SESIÓN DE CONTROL

La oposición se pone de acuerdo: Críticas a Sánchez en el cierre del Congreso

|

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diez de sus ministros se someterán este miércoles a un examen final sobre su gestión en estos casi nueve meses de mandato en el que será en el último Pleno de control del Congreso de esta legislatura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que España «ha estado a la altura» en la crisis institucional que vive Venezuela, pero ha recibido duras críticas tanto de PP y Ciudadanos, que le han acusado de tibieza, como de Podemos y ERC, que le tildan de «irresponsable» por reconocer a un presidente no electo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, creen que Sánchez peca de falta de compromiso con Guaidó y lo han achacado a que «sus socios comunistas no le dejan atacar a (Nicolás) Maduro«, en palabras de Casado. «Los que le mantienen en el poder llevan una camiseta que pone ‘Yo con Maduro'», le ha espetado Albert Rivera, en alusión a una prenda que llevó en la Cámara el diputado de Podemos Diego Cañamero.

Sin embargo, cuando le ha llegado el turno a Podemos, su portavoz de Exteriores, Pablo Bustinduy, también ha cargado duramente contra Sánchez, tachándole de «irresponsable» por reconocer «a un presidente no electo en un país al borde de la guerra civil y bajo amenaza militar explícita de Estados Unidos».

Bustinduy, que ha preguntado a Ciudadanos y PP si apoyarían un golpe militar en Venezuela, ha avisado a Sánchez de que no se trata de decidir si Nicolás Maduro es o no de izquierdas, sino de respetar el Derecho Internacional y no politizar la ayuda humanitaria. Sin un acuerdo entre ambas partes, ha dicho, no habrá elecciones democráticas.

Suscríbete a nuestro nuevo canal

Sánchez solo ha encontrado cierta comprensión en los portavoces del PNV, Aitor Esteban, y el PDeCAT, Carles Campuzano. Esteban ha coincidido explícitamente con Sánchez en que «una invasión no es aceptable» pero tampoco lo es «el inmovilismo del presidente Maduro» ni que su Gobierno esté armando a grupos paramilitares. A su juicio, la oposición venezolana «no acertaría si va de la mano solo de Estados Unidos» y «la única solución es política».

Pese a que Sánchez ha insistido en que su Gobierno no quiere «mediar» en Venezuela, sino propiciar elecciones libres cuanto antes, PP y Ciudadanos creen que se está «poniendo de lado». Así, Casado le ha reprochado que España no se haya sumado al Grupo de Lima –formado por países iberoamericanos y Canadá–.

No sabe dónde va…

A su modo de ver, el verdadero problema de Sánchez, tanto en política exterior como interna, es que «no sabe dónde va» y quiénes son sus aliados. El PP, ha dicho, sí está con la democracia en Venezuela y en contra de que haya «cientos de presos políticos y de torturas documentadas».

De paso, ha acusado al ministro de Exteriores, Josep Borrell, de «tener la desfachatez» comparar el viaje de varios eurodiputados del PP a Venezuela para «apoyar un canal humanitario» –fueron expulsdos– con los del expresidente catalán Carles Puigdemont por Europa «de turismo».

Sanciones y Tribunal Penal Interacional

Por su parte, Rivera ha remarcado que «la comunidad internacional no puede mirar para otro lado cuando se queman medicinas y alimentos» y ha reprochado tanto a Sánchez como al anterior Gobierno, del PP, que no hayan impuesto más sanciones (España, como toda la UE, tiene impuestas sanciones contra una veintena de dirigentes).

Así, ha aprovechado para decir que, si llega a ser presidente del Gobierno, se compromete a hacer como Estados Unidos, Canadá o Argentina e impondrá sanciones a «dirigentes del chavismo» para que no se instalen «en las calles de Madrid comprando pisos» con dinero que, además, procede «del narco».

También se ha comprometido a sumar a España a la denuncia contra Maduro y su régimen ante el Tribunal Penal Internacional a cargo de seis países americanos. Y ha aprovechado para preguntar «cuánto cobra» el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por culpar a Estados Unidos y Canadá, «dos países democráticos», del éxodo de venezolanos.

Tardá, por la mediación

En sentido contrario ha intervenido Joan Tardà, que ha empezado por afear que «una persona tan icónica» como el expresidente Felipe González llegase a decir que en el Chile de Augusto Pinochet se respetasen más los derechos humanos que en la Venezuela de Maduro. «No creo que se pueda comparar el problema de la Venezuela actual con una dictadura fascista», le ha dicho a González.

A su juicio, dado que España fue un país capaz de reconciliarse «después de un millón de muertos», el Gobierno debería haber optado por un «mensaje de intermediación y de compromiso por la paz» y no «allanar el camino» a los que apuestan por una guerra, y menos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que «no le preocupan los derechos humanos». Para Tardà, está claro que Venezuela tiene problemas, pero su Gobierno es «democrático» y, además, el chavismo «tiene apoyo», «les guste o no».

