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Las peritos de Hacienda desmontan la versión de las defensas sobre los gastos del 1-O

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Tres peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado (IGE) han cuantificado en al menos 917.648 euros sin IVA los gastos que la Generalitat de Cataluña comprometió para financiar el proceso secesionista y, más en concreto, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Esta cantidad hace referencia a todas aquellas partidas que analizaron los técnicos de Hacienda y de la IGE y que plasmaron en sendos informes que llegan a la misma conclusión de gastos comprometidos en el año 2017 por la Generalitat, según han explicado las cuatro peritos durante su comparecencia.

La perito de la IGE, Mercedes Vega, ha explicado que su informe diferencia entre gastos comprometidos y gastos efectivamente realizados, es decir, pagados, si bien la representante de Hacienda Carmen Tejera ha remarcado que en el suyo sólo hacen mención al primer grupo, porque, en su opinión, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario.

De todo lo analizado en sus informes, según ha remarcado esta perito, se puede concluir que ese perjuicio al erario público se produjo en los encargos de publicidad, puesta en marcha de páginas web o diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal que llevó a cabo el Gobierno de Carles Puigdemont.

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Sin embargo, Tejera ha querido dejar claro que este casi millón de euros que figuran en su informe no son los únicos gastos que se comprometieron para el ‘procés’, ya que para estas conclusiones no se han tenido en cuenta otros desembolsos que podrían haberse realizado en algún periodo anterior a 2017.

También ha constatado que pudieron producirse otros gastos cuyo concepto no hace referencia al referéndum en concreto, sino que se habrían incluido en los conceptos generales de los departamentos de la Generalitat, antes y durante 2017, y no se habrían destinado a los fines que fija la ley dentro la prestación de servicios públicos básicos para los ciudadanos como «transplantes o diálisis».

Desmontan la estrategia de las defensas

Las peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado (IGE) han desmontado las tesis de las defensas sobre la ausencia de malversación por el hecho de que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados a los proveedores simplemente porque se suspendiera su pago, se devolvieran las facturas o se renunciara a su cobro por parte de los proveedores.

Según las expertas, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, lo que ocurrió en los casos analizados como encargos de publicidad, de puesta en marcha de webs o de diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.

Hasta el receso de la hora de comer, las expertas han contestado a varias cuestiones concretas realizadas por la fiscal Consuelo Madrigal. Comparecían en unidad de acto por un lado las tres funcionarias de Hacienda que realizaron el informe sobre «determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum», que son Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández Guerra.

Las completaba en la práctica de la prueba la perito propuesta por la Abogacía del Estado para ratificar un informe emitido el 29 de octubre de 2018 por la Intervención General del Estado a solicitud del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que ha procesado a una veintena de altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y ha sido aportado al Supremo. Se trataba de la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega.

La fiscal -tras tres avisos del presidente del tribunal, Manuel Marchena, pidiendo concreción en las preguntas- ha cuestionado el testimonio de varios testigos que recibieron diversos encargos relacionado con el 1-O y que manifestaron ante el tribunal que o bien nunca fueron pagados, renunciaron al cobro a consecuencia de las prohibiciones del TC o emitieron facturas negativas.

Así, y respecto de este último supuesto, la perito Carmen Izquierdo ha puntualizado que habitualmente las facturas negativas se emiten cuando el empresario ha repercutido un IVA y no ha cobrado aún la factura, con lo que se encuentra con un doble perjuicio. En todo caso, la emisión de esta factura de abono no implica en ningún caso que el servicio no se haya prestado.

Lo mismo ocurre en el caso de que existan o no facturas o de que el proveedor renuncie al cobro del servicio, ya que éste se puede haber prestado y se considera por tanto que hay perjuicio a la hacienda pública según ha explicado la perito ante el tribunal.

Por otra parte, las peritos se han referido a otros aspectos de los hechos sostenidos por la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la acusación popular ejercidos por Vox para apuntalar sus acusaciones de malversación, como los realizados por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) o las campañas que se encargaron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Ambas entidades forman parte de la Hacienda pública catalana, tal y como han puntualizado las expertas una de las cuales ha puntualizado que los servicios públicos «no son gratuitos».

