JUICIO A LOS GOLPISTAS

Pérez de los Cobos: ‘En determinados colegios colocaron a niños como parapeto’

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El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, líder del operativo policial diseñado por el Gobierno de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha confirmado que el Mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, »se incomodó» con su nombramiento al frente de la coordinación de la Seguridad.

Ha insistido en que, durante las reuniones mantenidas con los mandos policiales, trasladó a Trapero que el plan que había diseñado para impedir el referéndum ilegal »no era suficiente». También ha incidido en que ofreció en todo momento apoyos de Policía y Guardia Civil de cara al operativo: »Dijo (Trapero) que no se necesitaba ningún tipo de apoyo». »La relación con Trapero fue siempre difícil»,ha explicado Pérez de los Cobos, rememorando que el máximo jefe policial de los Mossos entendió la asignación por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña de un coordinador policial para el 1-O como una «injerencia y el establecimiento de algún tipo de autoridad por parte de un funcionario de otra Administración».

Un plan ineficiente

Según el testigo, Trapero presentó un primer plan de actuación el día 23 de septiembre. El fiscal superior le trasladó que «no era apropiado para impedir el referéndum», sino que parecía el de «unas elecciones normales y habituales, y no de un referéndum prohibido que hay que impedir».

El coronel también consideró que el plan, «tal como estaba redactado», no impedía la celebración del referéndum. Después de esa «recriminación», Trapero se quejó al fiscal y le dijo que no le «reconocía» como mando para darle instrucciones. El fiscal, no obstante, también le pidió que modificara el plan.

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Todavía el día 23 de septiembre, nada más salir de la reunión, Pérez de los Cobos tuvo conocimiento de que el consejero Forn había dado una rueda de prensa en la que se quejaba de que la Fiscalía se había excedido en sus competencias y que se quería «tutelar» a los Mossos d’Esquadra, además de «aplicar el 155 por la puerta de atrás». El coronel ha dicho que le sorprendió que Forn hablara de la reunión en la Fiscalía.

Según Pérez de los Cobos, la desconfianza por la actuación de los Mossos se tenía desde «mucho tiempo atrás». Aún así se convocó la primera junta de seguridad en la Delegación del Gobierno el 25 de septiembre, a la que ya no acude Trapero sino su subordinado Ferran López –que pasaría a ser jefe de los Mossos con el artículo 155–.

«El ambiente era complicado, el señor Ferran López deja constancia que no están conformes con la figura del coordinador, y los servicios jurídicos interponen un recurso contencioso administrativo contra una orden verbal mía», ha dicho Pérez de los Cobos, en referencia a la orden de modificar el plan de actuación de los Mossos. Aún así, el coronel ha precisado que aquel día hubo «una reunión con cordialidad, sin la tensión que había con el mayor Trapero».

Pérez de los Cobos ha lamentado la «situación kafkiana» en la que fue derivando las siguientes reuniones y juntas de seguridad, concretamente la del día 28, convocada 24 horas antes de forma unilateral por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. »Los que estaban al otro lado de la mesa eran los convocantes de la actividad ilegal que nos habían ordenado impedir. Estaba yo y el señor Trapero, que había recibido el auto que le ordenaba impedir el referéndum, se había sentado en el lado de la Generalitat e hizo unas intervenciones que estaban en la línea», ha comentado.

Los Mossos avisaban en los colegios que si estaban llenos no actuarían

El coronel de la Guardia Civil ha acusado a los Mossos d’Esquadra de aprovechar sus visitas a los colegios electorales los días previos a la convocatoria para informar de sus planes de actuación y dar a conocer a la población que si los centros estaban llenos o había presencia de menores y personas mayores no actuarían. En lugar de avisar que debían clausurarse esos centros antes de las seis de la mañana del día 1, comunicaban que tendrían que estar desalojados salvo que se encontraran «una masa de ciudadanos que lo dificultara» porque «en ningún caso harían uso de la fuerza».

El coronel ha explicado que esta circunstancia «fue conocida por distintas organizaciones sociales para hacer un llamamiento de manera que se configurara antes de las seis de la mañana ese escenario definido por los Mossos como aquel que iba a imposibiliar sus actuaciones».

«Les decían que a las cinco hubiera tal numero de gente que a las seis se encontraran los mossos con no poder actuar y especialmente serían comedidos si en esos grupos ademas de numerosas personas hubiera mayores, niños o colectivos vulnerables, que es lo que es justo lo que había dicho el mayor Trapero en la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre», ha afirmado. Incluso ha apuntado a que los mossos hicieron labores de contravigilancia con coches camuflados a la Guardia Civil y Policía Nacional y que alertaban en los colegios electorales antes de su llegada.

