Madrid vuelve a ser escenario del choque entre los vecinos y unas políticas migratorias que, lejos de atender a criterios de orden y justicia, parecen estar diseñadas para atropellar la voluntad de los ciudadanos y quebrar la cohesión social de los barrios.
Esta vez, el foco se sitúa en el Parque de las Avenidas, donde el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida está a punto de conceder una licencia de “hostel” a un empresario egipcio-alemán, investigado, supuestamente, por tráfico de personas.
La alarma se encendió hace semanas, cuando los residentes descubrieron que, bajo la apariencia de un simple establecimiento turístico, se pretendía instalar un nuevo centro de acogida de inmigrantes. El inmueble en cuestión ocupa tres bajos comerciales: uno en la Avenida de Baviera y otros dos en la Avenida de Bruselas. En su día, las tres comunidades de propietarios sólo accedieron a permitir su unión para la instalación de un centro de salud. El nuevo arrendatario, sin embargo, tiene otros planes.
Mohamed Zakaria Abdelsamad Ibrahim, el empresario detrás del proyecto, conocido en el barrio simplemente como “el egipcio” o “Mohamed”, es un experto en montar “hostels low cost”. Ya dirige quince establecimientos similares en Europa, y otros dos en Madrid, bajo la marca “Velvet Hostels”. La fórmula es la siguiente: se obtiene una licencia de hospedaje, se abre al público, y se ofrece el alojamiento por cifras astronómicas, de entre 1.700 y 2.000 euros la noche… por una litera en habitación compartida. La clave no está en atraer turistas, sino en garantizar una ocupación subvencionada: inmigrantes en situación irregular, trasladados desde otras regiones por diversas ONGs.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado( CEAR), organización encargada de “repartir” a estos inmigrantes, reconocen que han recibido el ofrecimiento del espacio, aunque insisten en que su uso sería “provisional”. El Ayuntamiento, por su parte, repite la misma fórmula ambigua: no será un centro de refugiados, sino un alojamiento temporal de hasta ocho semanas.
Pero las cifras no cuadran, y los antecedentes tampoco invitan al optimismo. En otros barrios donde ya operan los “Velvet Hostels”, como Puente de Vallecas o Pacífico, los vecinos denuncian inseguridad, peleas, consumo y tráfico de drogas, además de una tensión social creciente. “Están todo el día sin hacer nada y bebiendo en la calle”, relata Esperanza, vecina de Vallecas. “Esto ya no es un hostel, es un centro de refugiados. Hay delincuencia, el dueño se enriquece y nuestro barrio es cada vez más inseguro”, lamenta Flor, de El Retiro.
En el Parque de las Avenidas, los vecinos no están dispuestos a tolerar lo que consideran un atropello. Carteles de “NO AL HOSTEL” y “NO AL VANDALISMO” adornan portales, comercios y plazas. Fernando Turrión, presidente de la Asociación Vecinal, es bastante claro tal y como relata a El Toro TV: “No nos quedaremos de brazos cruzados. Seguiremos convocando manifestaciones”.
Las quejas han llegado ya al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, al Defensor del Pueblo e incluso a la Fiscalía Anticorrupción. Se alega fraude de ley, pues la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal otorga a las comunidades de vecinos la última palabra sobre el uso turístico de los inmuebles. Y en este caso, nadie ha dado ese consentimiento.
La oposición también ha tomado cartas. VOX, con Javier Ortega Smith al frente, visitó la Avenida de Baviera para denunciar lo que califican como “centro clandestino de hacinamiento de inmigración ilegal”. Según sus declaraciones, estos proyectos cuentan no solo con la tolerancia del Ayuntamiento, sino con su financiación directa: 4,8 millones de euros del consistorio, un millón más de la Comunidad de Madrid y 427 millones desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El dinero, apuntan, termina en manos de CEAR, dirigida hoy por Mauricio Valiente, ex concejal con Carmena y figura destacada del comunismo madrileño. Valiente sucedió en el cargo a Estrella Galán, cabeza de lista de SUMAR en 2024, al Parlamento Europeo. De los despachos del Ayuntamiento a los órganos de las ONGs subvencionadas, el recorrido es siempre circular.
Mientras tanto, la pregunta que sobrevuela el barrio es siempre la misma: ¿quién defiende al vecino? ¿Quién se hace cargo de la seguridad, la convivencia y el derecho al descanso? Lo que parece claro es que los intereses ideológicos, económicos y burocráticos pesan más que la paz de los ciudadanos.
Como resumía el concejal de VOX: “Son los españoles quienes tienen que soportar esta política de fronteras abiertas, políticas globalistas que suponen un ataque directo a la seguridad de los barrios”.
Y así es. Frente al discurso oficial y las cifras de subvención, queda la voz indignada de quienes ven su entorno deteriorarse. Una vez más, la política migratoria se decide en los despachos y se padece en las calles.
