JUICIO EN EL SUPREMO

Los mandos policiales del 1-O confirman la violencia: ‘Había ganas a la Guardia Civil’

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El jefe de Información de los Mossos durante el referéndum del 1-O, Manel Castellví, ha dicho que se pudieron hacer «comprobaciones de matrícula», pero ha negado un espionaje premeditado de la actuación de Policía y Guardia Civil. Tampoco ha sabido justificar por qué los agentes del Cuerpo catalán no tomaron declaración a los Jordis el 20S.

El jefe de la Guardia Civil en Cataluña durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, teniente general Ángel Gozalo, ha resaltado este jueves que la «sombra de duda» sobre la posibilidad de que los Mossos d’Esquadra fuesen a cumplir la orden judicial de impedir la votación comenzó ya a mediados de septiembre, cuando la Policía Nacional y el Instituto Armado participaron en otras operaciones relacionadas con la prohibición.

Ha relatado que en aquella jornada los agentes eran recibidos con «violencia» y con un «grado de virulencia» hasta el punto que llegó a creer que se tenían «ganas a la Guardia Civil» porque había realizado algunos registros contra el 1-O.

Durante su declaración como testigo, Gozalo ha citado dos ejemplos: el registro en Unipost el 19 de septiembre, cuando los Mossos tardaron 40 minutos en responder a la petición de ayuda y aún más en aportar efectivos, y el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, cuando no intervinieron para acordonar la zona.

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Fue tras esos dos incidentes cuando, según el teniente general, se dieron cuenta de que algo estaba «fallando». «Todo sumaba», ha remarcado tras relatar los acontecimientos que les llevaron a dudar del compromiso de los Mossos para impedir la celebración del referéndum.

Según su versión, esta actitud de la policía autonómica se vio después el 1 de octubre, cuando los agentes mostraron una «actitud de pasividad» e incluso en algunos casos puntuales ofrecieron «alguna resistencia», lo cual fue incorporado a los atestados de Policía Nacional y Guardia Civil.

Además, ha asegurado que los policías y guardias civiles se percataron de que en los alrededores de los locales de votación hubo vehículos de los Mossos «tomando referencias de salidas» para informar de los «movimientos» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

»Lenguaje prebélico» de los CDR

Durante el interrogatorio realizado por el fiscal Fidel Cadena, el teniente general Gozalo se ha referido tambíen a los autodenomínados Comités de Defensa de la República (CDR), que según la información de que dispone realizaban en los días previos al 1-O «talleres de orientación teórico-práctica» dirigidos a defender las urnas en los que se utilizaba un lenguaje «prebélico».

La acusación popular que ejerce VOX ha preguntado si podía aclarar si este lenguaje tuvo su traslado en la resistencia que se vio en los locales de votación, lo que ha provocado la queja de uno de los abogados de la defensa, Jordi Pina, ya que consideraba que se le estaba pidiendo una opinión. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha aclarado que lo que se le pedía al teniente general es que concretara a qué se refería con ese «vocablo sugerente o plástico». En este sentido, Gozalo ha explicado que su intención al hablar de lenguaje «prebélico» es describir que en esos «talleres» de los CDR se hablaba de hacer una «defensa» de los colegios como si hubiese un ataque a los mismos.

En cuanto a la actitud de los ciudadanos durante el referéndum, Gozalo ha detallado que la Guardia Civil se encontró en la mañana del 1 de octubre a personas «en actitud de resistencia que mutaba en un grado mayor de virulencia» hacia los agentes, con «empujones, insultos y lanzamiento de objetos».

En total, la Guardia Civil realizó un total de 71 intervenciones, de las que una veintena fueron por tema menor, «pero en el resto la respuesta» que se vieron «obligados a dar fue más determinada». En total sufrieron lesiones un total de 55 agentes del Instituto Armado, de los que cinco tuvieron que ser baja para el servicio.

«Había ganas a la Guardia Civil»

En opinión de Gozalo, «había ganas a la Guardia Civil» por estar llevando a cabo labores de policía judicial. Ante el interés mostrado por el fiscal respecto a este asunto, el mando ha señalado el caso de un agente en particular que «cayó al suelo y recibió patadas», así como lo ocurrido en Ponts (Lérida), donde se les lanzaron piedras.

Pero eso sí, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, el teniente general ha afirmado que, por lo que él sabe, «no se detectó a nadie que ordenara» los ataques a los agentes que intervenían en los colegios, a diferencia de su predecesor en la testifical, el jefe de la Policía Nacional en Cataluña durante el 1-O, el comisario Sebastián Trapote, quien ha asegurado que todo estaba «perfectamente organizado», pues los manifestantes «sabían cómo tenían que hacer la resistencia», organizando «cadenas humanas», bloqueando el paso de los agentes o agrediéndoles y empujándoles.