‘No hubo orden de paralizar la actuación policial’

»Cuando empezamos a actuar nos encontramos con la segunda gran sorpresa del día. La primera fue la inactuación de los Mossos y la segunda fue el grado de virulencia con el que tuvimos que hacer frente cuando nuestras unidades llegaban a estos puntos. Observamos que en muchos de ellos había masas perfectamente conformadas que mediante la fuerza física trataban de impedir el acceso de las Fuerzas del Estado», ha indicado.

Ha indicado que esas masas estaban »perfectamente organizadas y jerarquizadas». El coronel ha dicho que no hubo ninguna intervención salvo contra las personas que no permitían la intervención: »no hubo ninguna carga policial. Estas unidades por el uso de la proporcionalidad evitaron en todo momento llegar a desalojar los locales». Ha dicho que no hubo desalojos porque los agentes »pretendían cumplir la orden con el menor coste posible de los ciudadanos». »En determinadas instalaciones dado el nivel de agresividad si se hubiese actuado las consecuencias lesivas habrían sido superiores a las que conocimos», ha indicado.

»En ningún momento hubo una orden de paralizar la actuación», ha matizado, desmintiendo las informaciones que apuntaban en este sentido y ha recordado que hubo actuaciones incluso por la tarde. »Hubo casos en los que la situación de violencia fue muy grave. Ha habido imágenes de un guardia civil recibiendo una patada en la cabeza. Situaciones de mucha gravedad que no terminaron con consecuencias más graves».

La pasividad de los Mossos d’Esquadra

»La actuación de los mossos era de nula colaboración y de tomar distancias de nuestras unidades», ha relatado en referencia a la labor de los agentes el día del 1-O. »El dispositivo diseñado estaba encaminada a facilitar la consulta en lugar de evitarla», ha incidido. »En determinados colegios se colocaron a niños y personas mayores como la vanguardia de esos parapetos», ha comentado.

Pérez de los Cobos ha definido el dispositivo de los Mossos como una »estafa». Ha recordado que el propio president Carles Puigdemont compareció a mediodía y llamó a los ciudadanos a la «defensa de las urnas», lo que complicó aún más las actuaciones porque la acción de estos grupos humanos se volvió «más virulenta». La actuaciones de la policía fueron entonces menor en número, pero fueron más largas.

El tribunal ha cortado la declaración del coronel debido a su extensión y se retomará este miércoles a las 9:30 horas.

Puigserver afirma que Puigdemont antepuso la convivencia ciudadana al mandato del TSJC

El que fue responsable de Interior en Cataluña bajo vigencia del artículo 155 de la Constitución, Juan Antonio Puigserver, ha afirmado que en la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre de 2017 hubo «discrepancias» entre los representantes de la Generalitat y los del Gobierno de Mariano Rajoy porque el expresidente catalán señaló que la orden de impedir el referéndum no se podía «anteponer a la normal convivencia ciudadana».

A preguntas del fiscal Jaime Moreno, Puigserver ha explicado que el expresidente de la Generalitat convocó dicha reunión tras conocer un día antes que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había dictado un auto para ordenar la incautación de material electoral e impedir la celebración de la votación, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

El único punto del día era la «coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Mossos d’Esquadra en relación con la jornada del 1 de octubre», ha señalado el testigo, algo que suscitó «dudas» en los representantes del Gobierno central porque el objeto del propio enunciado «no era tanto impedir la celebración de la votación como la coordinación». Aún así, decidieron acudir a la reunión porque era «probablemente una de las últimas oportunidades para que se desconvocara» el referéndum, ha añadido.

Puigserver ha asegurado que en el transcurso de ese encuentro existieron «discrepancias» en la forma de alcanzar una «coordinación eficaz» entre cuerpos. Para el exsecretario de Estado de Seguridad de Interior José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, el designado coordinador del operativo policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y para él — todos ellos miembros de la delegación que asistió por parte del Gobierno de Rajoy–, la prioridad era cumplir el auto de la magistrada Armas, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Por el contrario, la intención del Gobierno de Puigdemont, que acudió junto al entonces consejero del Interior, Joaquim Forn; el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; el exjefe de la policía autonómica Pere Soler –estos dos últimos serán juzgados por rebelión en la Audiencia Nacional–; y una secretaria, era que se respetase la «normal convivencia ciudadana», ha constatado. De hecho, ha recordado que el expresidente de la Generalitat afirmó que en este sentido «un auto no se puede anteponer al derecho de los ciudadanos».

