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'NO SE VULNERÓ EL HONOR DE CATALUÑA'

El Supremo condena a la Generalitat a las costas del juicio contra Intereconomía y Losantos

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El letrado que representaba a Intereconomía en este contencioso es Juan José Aizcorbe, número dos de las listas de VOX al Congreso por Barcelona.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a la Generalitat de Cataluña a pagar las costas del recurso de casación interpuesto contra una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa al presunto daño al honor del pueblo catalán por parte del periodista Federico Jiménez Losantos e Intereconomía Televisión.

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En su fallo, el Supremo desestima además el recurso y señala que «no es correcto afirmar que las declaraciones del demandado afectaron al honor del «pueblo catalán», pues no fueron referidas al conjunto de la ciudadanía catalana sino a un determinado sector político y social, el identificado con las tesis soberanistas, y a algunas personas e instituciones que el demandado situaba en ese sector, así como a otros ajenos a los anteriores, en concreto, el Gobierno de España y el Ministro de Asuntos Exteriores, por su conducta con relación a los acontecimientos que en esa época sucedieron en Cataluña».

Se refieren los magistrados a la demanda de juicio ordinario contra Intereconomía Televisión S.L. y D. Federico Jiménez Losantos, en la que la Generalitat solicitaba en primera instancia que los demandados habían cometido una «intromisión ilegítima contra el honor del Pueblo catalán» y se les requiriera para que «cesaran de forma inmediata este tipo de emisiones». Pero, ¿a qué declaraciones se refiere la sentencia?

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La historia

Entre los días 10 y 17 de septiembre de 2013 el periodista Federico Jiménez Losantos realizó una serie de manifestaciones en el programa «La mañana de Federico», que por entonces emitía la cadena de televisión Intereconomía, con motivo de la realización de una cadena humana denominada ‘Via Catalana cap a la Independència’ en la celebración de la Diada Nacional de Catalunya el 11 de septiembre de ese año.

A petición del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya emitió un informe el 15 de noviembre de 2013, titulado «Informe sobre la difusión de contenidos donde se comparan planteamientos democráticos con movimientos totalitarios o se hace apología directa o indirecta del uso de la violencia contra estos planteamientos».

Un informe que recogía algunas de las manifestaciones realizadas por Jiménez Losantos en su programa, a saber: «El número separatista antiespañol que naturalmente ha montado Artur Mas, que pagamos todos los ciudadanos, porque el déficit catalán lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, el monstruoso déficit catalán, que se gastan lo que no tienen en promocionar el separatismo, el odio a España, pues lo pagamos todos los españoles. Y ante la cadena humana de cientos de miles de patriotas catalanes exhibiendo su odio a España y que va a tener su candado, el teórico en el que en principio dice que no participa – no participa y es el que lo organiza-Artur Mas. Más falso que Judas Iscariote. Pero el núcleo esencial, en el Camp Nou. De nuevo el Barça se va a convertir en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de propaganda totalitaria del régimen nacionalista. ¿Qué va a decir el Gobierno de España? Absolutamente nada».

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Tras la presentación de este informe, el el Abogado de la Generalitat de Catalunya, «en representación y defensa del Pueblo Catalán», interpuso una demanda de juicio ordinario contra Intereconomía Televisión y Jiménez Losantos, en la que solicitaba que se declarara que los demandados habían cometido una intromisión ilegítima en el honor del Pueblo Catalán. ¿Fue así?

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda y declaró que «no se produjo la difamación del grupo o colectivo que se señalaba como entidad ofendida -«Poble Català»-, porque ello hubiera exigido un daño observable en toda su magnitud y referido a la colectividad señalada -«Poble Català»- por entero, lo cual, no se ha producido».

El Abogado de la Generalitat de Catalunya apeló la sentencia pero la Audiencia Provincial desestimó el recurso, porque consideró que era la propia Generalitat la que se consideraba ofendida por las palabras del periodista demandado, y las personas jurídico-públicas no pueden ser titulares del derecho al honor.

Así, la Sala del Supremo ha explicado en los fundamentos de derecho del fallo que publica, que «el pueblo de Cataluña, su ciudadanía, como tal, carece de capacidad para ser parte en un proceso (…) El «pueblo catalán» (o cualquier otro pueblo) carece, como tal, de aptitud genérica para ser titular de derechos, obligaciones y cargas dentro de un proceso, no puede ser demandado, pero tampoco ser demandante. Como ejemplo ilustrativo, si en el presente litigio la demanda es desestimada, no puede condenarse al «pueblo catalán» al pago de las costas.

Además, se aclara que las declaraciones que la demanda considera ofensivas no han sido proferidas contra el «pueblo catalán» sino, tal como consideró el Juzgado de Primera Instancia, «contra ciertos miembros o colectividades que, dentro del pueblo catalán, comparten las tesis soberanistas».

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Juanjo Aizcorbe es el letrado que ha defendido esta causa por Intereconomía y número dos de las listas de VOX al Congreso en Barcelona. 

Una lectura similar a la que hizo la Audiencia Provincial, por su parte, que afirmó que «las expresiones realmente no van dirigidas a los catalanes (cuyo pensamiento es muy variado) sino a las autoridades, cargos políticos, grupos políticos o entidades que expresan la idea de ruptura del orden constitucional» y añadió, además, que «no puede estimarse afectado el ‘honor del pueblo catalán’ por unas declaraciones que se dirigen contra un determinado
sector de la sociedad catalana».

Tercera derrota judicial de la Generalitat en esta causa que, por parte de Intereconomía, ha defendido el letrado Juan José Aizcorbe, hoy número dos de las listas de VOX al Congreso por la provincia de Barcelona.