Sobre Diplocat, la experta ha advertido que los propios estatutos de este organismo obligan a que la Generalitat financie mayoritariamente a la entidad con independencia de que reciba fondos privados, mientas que las actividades de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales también forma parte del sector público catalán. Solo en 2017 esta entidad fue financiada con 231 millones de euros por la Consejería de Presidencia.

Otra de las peritos de Hacienda, Cecilia Hernández, se ha referido a otros gastos concretos como la publicación en diversos periódicos europeos del anuncio de un acto sobre el referéndum -en la fotografía aparecía una urna- al que acudirían el expresident Carles Puigdemont, Junqueras y Romeva. El servicio se realizó y se pagaron 91.061 euros, «impuestos excluidos», ha matizado.

En cuanto al Registro de Catalanes en el Exterior se analizaron tres expedientes diferentes, el diseño del anuncio y otros dos para su inserción en prensa escrita y digital. El trabajo no se pagó porque los sevicios jurídicos de la Generalitat, ya con el 155 en vigor, lo desaconsejaron dado que la organización del referéndum se estaba investigando judicialmente.

Gasto autorizado por Turull

Sobre la campaña ‘Civisme’ en medios, el testimonio de la perito ha apuntado directamente al acusado Jordi Turull, exconsejero de Presidencia, por una solicitud de transferencia de crédito por valor de 3,4 millones de euros el 24 de agosto de 2017 que se autorizó por el Consejo de Gobierno apenas cinco días más tarde. La campaña se realizó pero no se llegó a emitir.

Al comienzo de la prueba ha intervenido la jefa del grupo de trabajo creado en Hacienda para supervisar los gastos de la Gneralitat, María del Carmen Tejera, quien ha negado que ella ni su equipo recibieran «en modo alguno» instrucciones de sus superiores para realizar su trabajo.

Según esta experta, el análisis debe partir de lo señalado en las transferencias a Cataluña enmarcadas en el FLA, que obliga a que las cantidades prestadas por el Estado se destinen a prestaciones básicas y a servicios públicos prioritarios.

La perito también se ha referido a la obligación impuesta a la Genelitat de dar cuenta periódica de sus gastos y al posterior incumplimiento de esta obligación, reconocido por el propio exvicepresidente Oriol Junqueras vía carta al ministro Cristóbal Montoro, lo que obligó a emitir una orden por la que a partir del 15 de septiembre fue el Estado el que pagaba directamente las facturas de la administración autonómica. «Ese incumplimiento de la Ley ponía en peligro la estabilidad financiera, se vio como una clara amenaza al funcionamiento del país», ha manifestado Tejera.

Por todas estas razones, a partir de enero de 2018 se creó un grupo de trabajo en Hacienda comandado por Tejera y que reunía a siete funcionarios -todos mujeres, con una sola excepción- que se dedicaron a la «verificación de la verdad material» y cuyo objetivo era también el de facilitar información al Juzgado de Instrucción numero 13 sobre la existencia de algún acto contable que pudiera estar relacionado con el 1-O.

Intento de anulación de las defensas

Antes de que se iniciará la prueba en sí ha tomado la palabra el abogado del exconsejero Carles Mundó, Josep Riba, que ha formulado su protesta por la indefensión que le produce no haber tenido conocimiento hasta el momento de las conclusiones de los informes periciales, lo que impide que pueda someter sus conclusiones a contradicción. A ello se añade el hecho de que una de los peritos de la Fiscalía, Carmen Tejera, sea la misma persona que auxilió a la Guardia Civil en su investigación.

A estas quejas se han unido las de otras cuatro defensas de exconsejeros de Puigdemont, que ha planteado que además hay que tener en cuenta que no han podido proponer una contrapericial sobre los supuestos gastos atribuidos a sus clientes.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, les ha recordado que la ausencia de informe conclusivo pesa también sobre otras periciales, esta vez de las defensas, como la de carácter médico propuesta por la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva sobre lesiones sufridas por policías del 1-O. Ha añadido que los documentos sobre los que se han basado las perito para realizar su trabajo constaban en el sumario.

Por su parte, tanto la fiscal Madrigal como la abogada del Estado han impugnado estas quejas al considerarlas extemporáneas, puesto que la existencia de los informes periciales era conocida desde el pasado mes de diciembre y las defensas no las habían impugnado.

