensores, de panfletos con la consigna «votaremos», en catalán. También se fueron concentrando personas a las puertas de la Consejería, muchas de ellas funcionarios que abandonaban su puesto de trabajo y que llegaron a ser unas 300.

Como el ambiente se iba crispando, según este testigo, alguien de la Consejería propuso que sacaran a Ginesta detenido por una «ruta alternativa» a la puerta principal, aprovechando que el aparcamiento de la Consejería se compartía con el de un edificio colindante. «Por ahí salimos y evitamos el conflicto», ha concluido.