En este punto, Puigserver ha enfatizado que Pérez de los Cobos replicó al expresidente catalán que no se deben «confundir» los criterios de actuación de la policía para lograr el objetivo de impedir el referéndum, con la convivencia de los ciudadanos.

En este sentido, el fiscal Moreno ha querido saber si en algún momento se trasladó la petición de desconvocatoria del referéndum y Puigserver ha relatado que así lo hizo Millo. También insistió el coronel, que llegó a poner el ejemplo práctico de cerrar los colegios electorales para así «conseguir» la seguridad de los ciudadanos y «al mismo tiempo cumplir» los mandatos judiciales, si bien la única respuesta que recibieron «fue que ellos sabían lo que tenía que hacer».

En cuanto a la posición de los Mossos, Puigserver ha confirmado la versión manifestadas por Nieto y Millo en sus declaraciones como testigos ante el tribunal y ha recalcado que Trapero aseguró en la Junta de Seguridad que daría cumplimiento al auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El testigo ha dicho que no recuerda que se hablase concretamente de los diferentes planos operativos preparados para la jornada de votación, pero ha contado lo mismo que han expresado ya el ex ‘número dos’ de Interior y el exdelegado del Gobierno sobre el rechazo de Trapero a usar la fuerza.

En este sentido, Puigserver ha concretado que el exjefe de la policía autonómica mostró su oposición a esta forma de actuar si no era para «preservar daños de los ciudadanos a terceros» o a los propios agentes. Ha recordado que tras la insistencia de Pérez de los Cobos sobre si estaría dispuesto a usar la fuerza en algún caso para «cumplir estrictamente la parte dispositiva del auto» –en la que se ordenaba las actuaciones necesarias para que el 1-O no se celebrase–, el mayor dijo que no usaría la fuerza «si había personas mayores y niños».

Munté contesta al fiscal que sintió ‘respeto’ tras ser apercibida por el TC

La exconsejera de Presidencia y exportavoz del Govern de Carles Puigdemont, Neus Munté, ha reconocido este martes a preguntas del fiscal Jaime Moreno que no sintió miedo de verse envuelta en responsabilidades penales pero sí «respeto» tras ser apercibida hasta en cinco ocasiones por el Tribunal Constitucional (TC) con respecto a distintas decisiones que estaba adoptando el Ejecutivo del que formó parte hasta el 14 de julio de 2017.

Munté ha explicado durante una breve declaración de media hora en la vista que dejó el cargo por motivos de sobrecarga de trabajo y tras una «reflexión personal» con su familia. En dicho momento, el escenario que se contemplaba era el de la búsqueda de diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy para lograr un referéndum pactado, ha manifestado.

A lo largo de su cuestionario, el representante del Ministerio Público ha tratado de revelar una contradicción entre lo dicho este martes por Munté y lo que la testigo manifestó ante el instructor del caso, Pablo Llarena, en el sentido de justificar su cese en un cambio de situación y para evitar incumplimientos de resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Así, ha señalado que es cierto que antes de dejar su cargo había recibido cinco advertencias del tribunal de garantías, si bien el único escenario que podía intuir era el de la desobediencia, por el antecedente de la condena de desobediencia que se impuso al expresident Artur Mas por la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014. Tenía la percepción de que la situación sería más problemática en el día a día, si bien nunca tuvo la sensación de que se estuviera desobedeciendo, ha puntualizado.

A preguntas de la defensa del exconsejero Josep Rull, Francesc Homs, Munté ha afirmado que estuvo presente en parte de una de las reuniones que Puigdemont mantuvo con Urkullu, en la que el expresidente le pidió que intercediese para conseguir un «acuerdo político» con el Gobierno de Mariano Rajoy para celebrar el referéndum.

La ‘técnica del fairy’, chalecos rajados… Millo confirma la violencia del 1-O

Complicado salir indemne del testimonio ofrecido este martes por el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Complicado para los acusados… porque Millo ha relatado cómo desde tres semanas antes del referéndum ilegal se produjeron cientos de actos organizados de «hostigamiento, acoso, violencia e intimidación» a instituciones, cuarteles, agentes de Policía y Guardia Civil y comisiones judiciales.

Concretamente, Millo ha situado el inicio de estos actos justo después de las llamadas leyes de desconexión –ley de transitoriedad y ley de referéndum– en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, ya que la primera de ellas estableció en Cataluña una «especie de ficción» que generaba una «doble realidad», una situación que ha calificado de «kafkiana».