La Policía decidió activar el ‘plan b’ el mismo 1-O

El máximo responsable de la Policía Nacional en Cataluña el 1-O, el comisario Sebastián Trapote ha confirmado este jueves durante su declaración en el juicio en el Tribunal Supremo el relato de sus superiores al señalar que en la mañana de la jornada del referéndum tuvieron que poner en marcha «el plan b» que habían previsto ante la falta de actuación de los Mossos d’Escuadra, consistente en sustituir a la fuerza policial autonómica.

A preguntas de la representante de la Abogacía del Estado Trapote ha llegado a calificar de «utopía» que dos o tres mossos por colegio fueran suficientes para cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de evitar las votaciones y requisar el material, mientras que a preguntas del abogado Javier Ortega Smith, que ejerce la acusación popular en representación de VOX ha resumido: «Hicieron un dispositivo, pero enfocado sobre todo a salvaguardar la seguridad colectiva, y es imposible que con ese dispositvo y esos efectivos pudieran hacer cualquier tipo de intervención en un colegio».

Trapote ha calificado de «pasiva» la actuación de los mossos porque «los centros estaban abiertos y las vísperas habían sido utilizadas para actividades lúdicas y hasta se pernoctó por la noche», por lo que preguntado por la fiscal Consuelo Madrigal ha subrayado que no cree que la labor de los agentes autonómicos fuera eficaz.

Trapero era reacio

También ha indicado que desde días anteriores tenían «indicios» de que podría haber algún problema con los Mossos, entre los que ha citado que el mayor de los Mossos, Josep Lluis Traprero, fuera desde el principio «reacio» a ser coordinado por el coronel Diego Pérez de los Cobos, designado para ello por el fiscal superior en Cataluña. Ha recordado que el propio representante del Ministerio Público le señaló que el dispositivo que inicialmente había presentado, de dos mossos por centro de votación, era insuficiente.

De hecho, la instrucción dictada por el entonces secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, ya contemplaba que si en un momento determinado los Mossos no actuaban, tanto Policía como Guardia Civil harían «la sustitución», según Trapote. En todo caso, el mando ha descrito como colaborativa la actitud durante las reuniones de coordinación previas del jefe de los Mossos Ferrán López, que era el que acudió por parte de este cuerpo policial.

Ya en el turno de las defensas Trapote ha sido preguntado sobre si desde el resto de cuerpos se hizo alguna sugerencia respecto al plan de ‘binomios’ de los Mossos, a lo que ha respondido que la llamada de atención que le hizo el fiscal superior fue lo suficientemente clara para decirle que dicho plan no servía. «Al mayor de los Mossos no le vamos a decir qué plan tiene que presentar», ha señalado.

Por lo que se refiere a la intervención de la Policía durante la jornada del 1-O, ha señalado que la labor de los agentes era la de entrar y levantar acta pormenorizada de las dificultades que habían tenido para ello, para una vez dentro requisar el material para las votaciones.

‘Agresividad de alta virulencia’

El jefe policial ha descrito como «agresividad de alta virulencia» la actitud de los ciudadanos de algunos de los colegios, que a su juicio estaban «perfectamente organizados» porque sabían «cómo tenían que hacer la resistencia» mediante cadenas humanas y bloqueando, agrediendo y empujando a los agentes.

Se empleó la «mínima fuerza imprescindible» , de manera «congruente, racional y proporcionada» y una vez se constató que la gente estaba votando, según Trapote, que ha rechazado que los agentes de la policía pudieran «mediar» con los ciudadanos dada la situación con la que se encontraron.

«Nuestro ideal sería que para cumplir el mandato judicial tuviéramos una entrada sin obstáculos y que nos dieran las urnas pero esa situación no se dio, materialmente imposible«, ha reconocido, para subrayar más tarde a uno de los letrados que «la Policía no se dedica a golpear de de una manera gratuita».

En otro momento, y a preguntas de la fiscal Madrigal, ha reconocido que en el entorno de los centros que lograron entrar los ciudadanos estaban «aún más cabreados, enrabietados», por lo que los agentes debían emplearse al salir «con más virulencia que en la entrada . Quien decía a los agentes cuándo había que actuar y cuándo replegarse era, según Trapote, el jefe de cada uno de los sectores del grupo operativo de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

En algún caso concreto la «virulencia» fue tal que tuvieron que replegarse «porque si no la consecuencias hubieran sido lamentables tanto para los policías como para los ciudadanos» y ello está acreditado y documentado, según ha relatado el testigo.

Sobre el colegio en concreto el abogado Jordi Pina -que representa entre otros al líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez- ha solicitado que se exhibiera al testigo un vídeo de la actuación policial y ello ha sido rechazado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha tranquilizado a las defensas asegurando que durante la fase documental se verán todos los vídeos incorporados a la causa.

Trapote también ha sido preguntado por el abogado Andreu Van Den Eynde, que defiende entre otros al exvicepresident Oriol Junqueras, por el número de policías que resultaron heridos en la jornada del 1-O, que según el testigo fueron 65, casi todos ellos a consecuencia de su actuación en los colegios. Ha añadido que si alguno se lesionó al caer en la furgoneta, por ejemplo, constará en las actas, en las que se explica de forma pormenorizada, según el testigo, cómo se ha producido cada lesión.

