EMISIÓN EN DIRECTO

Sánchez reconoce que el referéndum fue ilegal pero que ‘no merece reproche penal’

|

A la pregunta del fiscal Javier Zaragoza acerca de si sabía que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, el acusado ha respondido que no tuvo «conciencia» de que la Fiscalía o las autoridades judiciales «prohibieran a la ciudadanía participar».

El presidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha reconocido este miércoles a preguntas del fiscal Javier Zaragoza que llamó mediante una intervención radiofónica y la red social Twitter a la movilización frente a la Consejería de Economía de Cataluña, que estaba siendo registrada por orden judicial desde primeras horas del 20 de septiembre de 2017.

Ante la pregunta de si lo hizo por considerar dicha orden una ataque a las instituciones catalanas, Sánchez ha manifestado que convocó «sólo para protestar» por la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 13 de Barcelona y bajo un lema, el de «defendamos las instituciones» que no era suyo y que compartían «en los mismos términos» otras entidades participantes en la protesta entre las que ha citado a CC.OO, UGT, los rectores de las universidades públicas catalanas.

Sánchez, para quien el Ministerio Público reclama 17 años de prisión por un delito de rebelión, ha destacado la relevancia de este aspecto de lo ocurrido «porque hoy es imposible juzgar los hechos sin tener en cuenta el entorno y consideraciones sociales y políticas que existían», esos días en Cataluña, donde el Juzgado 13 -que investiga la organización del 1-O- llevaba meses practicando diligencias secretas que estaban siendo muy «polémicas».

«Todo ello generó una situación de indignación y, de acuerdo con el mandato de la Asociación Nacional Catalana (ANC), decidimos convocar un acto de protesta», ha apuntado, para añadir que las decisiones judiciales «deben ser respetadas pero eso no las exime de ser protestadas».

Suscríbete a nuestro nuevo canal

Al igual que el resto de encausado, el líder secesionista se ha revindicado como un ‘preso político’.

El fiscal, muy incisivo

El líder separatista catalán ha reconocido que supo del registro judicial a hora muy temprana por los medios de comunicación y que habló por teléfono sobre el asunto con la presidenta de ERC -procesada en esta causa y huida de la justicia- Marta Rovira, exactamente a las 8.11 horas de ese día según le ha apuntado el fiscal Zaragoza, quien ha iniciado un interrogatorio muy incisivo en relación con los detalles relativos a ese día de septiembre.

En este punto de la declaración, la defensa de Sánchez que ejerce el letrado Jordi Pina ha manifestado su protesta por el interés del fiscal de aludir a las manifestaciones de su defendido durante la instrucción antes de preguntarle. Tras la intervención del presidente del Tribunal, Manuel Marchena, se ha acordado que Zaragoza haría sus preguntas y sólo se acudiría a leer las declaraciones anteriores de Sánchez si se incurriera en alguna contradicción.

Cuando llegó ante la Consejería ya había en el lugar un número importante de medios de comunicación a las puertas mismas de la Consejería, personas que protestaban y cargos públicos, según ha explicado Sánchez, para puntualizar que eran los medios de comunicación los que estaban «en los coches» policiales -que resultaron dañados a lo largo del día-. Más tarde ha precisado que en ese momento concreto no vio los vehículos dado el número de personas que ya estaba en el lugar.

«Creo que es la propia secretaria judicial la que comentó en alguna de sus declaraciones que cuando llegó la comitiva ya había dos o tres personas protestando y haciendo fotos» -ha apuntado también Sánchez, para añadir que «es imposible» que de sus llamadas la protesta pueda extraerse una conexión causa-efecto.

A petición del Fiscal se han leído cuatro de los mensajes en Twitter que a lo largo de esa mañana escribió Sánchez en la red social, en las que llamaba a movilizaciones «desde la no violencia» y «pacíficamente» delante de la Consejería. «Se han equivocado mucho, ellos han declarado la guerra y salimos a defender pacíficamente las instituciones», rezaba uno de ellos. Sánchez ha reconocido que manejaba personalmente dicha cuenta.

También ha relatado que sobre las doce del mediodía recibió una llamada del entonces consejero del Interior, Joquim Forn, quien le pidió ayuda «en materia de seguridad» con voluntarios de ANC para garantizar la entrada de personas de la comitiva judicial. Este tipo de dispositivos se hacía en otras movilizaciones organizadas por la ANC, aunque en esta ocasión no se pudo preparar previamente.

