ELECCIONES GENERALES 28A

El modelo de Estado y cómo afrontar el desafío separatista: ¿Qué proponen los partidos?

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El desafío separatista catalán y la unidad de España serán sin ningún tipo de duda los dos ejes sobre los que se desarrolle la campaña electoral. Es por ellos que la mayoría de los partidos ofrecen en sus programas diferentes políticas para abordar la crisis.

PSOE: Hacia el Estado Plurinacional

El programa electoral del PSOE se remite a las declaraciones de Granada y Barcelona que hicieron los socialistas en los años 2013 y 2017 respectivamente. En ellas se apuesta por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal. Y en la última de éstas el planteamiento es avanzar hasta reconocer plenamente el carácter plurinacional de España.

Además, los socialistas proponen reconocer la singularidad de las comunidades autónomas con una definición precisa de su «identidad, cultura y lengua» en los Estatutos de autonomía y apuestan por modificar la Constitución para que las autonomías se queden con todas las competencias que no sean estrictamente del Estado.

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Y en referencia a Cataluña, rechaza tanto la autodeterminación como la aplicación extensiva del artículo 155 de la Constitución.

En su propuesta de modelo territorial, el PSOE apuesta por que los Estatutos de autonomía de los distintos territorios reconozcan las «singularidades» de los mismos. Para ello, propone que se incluya en estos una «definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos».

También, según los socialistas, los distintos estatutos deberían incluir la organización institucional y territorial adaptada a las «peculiaridades» de cada comunidad, con la salvedad de que esta organización «no afecte al funcionamiento de otros territorios».

El partido de Pedro Sánchez considera necesario además clarificar el reparto competencial en la Constitución por entender que el actual modelo derivado de la Constitución con referencias genéricas y remisión a los estatutos ha creado «excesiva conflictividad» e «intervención del Tribunal Constitucional» debido a las duplicidades en algunos casos o ausencia de ente competente en otros.

Por este motivo, plantean delimitar mejor las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y recoger en la Constitución las «facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales» y de la manera «más precisa posible». En este sentido, apuestan por «establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución» sea de «competencia autonómica».

También proponen que las autonomías participen en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España, como en el ejercicio de las competencias del Estado; la designación de los integrantes de instituciones del Estado, de organismos económicos y reguladores; así como la participación en asuntos europeos o la realización de planes estratégicos nacionales.

Para los municipios, los socialistas quieren que la Constitución reconozca a estos como «unidad territorial básica», así como sus competencias propias y plantean distinguir un «régimen jurídico diferente para los municipios urbanos y los rurales» ya que las necesidades que tienen y sus objetivos son distintos.

Y con el fin de mejorar la financiación de todos ellos, plantean tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica, así como facilitar la libre disposición de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.

PP: Un 155 extensivo

Los de Pablo Casado otorgan la mayor de las importancias al desafío secesionista, es por ello que abren su programa reafirmando su compromiso con la unidad de España y la Constitución.

»Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias», indican el punto cuatro de su programa.

Prometen volver a incluir en el Código Penal la celebración de referéndum ilegales y prohibirá el indulto a los condenados por rebelión y sedición. Echarán el cierre a las ‘embajadas’ regionales que socaven la competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales, e impulsarán una ley de símbolos. El PP prohibirá los partidos que promuevan la violencia, garantizará el uso del castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional y acabará con las ‘coletillas’ en los juramentos de la Constitución cuando se accede a un cargo público.

Entre sus recetas está reforzar la presencia del Estado en las comunidades autónomas »para garantizar el pleno ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas», así com »velar con especial atención por un adecuado ejercicio de las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública». El PP pondrá en marcha además una moratoria para paralizar la transferencia de competencias mientras se realiza una auditoría del funcionamiento del Estado Autonómico.

Por último, el PP propone realizar una auditoría de todos los organismos para acabar con duplicidades y entes superfluos.

Ciudadanos: Prohibir los indultos a golpitas

El partido de Albert Ribera anuncia en su programa electoral que si gobierna aplicaría «de forma inmediata» el artículo 155 en Cataluña, al tiempo que actualizará los delitos de rebelión y sedición y reforzará la Ley de Seguridad Nacional para obligar a los Mossos a defender la Constitución.

«Aplicaremos el artículo 155 hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales», afirma la formación naranja en su «compromiso con los españoles», que es como ha llamado al programa electoral.

Ciudadanos dedica una parte de su programa a «La España de ciudadanos libres e iguales», en la que deja claro que no pueden tolerar por más tiempo que «Torra y los separatistas utilicen las instituciones públicas para sembrar el odio y el enfrentamiento entre los catalanes».

Por eso, se comprometen a aplicar «el artículo 155 de forma inmediata» para garantizar la convivencia en Cataluña, la neutralidad de los espacios públicos y el acatamiento de la Constitución por parte de la Generalitat.

Además, se comprometen a mejorar los instrumentos para «proteger a los españoles de los golpes de Estado en el siglo XXI», como el que afirman que dieron los separatistas catalanes en otoño de 2017, con el fin de liquidar la Constitución y vulnerar los derechos fundamentales de millones de catalanes.

También propone prohibir el indulto a los golpistas, se compromete a terminar con el adoctrinamiento en las escuelas y modificará la ley electoral para que ‘’el Gobierno de España no dependa de los nacionalistas’’.

Podemos: Un referéndum para Cataluña

Podemos incluye en su programa una «resolución democrática del conflicto catalán» apostando por un «referéndum pactado» en el que la formación defenderá un «nuevo encaje para Cataluña en España». También apuestan por «constitucionalizar la participación ciudadana» para normalizar las consultas en asuntos relevantes.

Quieren así sentar las bases para que se den referéndum territoriales. Además, incluyen que se pueda realizar un referéndum «vinculante» para decidir si debe dimitir un presidente del Gobierno y convocar nuevas elecciones generales. También apuestan por eliminar la inmunidad del Jefe del Estado

La formación quiere superar el actual marco institucional de las ‘’arcaicas’’ Diputaciones Provinciales y actualizar la organización municipal para poder ‘’gestionar de manera democrática un aumento de los servicios comunes’’.

Se compromete a transformar el Senado en una ‘’verdadera Cámara de representación territorial, con mayor representación de las comunidades autónomas, participación en las leyes y las partidas presupuestarias, en los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, y como pieza clave de las relaciones verticales y horizontales entre Administraciones’’.

VOX: Fin del Estado de las Autonomías

Al igual que el Partido Popular, VOX entiende la unidad de España como la base para poder desarrollar todas las políticas que proponen y, por ello, su defensa ocupa las primeras páginas del programa con el que concurre a los comicios del 28 de abril.

El primer punto apuesta por ‘’la suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales’’, así como la ilegalización de los partidos, asociaciones u ONG ‘’que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía’’

VOX quiere dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona, y agravar las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas.

‘’Ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos, el español. Mucho menos discriminarla. Hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español, y el deber de conocerlo. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación’’, defiende en el punto 4.

VOX va un paso más allá que el PP y promete la supresión de las policías autonómicas y, hasta que se haga efectiva, defiende que todas las FCSE dependan en última instancia del Gobierno Central.

Los de Abascal proponen transformar el Estado autonómico ‘’en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo Parlamento para toda España’’. Pero antes de conseguirlo, exige la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

La formación apuesta por la supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común. Por último, propone la fusión de ayuntamientos y la ‘’significativa reducción en el número de representantes locales’’,  así como la drástica reducción del gasto público acabando con las duplicidades y los chiringuitos: ‘’cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etcétera’’.