CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno evita pronunciarse sobre la oposición hasta que la JEC resuelva el recurso del PP

La ministra portavoz, de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (i), y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio (d). |EUROPA PRESS La ministra portavoz, de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (i), y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio (d). |EUROPA PRESS
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El Gobierno ha rebajado el tono este viernes y ha evitado criticar a la oposición, como venía haciendo de manera habitual, en la tradicional rueda de prensa para informar de las decisiones del Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha justificado este cambio en que, con las Cortes ya disueltas, ha empezado el «periodo electoral» y el PP ha recurrido a la Junta Electoral Central para que vigile que el Ejecutivo no haga «electoralismo».

Acompañada de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, Celaá ni siquiera ha entrado a valorar la decisión del PP de desmarcarse de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer a la que asistirán, en Madrid pero también en otras ciudades, buena parte de los representantes del Gobierno. «El Gobierno no va a opinar sobre lo que otras formaciones piensan hacer», ha señalado después de subrayar que compete a «la libertad de cada persona acudir o no».La ministra de Educación y Formación Profesional ha evitado contestar a todas aquellas preguntas que le obligaban a emitir juicios de valor sobre las posiciones de otros partidos políticos y, desde sus primeras palabras en la rueda de prensa, se ha esforzado en subrayar que la comparecencia estaría dirigida en exclusiva a «dar cuenta de lo acordado por el Consejo de Ministros», pues ésa es su obligación constitucional.

Cautela hasta que hable la JEC

Celaá, que en reiteradas ocasiones en viernes anteriores se ha quejado de la oposición de «acoso» ejercida, a su juicio, por PP y Ciudadanos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ha justificado este cambio de tono por el periodo electoral en el que se ha entrado con la convocatoria de los comicios el próximo 28 de abril y por la propia solicitud del PP a la JEC, que el Gobierno espera que se resuelva a su favor este próximo lunes.

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«Estaremos atentos a lo que diga la JEC. Vamos a ser cautelosos», ha admitido.Pero entre tanto, Celaá ha defendido que el Gobierno haga uso de una comunicación que le sitúe en una «igualdad de medios» en relación con las capacidades del resto de formaciones que concurren a esos comicios. En cualquier caso, la portavoz ha aclarado que el Gobierno está «en plenitud de funciones» hasta el día siguiente a las elecciones, y por tanto capacidad para aprobar medidas por real decreto ley que considere de urgente necesidad. «Estamos cumpliendo con nuestro deber», ha remarcado.

Las medidas aprobadas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley que recoge la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, el registro de la jornada laboral, bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales y el aumento de las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo.

La ministra de Trabajo ha asegurado que el gasto que comportan estas medidas se afrontará a través de la prórroga de los Presupuestos de 2018, la reordenación de determinadas partidas, la eliminación de otras, como el contrato de apoyo a emprendedores, y el aumento de las cotizaciones, que ha cifrado en 3.300 millones de euros, por que ha defendido que hay «margen de maniobra» para que las medidas salgan adelante.

Valerio ha indicado que los servicios jurídicos prevén la publicación del real decreto ley el próximo martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque cada medida entrará en vigor en distintos días, y espera que sea convalidado en la Diputación Permanente del Congreso.

El decreto ley fija recupera el subsidio para parados mayores de 52 años, frente a los 54 actuales, lo que tendrá un coste de 348,7 millones y del que se beneficiarán más de 114.000 personas, ha explicado Valerio, quien ha indicado que, además, afectará a otras 266.000 personas, ya que pasarán a cotizar por el 125% de la base mínima de cotización, frente al 100% del SMI actual.

Registro de la jornada laboral

Asimismo, el real decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En concreto, establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto ley en el BOE para poner en marcha esta medida.

De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.

Bonificaciones a la contratación

También se establecerán bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Así, los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el SEPE, al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, tendrán derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social por trabajador de 1.300 euros al año durante 3 años, cifra que ascenderá a 1.500 euros anuales si la contratada es una mujer. Este «plus» para las mujeres busca paliar la brecha laboral, ya que del total de 1,32 millones de parados de larga duración, el 64% son mujeres, ha apuntado Valerio.

Además, se clarifica el Plan de Garantía Juvenil, destinado a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, para evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años.