CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno aprueba su Ley educativa, que no será tramitada por el adelanto electoral

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Elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una «materia específica» de los dos cursos de Bachillerato, y suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), también conocida para la ‘Ley Celaá’ y que suponía la principal propuesta en educación del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril impedirá que el texto llegue a prosperar en el Congreso de los Diputados.

«Es un proyecto muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado», ha defendido la ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que al texto se han incorporado aportaciones de las comunidades autónomas «salvo de las gobernadas por el Partido Popular».

Celaá ha calificado este proyecto de ley como «imprescindible» por su propósito de derogar por completo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular en 2013 con la oposición de gran parte de la comunidad educativa. «Los efectos de la LOMCE son nocivos para el sistema educativo español», ha afirmado la ministra.

Según ha expuesto Celaá este viernes, la LOMCE «ha hecho descender el número de graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en tres puntos y dos puntos en Bachillerato» desde su aprobación. «La LOMCE no conviene a la educación española y nos separaba del trabajo que viene haciendo la Unión Europea en relación a competencias educativas», ha añadido en alusión a la ley impulsada por José Ignacio Wert, ministro de Educación en el primer gobierno de Mariano Rajoy.

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La ‘Ley Celaá’ pretende derogar por completo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular en 2013. Acabar con los aspectos más «lesivos» de la LOMCE era una cuestión «urgente» para el Gobierno de Sánchez, como afirmó Celaá el pasado mes de julio en su primera comparecencia en el Congreso. Sin embargo, la LOMCE seguirá vigente, como mínimo, hasta el próximo curso escolar 2019-2020.

¿Qué ocurre con el castellano?

La reforma de la Ley Orgánica de Educación que ha aprobado este viernes el Gobierno elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una «materia específica» de los dos cursos de Bachillerato, y suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno.

También incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en el primer borrador se contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como «lengua vehicular». Es decir, eran los gobiernos autonómicos los que decidían el porcentaje del castellano en el currículo escolar de los alumnos.

«A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes», se leía en el documento.

Ahora, Celaá ha recalcado que el proyecto es «estrictamente constitucional» en cuanto al castellano y las lenguas cooficiales. En el texto se fija que las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

En cuanto al contenido curricular, el 55 % será competencia del Estado en las comunidades con dos lenguas oficiales y un 65 % será competencia del Estado en las comunidades con una lengua oficial.

La ‘Ley Celaá’ recoge además la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa, como defendió la ministra Celaá, que considera la medida «un gran favor» a los alumnos emulando la aprobación por «compensación» que existe en la universidad.

Recentralización en Educación Infantil

El proyecto asigna al Gobierno central la competencia de determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil «en colaboración con las comunidades autónomas».

Según el texto del proyecto de ley al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno central también «regulará los requisitos de titulación de sus profesionales y los que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares».

Críticas de la comunidad educativa

Los diferentes sectores de la comunidad educativa coinciden en dar por muerto el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación porque no tendrá tiempo de tramitarse en el Congreso. «Es un brindis al sol», resume una de las voces consultadas por Europa Press.

La responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, considera que la aprobación de esta ley es «un gesto de voluntad política» del Gobierno, lo cual el sindicato respalda porque apoya el proyecto «en sus líneas básicas, en lo que supone recomponer el equilibrio roto» por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el Partido Popular en 2013.

En este sentido, Loranca ha indicado que FeSP-UGT estudiará «en detalle» el texto para ver si alguna de las medidas pudiera tramitarse como decreto ley. «Se lo sugeriríamos al Gobierno, pero las medidas más lesivas sólo podrían ser revertida con ley orgánica», ha destacado, para después añadir que les hubiera gustado que las medidas se hubieran tomado «más rápidamente».

Para el presidente del sindicato independiente de profesores ANPE, la reforma se ha hecho «con cierta prisa o celeridad» y no ha habido tiempo de hacer un «debate profundo». Así, ha avanzado que exigirán al nuevo Ejecutivo que trabaje en la senda de recuperar el Pacto de Estado por la Educación. «Es una reforma muy parcial», ha insistido.

El responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha tachado de «barbaridad» la aprobación de un proyecto de ley tras una convocatoria de elecciones generales, «sin ninguna intención de ser ni siquiera tramitada». «Es una maniobra política que introduce tensión en el sistema cuando la educación no necesita eso», ha subrayado.

«Se produce una perversión porque los que criticábamos la LOMCE nos tememos que con esta manera la LOMCE va a seguir en vigor a todos los efectos», ha manifestado Mario Gutiérrez, que ha agregado que los ocho meses de Celaá al frente del Ministerio de Educación han sido «una verdadera, absoluta decepción» ya que «no ha contado nada con el profesorado».