Tilda de ‘ilegal’ el referéndum

Sànchez ha calificado de «ilegal» el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo ha defendido que organizar una consulta así «no merece reproche penal», y de hecho ha subrayado que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.

«Organizar un referéndum ilegal no merece reproche penal. La ciudadanía asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar. Creemos que todo el mundo tenía el derecho a participar como en una manifestación», ha justificado Sànchez durante su declaración en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, que ha durado más de cinco horas.

El acusado ha comenzado a responder preguntas sobre el 1-O después del receso del juicio para comer. Por la mañana el interrogatorio ha estado más centrado en el 20-S, y ya por la tarde se le ha cuestionado sobre las movilizaciones durante el día del referéndum.

A la pregunta del fiscal Javier Zaragoza acerca de si sabía que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, el acusado ha respondido que no tuvo «conciencia» de que la Fiscalía o las autoridades judiciales «prohibieran a la ciudadanía participar».

Campaña previa al 1-O

Y además, ha insistido varias veces en que la ANC, Òmnium Cultural y otras organizaciones hicieron campaña «de forma muy activa» durante los 15 días previos al 1-O: «Lo hicimos de forma pública, pidiendo permiso para cada acto. Y en ningún caso, a pesar de la publicidad, de que alquilamos espacios, se nos prohibió ni se nos dijo que no podíamos llamar a participar. Hicimos una campaña pública, visible».

Sànchez se ha escudado en que la sentencia como tal del tribunal de garantías declarando inconstitucional el referéndum se emitió con posterioridad al 1-O, pero ante la insistencia del fiscal, ya que el fallo suspendiendo la convocatoria es de unas semanas antes, ha contestado que «si la ley estaba suspendida, un Estado de Derecho que confía en sus instituciones no tiene qué temer ante una movilización ciudadana así».

«La lógica del Estado de Derecho incluye también respetar la ley y las resoluciones judiciales», ha respondido el fiscal Zaragoza para dar comienzo a su siguiente pregunta, pero ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para evitar «entrar en un debate sobre dónde están los límites». «Ahora estamos interrogando sobre hechos», ha añadido el magistrado, una advertencia que ha repetido después al abogado de Sànchez, Jordi Pina.

Actuación de la Policía

El fiscal ha insistido sobre por qué hicieron llamadas a votar ese día, el acusado ha afirmado que «el derecho de manifestación, la libertad de expresión» para defender la autodeterminación «no es un acto ilegal». También ha dicho que no imaginó que se pudiera producir la violencia que luego se vivió el 1-O.

Sobre este asunto, ha explicado que le «consta» que en algunos colegios hubo una actuación policial «desproporcionada», pero también que varios agentes sufrieron «algunas contusiones». «¿Le consta que algunos agentes fueran repelidos por vallas?», ha preguntado el fiscal, a lo que ha contestado que no. «Sólo le consta lo otro», le ha reprochado Zaragoza después, para a continuación preguntarle si sabía que un policía atendió a un ciudadano que había sufrido un ataque al corazón. «Eso dignifica al responsable policial», ha destacado Sànchez.

Sànchez ha aprovechado para destacar que millones de personas vivieron ese día «un auténtico terror» debido a la «violencia policial», que nunca había «imaginado». En este sentido, para justificar que no en ningún momento se impidió la actuación de los Mossos d’Esquadra para acatar el mandamiento judicial, ha indicado que en el sumario se detalla que la policía autonómica incautó 134 urnas «sin violencia» y la Policía y Guardia Civil 152, respectivamente; así como que los Mossos cerraron 400 colegios y mientras que los otros dos cuerpos sólo clausuraron alrededor de 50 cada uno.

Alude al Whatsapp de Cosidó

Así, sobre su posible colaboración para impedir que los policías pudiesen impedir el 1-O, el fiscal Zaragoza le ha mostrado un correo electrónico enviado al expresidente de la ANC, en el que se proponía «aparcar coches delante de los colegios». Sànchez ha negado haber visto en alguna ocasión esa misiva y ha apuntado que sería conveniente que el emisor, Xabi Strubell, fuese citado a declarar como testigo.

Ante las dudas mostradas por el representante del Ministerio Público porque Sànchez ha dicho que «no ha intercambiado ningún correo con ninguna persona» sobre esta cuestión, el acusado ha hecho alusión al mensaje enviado por el senador del PP Ignacio Cosidó sobre la propuesta de Marchena para ser presidente del Consejo General del Poder Judicial: No quiero ser impertinente, pero hay whatsapps que se han enviado y que han comprometido el buen nombre del presidente de esta sala y él ha dicho que no sabe nada».