PP, PNV y ERC

Ya en el turno de preguntas, el presidente ha debido responder a «las razones por las que su Gobierno ha hecho un uso partidista de las instituciones del Estado», en palabras de Casado.

En el turno de Ciudadanos, Rivera ha hecho un balance negativo de este periodo en el que ha gobernado el PSOE y ha criticado varias de las medidas que se han tomado y que, en su opinión, son «ejemplos del sectarismo» de Sánchez.

«En regeneración (democrática), ni un avance», ha señalado, censurando, por ejemplo, que el Ejecutivo aprobara un decreto para renovar el Consejo de Administración de RTVE, nombrar una administradora única y «cargarse el concurso público». «Mi compromiso» es que, si Cs gobierna, «se elegirá al presidente y a la dirección de RTVE por concurso público» para así tener «una televisión pública de todos», ha destacado.

También ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber colocado al frente de entidades y empresas públicas a personas «cuyo único mérito es haber sido dirigentes del PSOE», simplemente por ser «colegas, amigos y conocidos» suyos, lamentando en particular el nombramiento de José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para «manipular las encuestas». A continuación, ha avanzado que, si gobierna, aprobará una «ley antidedazos» para que esos cargos se elijan por criterios de mérito y capacidad.

Pactos PP-PSOE

Otras cuestiones a las que se ha referido Rivera son el anuncio del Gobierno para suprimir los aforamientos políticos pero solo «para lo que no fuera corrupción», la falta de respaldo del PSOE y del PP a una reforma de la ley electoral y su «acuerdo» para que Sánchez no comparezca en el Senado en relación con su tesis y que su predecesor en el cargo Mariano Rajoy se ahorre dar explicaciones en el Congreso sobre la financiación del PP.

En cuanto a la Justicia, el líder de la formación naranja ha dicho que «no hay imagen más vergonzante» que la de los jueces y fiscales «amenazados» en Cataluña mientras el PP y el PSOE pactaban repartirse el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, poniendo en cuestión «la independencia del poder judicial».

Asimismo, el presidente de Ciudadanos ha indicado que Sánchez ordenó a los diputados socialistas que se levantaran de la mesa que negociaba el pacto de Estado por la educación. «Usted es sectarismo», ha insistido, y ha vuelto a lanzar una promesa electoral, la de impulsar ese pacto en la próxima legislatura.

También en relación con la educación, ha reiterado su voluntad de desarrollar el papel de la Alta Inspección para que «se acabe el adoctrinamiento en las aulas españolas», el cual, a su juicio, existe en algunos centros porque los Gobiernos del PP y del PSOE lo han permitido. Igualmente, ha apostado por establecer el castellano como lengua vehicular «en todas las escuelas públicas y concertadas de España».

Rivera tampoco valora positivamente las políticas de sanidad del Gobierno del PSOE, al que ha reprochado que, «por no enfrentarse a sus socios separatistas», no apoye el establecimiento de una tarjeta sanitaria única para toda España, con el fin de que cualquier paciente pueda «ser atendido sin burocracia» cuando se encuentra en una comunidad autónoma distinta a la suya.

Por último, en el ámbito económico, considera que no ha habido «ni un avance» y que los últimos datos del paro son «preocupantes». Especialmente crítico ha sido con la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, pactada con Podemos, y ha advertido contra el modelo «obsoleto» de la formación morada: «La economía planificada no es la solución, lo es la economía de mercado y la competitividad».

Por otro lado, y tras afirmar que en la Consejería de Empleo de Andalucía «robaba el PSOE» cuando estaba en la Junta, ha instado a Sánchez a aclarar si dimitirá en el caso de que haya una sentencia condenatoria por el caso de los ERE. «¿Se compromete a dimitir, si o no?», le ha dicho.

DIÁLOGO SIEMPRE, CLAUDICACIÓN NUNCA
En conclusión, Rivera considera que el Ejecutivo de Sánchez «no pasará a la historia por avances sociales y económicos o por reformas de Estado», sino por haber «bloqueado durante nueve meses este país y traspasado la línea roja que nadie había traspasado nunca», que es «gobernar España con los que quieren romper España».

De esta forma se ha referido al apoyo que, en algunas cuestiones, han dado al Ejecutivo los partidos independentistas y nacionalistas. Esto «le invalida para recibir el apoyo de ningún partido constitucionalista; diálogo siempre, cesión y claudicación nunca», ha recalcado.

Según ha señalado, Sánchez ha preferido hablar con «partidos que no aceptan las reglas del marco constitucional» y «romper los puentes de diálogo con los constitucionalistas», iniciando así «un camino a ninguna parte con los separatistas».