JUICIO A LOS GOLPISTAS

La secretaria judicial reproduce los gritos del 20S: ‘No saldrán, no pasarán’

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La letrada del Juzgado ha narrado los detalles de su estrambótica salida del edificio por los tejados y un teatro aledaños. Ha manifestado que «tuve miedo, como cualquier ser humano» ante la insólita situación.

Tras el testimonio de Pérez de los Cobos le ha tocado el turno a la secretaria judicial, Monserrat del Toro, que lideró la comitiva judicial que el 20 de septiembre de 2017 registró la sede de la Consejería de Economía. Ha indicado que fue imposible salir de la sede debido al tumulto que había a las puertas y ha subrayado que una mosso »se apiadó» de la comitiva y les tuvo que llevar un bocadillo para que comiesen.

Ha relatado que las concentraciones de protesta frente al edificio comenzaron a primera hora, poco después de llegar la comitiva judicial y que ya a las 11.30 horas los manifestantes se hicieron con megáfonos y fue entonces cuando escuchó proclamas, siempre en catalán, que decían «no saldrán», «no pasarán» y «votaremos».

En respuesta a preguntas del fiscal Javier Zaragoza durante su testimonio en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, Del Toro ha contado que llegaron a la consejería a las ocho en punto de la mañana y que casi desde primera hora comenzaron a concentrarse grupos de personas en el exterior.

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Ya a las diez de la mañana, ha explicado, se oía «muchísimo ruido por la concentración que había fuera» porque a esa hora la concentración era ya de «miles de personas». «Fue un murmullo constante durante todo el día», ha apuntado, pero no entendía lo que decía la mayoría de la gente, sólo lo que se proclamaba por los megáfonos.

Según la letrada, junto a ella ese día había una decena de guardias civiles en calidad de policía judicial para poder acometer el registro de los despachos indicados en el auto del magistrado del Juzgado de Instrucción número 13, José Antonio Ramírez Sunyer –ya fallecido–, que eran los despachos del que fuera número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras, Josep María Jové; de la exdirectora de Servicio de la Generalitat Natalia Garriga; de la funcionaria técnica de proyectos territoriales Mercedes Martínez Martos; y de la oficina de procesos electorales.

Del Toro ha explicado que tardaron algo más de una hora en poder acceder a los despachos, ya que el conserje del edificio no contactó con ningún responsable que les indicara dónde estaban. Mientras esperaban en la planta baja para localizar a alguien, entró en la consejería la intendente de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana, que intercambió unas palabras con un teniente de la Guardia Civil que iba con la comitiva judicial.

Según la secretaria judicial, no pudo escuchar esa conversación, pero vio cómo el teniente la miró mientras negaba con la cabeza. El guardia civil le dijo después que Laplana le había comunicado que no veía necesario establecer un cordón policial de mossos alrededor de la consejería porque consideró que «no tenía por qué producirse ningún altercado».

Pidió un helicóptero

En otro momento de su declaración, Del Toro ha revelado que ya por la noche, pasadas las nueve, subió a la azotea del edificio y comprobó la multitud en la calle, que estaba «difícilmente transitable», pero también que la posibilidad de enviar un helicóptero para recoger a la comitiva judicial, una petición que había hecho ella misma, no iba a resultar posible por la cantidad de antenas que hay en el tejado.

Desde la azotea tomó fotografías de la multitud, con el objetivo de incorporarlas a su informe para dar cuenta al magistrado, y vio que la concentración llegaba hasta la Plaza de Cataluña, es decir, a «centenares de metros» del edificio y que también se extendía por calles adyacentes.

»Veo que hay gente que entra y sale, pero observo que esa gente exhibe un carné, yo lo veo azul. Veo como lo exhiben y les dejan entrar», ha comentado, diciendo que las personas que controlaban las entradas y salidas eran civiles, y no agentes de la Ley.

‘Tuve miedo’

La letrada del Juzgado ha narrado los detalles de su estrambótica salida del edificio por los tejados y un teatro aledaños. Ha manifestado que «tuve miedo, como cualquier ser humano» ante la insólita situación. La alternativa, ideada por la imposibilidad de que saliera por la puerta, surgió después de hacer una llamada al titular del juzgado pasadas las diez de la noche: »Me tienes que sacar de aquí, no hay salida».

De forma prolija, y a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, la letrada judicial ha relatado ante la sala cómo, acompañada de mandos de los Mossos d’Esquadra de paisano, tuvo que utilizar una azotea, ser ayudada para escalar un muro, descolgarse por el otro lado y llegar así al Teatro Coliseum, donde tras esperar en camerinos a que el propietario lo permitiera -le dijeron que se había arrepentido de su ofrecimiento inicial-, salió del edifico cuando el público de la función ya no estaba, corriendo «con mucho disimulo» hasta un coche sin distintivos policiales.

