NO PODRÁ OSTENTAR CARGO PÚBLICO

El Constitucional avala la suspensión de Puigdemont como cargo público

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado no suspender la decisión que tomó en julio de 2018 el Tribunal Supremo que impide desde entonces al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ostentar un cargo público, de modo que no podrá ejercer estas funciones hasta que se dicte sentencia.

Puigdemont presentó un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra el auto del instructor del Supremo Pablo Llarena que el 9 de julio de 2018 acordó suspenderle de funciones y cargos públicos, alegando que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales.

Más tarde, promovió un escrito en el que solicitó que con carácter urgente, se suspendiera el auto de Llarena cautelarmente, pero el Pleno del Constitucional rechazó el 15 de enero la iniciativa y ordenó abrir la pieza de suspensión que ahora, tras estudiar nuevas alegaciones, queda resuelta.

«El Pleno no aprecia la urgencia excepcional a la que se refiere la ley, que justificaría su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la misma procede formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectúen alegaciones respecto a dicha petición», acordó.

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Atendidas las alegaciones de la defensa de Puigdemont y la Fiscalía, concluye que no ha lugar a suspender la decisión de Llarena porque lo contrario, «equivaldría a anticipar un eventual fallo estimatorio del recurso de amparo y supondría inaplicar temporalmente una norma de rango legal, el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal», en el que se basó el instructor. La pieza separada queda así ya resuelta.

La sentencia examinará el fondo

El auto del Constitucional responde además a una de las alegaciones de Puigdemont sobre la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto y concluye que el caso que expone como paradigma «excede manifiestamente del objeto propio de un incidente de suspensión».

«Sólo al pronunciar la decisión de fondo, en forma de Sentencia, habremos de examinar el ajuste de las resoluciones judiciales impugnadas a las exigencias propias del art. 23 CE, teniendo en consideración en ese momento, de acuerdo con el art. 10.2 CE, los requisitos establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que una privación cautelar de libertad afecte de forma legítima al ejercicio de un cargo público representativo», dispone.

De este modo, establece que será «la sentencia que llegue en su caso a resolver el fondo del recurso, la que deberá aquilatar la posible traslación de esta jurisprudencia del TEDH al caso particular» de Puigdemont.

También rechaza los recursos de Rull y Turull

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad rechazar la suspensión del juicio a los golpistas encausados Jordi Turull y Josep Rull alegando «falta de imparcialidad» de los magistrados que integran el tribunal enjuiciador, porque se basan en un perjuicio » futuro e hipotético», el del «hecho incierto» de acabar siendo condenados injustamente.

Rull y Turull presentaron un recurso de amparo en septiembre de 2018 contra el Auto de la Sala Especial del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo que rechazaba las recusaciones de cuatro magistrados de la Sala de lo Penal que ambos habían planteado.

Pedían que se suspendiera la tramitación de la causa para evitar los graves perjuicios que podrían derivarse en caso de que se celebrase juicio oral con cuatro magistrados que en su opinión, podían vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva.

Para el Constitucional, este argumento entra en contradicción con la jurisprudencia porque «el perjuicio alegado es futuro e hipotético, ya que se fundamenta en un hecho incierto, como es un pronunciamiento condenatorio» en un juicio y con una sentencia que a posteriori resultasen nulos por parcialidad de los cuatro magistrados.

«El perjuicio para que sea irreparable (el daño) debe ser real y actual, sin que sea posible alegar un daño futuro o hipotético o un simple temor», dice el tribunal de garantías, recordando así su jurisprudencia al respecto. Rechaza por tanto la pretensión.