Así ha sido el minuto a minuto de la jornada

-18:37 Finaliza la sesión del juicio del procés de este jueves. Se reanudará el próximo martes con la intervención de Carme Forcadell y de Jordi Cuixart.

-17:53  Jordi Sànchez ha apelado al derecho a la pasividad y a la «resistencia no violenta» de muchos votantes el 1-O, una actitud de protesta legítima que a su juicio no tiene por qué conllevar «ningún tipo de violencia por parte de la autoridad judicial».

-17:11 A la pregunta del fiscal Javier Zaragoza acerca de si sabía que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, Jordi Sánchez ha respondido que no tuvo «conciencia» de que la Fiscalía o las autoridades judiciales «prohibieran a la ciudadanía participar».

-17:04 Jordi Sànchez ha calificado de «ilegal» el referéndum secesionista del 1 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo ha defendido que organizar una consulta así «no merece reproche penal», y de hecho ha subrayado que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.

-16:47 Turno ahora de la Abogacía del Estado.

-16:29 El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha negado de forma rotunda que la multitudinaria concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat impidiera el registro ordenado por el Juzgado de Barcelona que investigaba la organización del 1-O o que pusiera en riesgo la integridad física de personas. Lo que sí ha admitido son los contactos telefónicos directos que mantuvo con el exconsejero de Interior Joaquim Forn, con el vicepresident Oriol Junqueras y con el Mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero para coordinar labores de orden mediante voluntarios de su organización.

-16:01 Se reanuda la sesión con el interrogatorio de Jordi Sánchez.

– 13:58 Se abre un receso hasta las 16:00 horas.

– 13:15 Jordi Sánchez ha reconocido a preguntas del fiscal Javier Zaragoza que llamó mediante una intervención radiofónica y la red social Twitter a la movilización frente a la Consejería de Economía de Cataluña, que estaba siendo registrada por orden judicial desde primeras horas del 20 de septiembre de 2017.

– 12:57 El presidente de la Generalidad, Joaquim Torra, y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras se han saludado y abrazado en el receso del juicio a los golpistas.

– 12:00 Se abre un receso hasta las 12:30.

– 11:20 Jordi Sánchez se ha definido ante el tribunal que juzga a los golpistas como un «preso político» y considera que el juicio en el Supremo también es un proceso «político», pero ha dicho que va a dar al tribunal la «oportunidad» de demostrar su imparcialidad.

– 11:18 Comienza la declaración de Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

– 10:45


– 10:27 Vila ha explicado a preguntas del fiscal Fidel Cadena la labor de mediación que él mismo ejerció después de la consulta ilegal y ha admitido que en la noche del 25 de octubre se fue a dormir «con una sensación de paz interior» al creer que el Gobierno catalán no tomaría ninguna decisión de forma unilateral. Sin embargo, «el clima de desconfianza y la tensión exterior era tan fuerte que todo se torció».

– 10:20 Santi Vila ha explicado que durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 «dos millones y medio de catalanes se quedaron en casa», lamentando así que el Ejecutivo de Carles Puigdemont no fuera el «Gobierno de todos».

– 10:03 A la sesión de este jueves ha acudido, por segunda ocasión desde que comenzó la vista, el presidente de la Generalidad, Quim Torra.

– 10:00  Comienza el interrogatorio a Santi Vila, el único miembro del Ejecutivo catalán acusado que no firmó la DUI.

– 09:50 El juicio por el proceso separatista en Cataluña se reanuda este jueves a las 10:00 horas con la declaración del exconsejero de Empresa Santi Vila, para quien la Fiscalía solicita siete años de cárcel por malversación y desobediencia.

Le seguirán las comparecencias de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes en 2017 de las entidades separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente. Ambos están acusados de rebelión y el Ministerio Público solicita una pena de 17 años de prisión para cada uno. La última en declarar será la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell, quien se enfrenta a la misma condena que los ‘Jordis’.

Debido a la extensión de algunos interrogatorios, es probable que los cuatro que quedan por comparecer no puedan darse por finalizados este jueves, última sesión de la semana. En caso de que no dé tiempo a que terminen los acusados, fuentes jurídicas han adelantado que el tribunal podría señalar una aunque ese día no esté inicialmente previsto.