El tribunal se ha retirado a deliberar diez minutos y finalmente ha acordado rechazar las quejas e iniciar la pericial advirtiendo que «si a lo largo del desarrollo de la pericia hubiera algún elemento que se detectara indefensión» se aplicarán los procedimientos procesales «para poder anular ese elemento de indefensión», en palabras de Marchena.

Un alto cargo Generalitat dice que la huelga del 3-O era contra la reforma laboral del PP

Pero antes de las periciales, el tribunal ha comenzado a escuchar a los últimos testigos propuestos por las defensas, entre ellos a un director general de la Consejería de Trabajo de la Generalitat que ha desvinculado la huelga del 3 de octubre de 2017 con el referéndum ilegal celebrado dos días antes, sino que fue convocada para protestar contra la reforma laboral de 2012 que impulsó el PP.

Así lo ha dicho en el Tribunal Supremo Enric Vinaixa, a preguntas del abogado de la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, que se enfrenta a 16 años de prisión. El testigo ha explicado que la convocatoria la hicieron cuatro sindicatos y que la Generalitat lo único que puede hacer es autorizarla y «gestionar los servicios mínimos».

En este sentido, ha indicado que este paro fue similar a otras anteriores y que se aplicaron los servicios mínimos establecidos por los sindicatos, empresas y patronales, denominados «acuerdos en frío». «Se aplicaron por respeto al consenso», ha añadido.

Preguntado sobre los motivos por los que se llamó a hacer huelga, el director general ha destacado que entre las alegaciones de los sindicatos se citaba, «con mayor o menor intensidad», la protesta contra la reforma laboral de 2012. Posteriormente, el fiscal Jaime Moreno ha insistido sobre este aspecto, pero Vinaixa ha reiterado que la «denuncia de derechos laborales se repite varias veces».

Asimismo, ha señalado que el departamento de Bassa publicó la convocatoria de huelga en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, así como la aplicación de servicios mínimos, siguiendo lo fijado por el Decreto ley sobre relaciones de trabajo.

Anteriormente ha comparecido la jefa de servicios de programación y dinamización de actividades de la misma Consejería, Rosa María Sans, que ha enfatizado que es «habitual» que las entidades «sin ánimo de lucro» realicen actividades en centros públicos y cívicos durante los fines de semana, incluso «fuera de horario».

Desalojar los colegios a las seis de la mañana

Sans ha negado que ella o alguno de sus compañeros recibieran alguna instrucción para ceder locales públicos para posibilitar la celebración del 1-O. Al contrario, ha subrayado que advirtieron a las entidades que solicitaron una decena de centros cívicos ese fin de semana que «a las seis de la mañana» del día 1 de octubre debían «desalojar» los espacios, siguiendo el requerimiento de Mossos d’Esquadra, aunque ha admitido que después conocieron que alguno de ellos sí que fueron utilizados para la votación.

Asimismo, la testigo ha recordado que ante la falta de información sobre cuáles eran los colegios electorales que se iban habilitar para el referéndum y por la carta enviada por Dolors Bassa en la que comunicaba que avocaba las competencias para el 1-O, muchos responsables de centros llamaron a la Consejería «nerviosos». No obstante, ha recalcado que ella conoció el contenido del de la exconsejera por la prensa.

Por otro lado, también han declarado como testigos en esta sesión de la mañana del juicio Jordi Martínez Soler, ex asesor del Gabinete de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Ha explicado que él era el encargado de gestionar las redes sociales de esta acusada, con quien «a veces, en función del contexto del día» consensuaba el contenido publicado.

La defensa de Forcadell también ha solicitado el testimonio de quien fuera miembro del secretariado nacional de la Asamblea Nacional Catalana hasta 2015, Ricard Gené, quien ha enfatizado que la función del presidente de la entidad es meramente «representativa». «Su voto tiene el mismo valor que el mío», ha subrayado.

Asimismo, ha afirmado que la ANC no tienen ninguna «relación orgánica ni de dependencia» con formaciones políticas y que para «salvaguardar su independencia»ningún miembro del Secretariado nacional puede ostentar un cargo político.