Millo apuntala la tesis de la rebelión: Violencia, la ‘trampa del Fairy’ y chalecos rajados

Por tanto, estas leyes y la «estrategia» del Govern y el Parlament, ha explicado, provocó «mucha incertidumbre» y fue entonces cuando comenzaron las «acciones de hostigamiento, asedio e intimidación», que ha elevado a más de 200, y que no cesaron hasta mediados de noviembre, una vez ya aplicado el artículo 155 de la Constitución.

Así lo ha contado Millo a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que ha querido saber cómo vivió él esos días en Cataluña y cómo era el ambiente en las concentraciones de protesta que se sucedieron en las semanas en torno al referéndum ilegal. Millo no ha escatimado en detalles y ha relatado de forma pormenorizada y rotunda su experiencia. De este modo, ha hablado de lanzamiento de objetos incendiarios, acoso a policías y guardias civiles, hostigamiento en los hoteles donde éstos se alojaban, acoso a comisiones judiciales y en las subdelegaciones del Gobierno en las cuatro provincias catalanas. «Se creó un clima de violencia tal que allí donde había una diligencia judicial había un grupo de personas para amenazar, hostigar e intimidar con el objetivo de impedir las acciones judiciales», ha explicado.

Doble legalidad

El exdelegado del Gobierno ha relatado el caso concreto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), quien le pidió reforzar la seguridad del edificio con Policía Nacional y Guardia Civil porque en la ley de transitoriedad, una suerte de norma suprema para una supuesta república catalana, se establecía que su cargo sería elegido por el president y, por tanto, «no sabía lo que iba a suceder, si le iban a destituir», en esa situación de «doble legalidad» creada tras el 7 de septiembre.

De todas estas concentraciones de protesta, una de las más «preocupantes» para Millo fue la del 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat -la misma que Gabriel Rufián calificó de pacífica porque él ‘pudo ir a merendar’-, sobre todo por la cantidad de personas concentradas –decenas de miles– y las proclamas que iban lanzando: «No saldrán hasta que no queramos» o «vamos a defender nuestras instituciones».

Para el político catalán, estos gritos respondían a la idea de que «si querían defender las instituciones es porque pensaban que les estaban atacando». «Era el mundo al revés», ha lamentado, para añadir después que este clima fue incentivado desde las instituciones catalanas y las entidades sociales.

Si esto no es violencia…

Pero no sólo fue la Consejería de Economía, sino que, según Millo, otros muchos edificios fueron asediados ese día por los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En la de Asuntos Exteriores, concretamente, vio «personas subidas en el vehículo de la comitiva judicial». «Si todo eso no es violencia…», ha afirmado el exdelegado del Gobierno, quien vio además pintadas en las que se podía leer «Millo muerte». «Amenazar y señalar personalmente a agentes policiales que tienen su casa en Cataluña. Esto de pacífico no tiene mucho. Hubo una componente clara de violencia, de agresividad», ha añadido. Además, ha relatado cómo durante la jornada del referéndum ilegal vio a agentes de policía con los chalecos rajados -«de lado a lado, eso no se hace con una uña»- y a otros que habían caído «en la trampa del fairy». «Les pregunté que qué era eso de la trampa del fairy y me explicaron que se había llenado el suelo de la entrada a los colegios electorales con jabón, de forma que al llegar, el agente resbalaba y caía al suelo, donde era pateado por quienes estaban alrededor».

Millo ha destacado la capacidad de movilización –«en 20 minutos eran capaces de ubicar a 500 personas en un sitio y en 30 cambiarlas de sitio»– a través de redes sociales y mensajes de Whatsapp que se vio durante esas semanas de septiembre y octubre de 2017, en la que los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) –después reconvertidos en Comités de Defensa de la República– adquirieron «una importancia tremenda».

La actuación de los CDR, al descubierto

Según Millo, los CDR son «aparentemente células autónomas que funcionan de forma espontánea», si bien ha remarcado que «un estudio detallado permite deducir que hay una estructura y organización» detrás de ellos, lo cual «de espontáneo tiene poco». «Es un movimiento muy plural y muy diverso, en el que seguro que hay gente de buena fe y pacifista, pero hay otras con otros objetivos que no tienen inconveniente en usar la violencia», ha subrayado.