Castellví confirma ‘comprobaciones de matrícula’ a Policía y Guardia Civil

El jefe de Información de los Mossos durante el referéndum del 1-O, Manel Castellví, ha reconocido que los binomios de la policía catalana tenían la orden de «dialogar» y «mediar» con los concentrados en los centros de votación y que no se utilizó la unidad de ‘antidisturbios’ de la BRIMO. También ha dicho que se pudieron hacer «comprobaciones de matrícula», pero ha negado un espionaje premeditado de la actuación de Policía y Guardia Civil.

Con continuas preguntas y repreguntas, el fiscal Javier Zaragoza le ha cuestionado al testigo por la actitud de las parejas de Mossos durante el 1-O, a lo que ha contestado: «Su misión era dialogar, mediar con los concentrados, ya teníamos las previsiones de que los colegios tendrían actividades».

Según este mando, los Mossos tenían la orden de «intentar el cierre de los locales», cumpliendo con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), «lo que se consiguió en 24 centros en los que no se constituyó el centro a primera hora». «Ya teníamos previsiones de que la mayoría de colegios tendrían actividades», ha reconocido.

Aún así, ha asegurado que la BRIMO se reservó en Barcelona para manifestaciones que les preocupaban «bastante», aunque luego «no tuvieron mayor trascendencia». También ha aludido al partido de fútbol entre el FC Barcelona y Las Palmas, que se jugó a puerta cerrada en señal de protesta por la actuación de la Policía y la Guardia Civil.

Castellví ha reconocido que la orden de la Fiscalía Superior de Cataluña y luego del TSJ era que la Policía y la Guardia Civil actuaran en «auxilio» de los Mossos. Ha negado un espionaje a los coches de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque matizando que los mossos «tienen obligación de trasladar las novedades que se van sucediendo».

«Si aparece un vehículo de Guardia Civil o Policía, pues igual como si aparece una ambulancia, el CECOR (Centro de Coordinación de los mandos de los Mossos) era informado. De seguimientos nunca se dio esa orden ni me consta que se hicieran», ha comentado.

El fiscal le ha preguntado entonces si lo que se ordenó fue consultar matrículas de vehículos camuflados«. «Lo desconozco», ha respondido antes de añadir: «Que se hagan comprobaciones de matrícula puede ser, pero si sabes que son de Guardia Civil no es necesario».

¿Por qué no tomaron declaración a los Jordis?

Sin duda uno de los momentos más tensos y más significativos de la declaración de Castellví es cuando el fiscal Zaragoza le ha preguntado por qué no se tomó declaración a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart tras la concentración del 20S. Con muchas pausas y en tono duditativo, el jefe de Información de los Mossos no ha sido capaz de justificarlo, a pesar de que ha reconocido que los Jordis fueron los convocantes de la concentración. Aquí está el vídeo que ha compartido la Cadena Ser:

Avisaron a Puigdemont del riesgo de violencia

Castellví ha comentado también que advirtieron al expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn de la posibilidad de que se produjera una «escalada de violencia» el día del referéndum ilegal, y se quejaron de que desde la Generalitat se estaba mandando un «mensaje de tranquilidad» que no «atendía a la realidad».

El comisario ha explicado que estas advertencias tuvieron lugar en una reunión celebrada el 28 de septiembre en el Palacio de Pedralbes en la que estaban presentes, por parte del Govern, Puigdemont, Junqueras y Forn y, por parte de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, el comisario Ferrán López y los comisarios Molinero y Castellví.

En esta parte de la declaración de Castellví, en la que se ha mostrado titubeante y muy poco claro en sus afirmaciones, ha reconocido tras un intenso interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza que en el objetivo del encuentro era el de ilustrar los diferentes escenarios de cara a la jornada de referéndum, y que existía cierta «preocupación» en el ambito seguridad ciudadana y orden publico.

Según Castellví, esta «preocupación» se basaba en que aunque los llamamientos para participar en el referéndum eran «pacíficos», la actitud de los manifestantes se podía tornar violenta ante la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «Aunque los llamamientos fueran pacíficos, podía haber una escalada de violencia», ha afirmado.

Aunque en un primer momento Castellví ha reconocido ante el tribunal que se advirtió de que los llamamientos pacíficos que se venían haciendo en los últimos días podían terminar con «una escalada de violencia», repreguntado por Zaragoza sobre este extremo ha vuelto a aludirlo pero señalando que «querían concienciar al Gobierno» de que la previsión de los Mossos era lo que había «descrito antes», y más tarde ha apuntado que la «actitud pasiva» se podría «transformar en activa».

En este punto, también ha explicado que durante la reunión se transmitió a los miembros del Govern que «se habían hecho unas declaraciones por parte de la Generalitat que no se atendían a la realidad, que se estaba enviando un mensaje de tranquilidad a la población como si el día 1 de octubre fuera una jornada electoral normal».