El relato de la letrada de administración de justicia, que sigue ocupando su cargo en el Juzgado que investiga la organización del referéndum ilegal del 1-O, se ha detenido especialmente en el dispositivo que hubo de articularse a partir de las diez de la noche para habilitar una salida para la comisión judicial, que no veía el modo de abandonar el edificio pese a que los registros en los despachos concluyeron a las 20.40, cuando Toro terminó de redactar el acta.

Tras comprobar desde la azotea el «mar de gente» que se extendía varios centenares de metros, hasta la Plaza de Cataluña, y bajar luego a la entrada de la Consejería y ver que la multitud «se aplastaba» contra el cristal del vestíbulo, el teniente de la Guardia Civil que la acompañaba le ofreció a Toro tres opciones para salir por la puerta.

No aceptó ninguna de las tres por tratarse de opciones que suponían hacerlo sin el resto de la comitiva judicial y porque no le ofrecían una seguridad «aceptable».

La primera consistía en salir sin más, acompañada de mossos hasta «la boca de Metro más cercana», lo que consideró inadmisible; mientras que la segunda consistía en un «pasillo de civiles», lo que también rechazó porque no se le garantizaba «ningún tipo de seguridad» para su integridad física.

La tercera ofrecía también un pasillo desde la puerta, custodiado por agentes antidisturbios de la policía autonómica, a lo que también rehusó porque no garantizaba la seguridad de los efectos del registro que ella portaba y consideró además que no era aceptable «ni como persona ni como profesional».

Así salió del recinto

Después conoció, según ha manifestado, que Ramírez Sunyer se puso en contacto con el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, a quien exigió que pusieran todos los medios para permitir la salida de Toro. Rato después comparecieron dos mandos de este cuerpo que le ofrecieron –con «apenas un minuto» para pensarlo– salir por el teatro contiguo para aprovechar el final de una función y mezclarse con el público.

Preguntada en otro momento de la comparecencia si debía proteger las actas, Toro ha manifestado que estaba obligada a ello, y que los documentos eran el fruto del trabajo de diecisiete horas de registro, por lo estaba decidida a que no se perdiera. «Alguien me sugirió que dejara el material allí, a lo cual me negué, dije que vendrían conmigo pasara lo que pasara –ha añadido-. Coloqué la carpeta dentro del bolso que era muy grande y pude disimularlos».

Toro ha relatado también de forma muy concreta las dificultades de esta opción alternativa, que se concretó por la salida a una azotea interna —llena de cables y máquinas de aire acondicionado, según ha precisado— que desde la segunda planta de la Consejería daba acceso al terrado del teatro contiguo. En todo momento le pidieron que caminara ocultándose de la gente que había asomada a los edificios de enfrente, para que no pudieran hacerla fotos, y llegaron a un muro que separaba las dos azoteas.

«Era un murete de un metro y yo eso no lo puedo saltar», ha indicado seguidamente, aludiendo a que no es una persona de mucha estatura, y por ello le tuvieron que ayudar a escalarlo. Más adelante, y a preguntas de la defensora del líder de Ómnium Jordi Cuixart, Marina Roig, Toro ha detallado este momento asegurando que para poder subirlo tuvo que utilizar como escalera la rodilla de uno de los mossos que la ayudaban y descolgarse por el otro lado, ya que el suelo de la parte del teatro se situaba en un nivel más bajo.

Una vez en el teatro, la funcionaria tuvo que esperar durante una media hora en unos camerinos porque, según le manifestaron, el responsable del teatro «se había arrepentido» y ha añadido que aunque no sabía la razón, la entendía. Una vez «convencida» esta persona llegaron a la puerta del teatro, pero a esas horas la función ya había terminado y el público había salido.

«Sólo quedaban los actores y las verjas habían sido echadas», ha seguido relatando la funcionaria, para concluir que finalmente salieron corriendo «con mucho disimulo hasta el primer vehículo no logotipado». Pasaban ya las doce de la noche.

Declara sin ser enfocada

Según ha explicado el presidente del tribunal, la abogada del Estado, Rosa María Seone, ha pedido en representación de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que se le concediese la «misma restricción» que se le hizo valer al secretario general del Parlament Xavier Muro, que testificó este lunes en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

Ni el Ministerio Público, ni la acusación popular VOX se han mostrado contrarios a evitar que su imagen sea enfocada y difundida en los medios de comunicación, justificando esta medida en que «vive en Barcelona», tal y como ha explicado el fiscal Javier Zaragoza.