El exdelegado del Gobierno ha situado a los CDR en el último escalón de una estrategia en cuya cúspide ha situado al Govern, el Parlament y la «sociedad civil organizada» a través de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, alrededor de las cuales «gravitan otras entidades más pequeñas que tienen vinculación directa o indirecta con los CDR».

El fiscal Zaragoza ha querido saber entonces cuál fue la actuación de los Mossos d’Esquadra en esas semanas y si la Delegación del Gobierno percibió apoyo en la policía autonómica para hacer frente a las protestas y los actos de «acoso» y «hostigamiento». Sin embargo, Millo ha lamentado que su apoyo «no siempre fue todo lo eficaz que pudo haber sido».

Y los Mossos… horas en llegar

De hecho, ha afirmado que a veces tardaban «horas» en llegar a la llamada de policías y guardias civiles. Y además, ha dicho que no recuerda que el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, para abordar este problema.

Y es que, según el exdelegado del Gobierno, la versión oficial que transmitía la Generalitat esos días es que las concentraciones eran «actos poco menos que festivos y folclóricos». «Pero todos pudimos ver que la intención era otra; las llamadas eran a la defensa de las instituciones», ha apuntado.

De Forn también ha tenido oportunidad de hablar minutos antes el exdelegado del Gobierno, cuando ha comentado la crisis de gobierno que acometió el expresident Carles Puigdemont el verano anterior al referéndum y el conseller ahora acusado asumió la cartera de Interior.

Según su versión, la primera vez que se reunió con Forn tras tomar éste posesión le dejó «estupefacto» cuando le transmitió que la Generalitat iba a «garantizar que la jornada electoral se desarrollara con total normalidad». «Le dije que no entendía de qué jornada hablaba y me dijo que la del referéndum. Ahí le manifesté un punto de desacuerdo muy grave: le dije que ese día no se iba a celebrar un referéndum y él contestó que no tenía más que decir», ha relatado.

También ha indicado que durante el ejercicio de su cargo tuvo ocasión de hablar con el exvicepresidente Oriol Junqueras, quien le transmitió que «comprendía que todo esto podía crear una situación complicada» y que él no era «partidario de que todo fuera tan deprisa» en lo que respecta a la convocatoria del referéndum, pero que igualmente estaba «absolutamente comprometido» con los planes del Govern de Puigdemont.

Pero una de las cosas que más sorprendió al entonces delegado del Gobierno fue que una frase que le dijo Junqueras: «Soy independentista, lo he sido siempre y no tengo que demostrarlo. Otros en mi Gobierno no lo habían sido nunca y ahora tienen que hacer un esfuerzo muy importante para demostrar que lo son».

Políticamente suicida

El que fuera delegado del Gobierno en Cataluña Josep Enric Millo ha relatado este martes que dedicó mucho tiempo en tratar de convencer al expresident Carles Puigdemont de que olvidara su «planteamiento políticamente suicida» de buscar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. «Pero al otro lado de la mesa me encontré una silla vacía, porque no había otra cosa para él que no fuera celebrar el referéndum».

Millo ha reconocido que durante la primera parte de sus 18 meses de mandato, que comenzó en noviembre de 2016, siempre tuvo una relación «correcta y de colaboración en todos los aspectos» con el Govern de Puigdemont, que «solo se complicó con relación a lo hechos» que se juzgan en el alto tribunal.

Desde el principio, según el delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña, mantuvo varias reuniones con Puigdemont «en privado» a petición del propio expresident, de las que recuerda especialmente dos, en febrero y en mayo de 2017. «Mi interés era persuadirle de que mantener esa posición era muy mal camino, que su obligación era cumplir con la Ley, pero su posición siempre fue la misma, no había ningún otro tema del que le interesase hablar que el de conseguir el beneplácito para un referéndum «, ha manifestado a preguntas del fiscal Javier Zaragoza.

También ha recordado Millo -que ha comienzo de la sesión ha rechazado el ofrecimiento de la Fiscalía de poder declarar sin que su imagen fuera emitida por televisión- una cena que celebró con el expresident hoy huido el 6 de junio de 2017.

«Estuvimos charlando mucho rato», ha relatado ante la Sala, recordando que le insistió que mientras que no llegara a convocar un referéndum podrían aún encontrar una salida en base al interés general de los catalanes, que no era el de la independencia.

«Su respuesta fue contundente», ha continuado Millo, ya que Puigdemont le dijo que no podía dar «marcha atrás» porque estaba comprometido y anunciaría el referéndum, lo que hizo tres días después. Millo considera este momento un punto de inflexión «prácticamente irreversible» y que entonces acabó entre ellos la relación formal.