La única defensa que ha protestado ha sido la del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva que ha indicado que Del Toro es un «testigo muy controvertido» y que si se concede esta medida de protección a todo aquel que lo solicita se va llegar a «desnaturalizar» este derecho. «Si este juicio no estuviese televisado no habría ninguna restricción», ha contestado el magistrado Marchena.

Por otro lado, el abogado Jordi Pina, que ejerce la defensa del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, se ha quejado de la argumentación dada por el fiscal Zaragoza porque, a su juicio, decir que la testigo necesita protección por su lugar de residencia criminaliza a la población de Cataluña.

Declaran los dueños de los hoteles que alojaron a policías

El administrador del Hotel Traver de Figueres (Gerona) ha relatado que a finales del mes de septiembre de 2017 se vieron obligados a desconectar el teléfono ante las numerosas llamadas de «presión» recibidas por parte de personas contrarias al alojamiento de un centenar de policías nacionales en el establecimiento. Habían sido trasladados a la zona ante la convocatoria del 1-O.

Este ciudadano ha declarado sin que su imagen fuera difundida por las cámaras que graban la sesión y ha señalado, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, que pudo ver dos manifestaciones frente al establecimiento que ha calificado de «pacíficas»; una en contra de los agentes por parte de estudiantes y otra de personas a favor de su estancia en el lugar. En todo caso, ha recordado que los propios agentes establecieron un dispositivo de seguridad «para evitar posibles concentraciones» y que lo ocurrido no motivó el desalojo de los agentes alojados.

Previamente había comparecido como testigo el responsable de otro establecimiento, el Hotel Gaudí de Reus (Tarragona), en el que se alojaron guardias civiles destinados a Cataluña en la misma fecha.

Según este testigo hubo muchas concentraciones en las que se gritaron consignas como «fuera policías» y «fuera las fuerzas de ocupación», aunque únicamente de dos de ellas puede decirse que lograran reunir a un número considerable de personas. Ha añadido que los policías se marcharon por su propia voluntad: «Se acabó su reserva y no teníamos más».

Marchena amonesta al abogado de Sànchez

El abogado Andreu Van Den Eyden, defensor entre otros del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras en el juicio en el Tribunal Supremo, ha iniciado este miércoles la sesión con sus preguntas al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, cuya declaración comenzó en la sesión del martes.

Al inicio de la vista el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ha tomado la palabra para apuntar que durante la primera comparecencia de De los Cobos había olvidado realizar al testigo una de las preguntas de rigor que debe hacerse a todos los comparecientes, relativa a si había estado procesado en alguna ocasión.

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«Estuve procesado con sentencia absolutoria» ha contestado el coronel, en alusión al procedimiento por torturas al miembro de ETA Kepa Urra en 1992, en el que sí resultaron condenados tres miembros del Instituto Armado.

Ha comenzado su interrogatorio afirmando que «estaba dedicado al dispositivo de acuerdo con las instrucciones que recibí de la Fiscalía».

El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha amonestado este miércoles a Jordi Pina, abogado de tres de los acusados –Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull–, por acusar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos de tratar de mentir durante su declaración como testigo con respecto a la intervención policial el día del referéndum secesionista del 1 de octubre de 2017.

La comparecencia esta mañana de Pérez de los Cobos, que el magistrado ha calificado a su término de «esencial» tanto para las defensas como para las acusaciones, es continuación de la larga declaración que ya prestó ayer y se ha caracterizado por un tenso ‘rifirrafe’ entre Marchena y Pina debido a la insistencia del segundo en preguntar al testigo por qué entiende por cargas policiales y por las intervenciones que tuvieron lugar el día del referéndum.

¿Quién más declara?

Después será el turno de los testigos ya previstos, empezando por Montserrat del Toro, la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que se vio atrapada el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía de la Generalitat durante un registro y tuvo que utilizar la azotea para salir por un edificio colindante.

A continuación están citados los propietarios de los hoteles Gaudí en Reus y Travé (Figueres-Girona), donde se produjeron numerosos escraches a policías y guardias civiles que allí se alojaron durante el dispositivo especial, y les seguirán el empresario experto en digital Vicente Nos Ripollés y su socio Quim Franquesa Padrós; la diseñadora de la web del referendum Teresa Guix; y los directores de dos agencias de comunicación, Olga Solanas y Ferran Buriel.

Ya por la tarde está prevista la comparecencia de la vicepresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales Nuria Llorach y del director de El Punt Avui, Xavier Virgo, según la providencia emitida por el tribunal.

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