JUICIO A LOS GOLPISTAS

La Fiscalía pide imputar por falso testimonio al responsable de Difusión de la Generalitat

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El que fuera secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat), Albert Royo, ha negado este miércoles durante su declaración como testigo en el juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo que desde dicha institución se organizara y retribuyera la presencia de observadores internacionales para el referéndum ilegal del 1-O si bien ha reconocido determinados pagos, como uno por un total de 49.531 euros en en hoteles de lujo y vuelos a un grupo de «visitantes» entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017.

«No dimos ningún honorario a observadores internacionales, no teníamos contratados observadores electorales», ha manifestado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, para afirmar en otro momento del interrogatorio que las actividades del Diplocat no tenían que ver con las realizadas por la Consejería de Exteriores del exconsjero Raül Romeva.

No obstante, y respecto a este «grupo de expertos» que estuvieron en Cataluña desde días previos al 1-O, Royo ha terminado reconociendo que «querían estar en Cataluña en esas fechas para ver lo que sucedía».

A lo largo de toda su declaración -que ha realizado a pesar de estar imputado en el Juzgado de Barcelona que investiga la organización del 1-O- el testigo ha tratado de desvincularse de lo que se concluye en informes de la Guardia Civil que acreditan que con una tarjeta de Diplocat a su nombre se pagaron los gastos de los observadores internacionales en su viaje a Cataluña. Según su versión, en estos informes la policía judicial incurre en un «error» al vincular lo que ha calificado de «consorcio» con decisiones del exGovern.

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La Fiscalía pide que se investigue por falso testimonio al responsable de Difusión de la Generalitat

La Fiscalía ha pedido este miércoles al tribunal que juzga a los golpistas que deduzca testimonio de la declaración como testigo del responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, para que un juzgado ordinario investigue si ha podido mentir durante su comparecencia y cometer así un delito de falso testimonio.

Así lo ha pedido el fiscal Jaime Moreno después de interrumpir su interrogatorio al testigo, ya que éste aseguraba no saber nada acerca de la campaña publicitaria conocida como de ‘las vías del tren’ que llamaba al voto en el referéndum del 1 de octubre de 2017 ni cómo se pagó, a pesar de que el representante del Ministerio Público le ha hablado de dos facturas y de que otros testigos le señalaron en instrucción.

El interrogatorio a Mestre ha versado sobre las campañas publicitarias y material propagandístico del referéndum como carteles o folletos que se difundió en las semanas anteriores al 1-O. El testigo ha confirmado trabajos de difusión en internet y la contratación de diseñadores para las campañas del registro de catalanes en el exterior y la denominada ‘Civisme’. Eso sí, ha afirmado que en todos estos casos el trabajo se hizo, pero las facturas no se pagaron.

‘¿Les perdonó 80.000 euros?’

«No han cobrado» y «tampoco se pagó» han sido algunas de las respuestas aportadas por el testigo, provocando la extrañeza cada vez mayor del fiscal. Éste ha querido saber si las empresas contratadas no reclamaron su dinero por un trabajo ya realizado y en la mayoría de ocasiones Mestre ha dicho desconocerlo, pero en una ocasión, sobre una factura de más de 80.000 euros, ha llegado a afirmar que no lo han hecho. «¿Les perdonó 80.000 euros?», ha inquirido Moreno, sorprendido. «Puede ser», ha replicado Mestre.

La exasperación del fiscal ha llegado cuando sus preguntas han incidido en la campaña ‘Civisme’. Mestre ha indicado que su propósito era «promover valores democráticos en la sociedad» y ha señalado a su jefe, Antoni Molons, como el responsable de promoverla. Sin embargo, ha asegurado que finalmente el concurso público quedó desierto y que, por tanto, no se elaboró ningún anuncio.

Y ha sido en ese momento cuando el representante del Ministerio Público ha comenzado a preguntar sobre la campaña de ‘las vías del tren’, pero el testigo se ha limitado a decir que vio los anuncios en los medios de comunicación. A partir de este punto, las respuestas que ha encadenado Mestre sólo variaban entre el «no» y el «no lo sé».

«¿Cómo se hizo para que salieran los anuncios si el concurso quedó resuelto?». «No lo sé». «¿No es cierto que acudieron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)?». «No». «¿Sabe qué persona le dijo a la Corporación que hiciera esos anuncios?». «No lo sé». Estas contestaciones han llevado al fiscal a comunicar a Mestre que la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, le señaló directamente durante su declaración ante el juez instructor de la causa, Pablo Llarena. Aún así, ha seguido negando la mayor.

Primer aviso: está ‘eludiendo’ preguntas

En este punto del interrogatorio ha llegado la primera advertencia del presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, quien ha recordado que «en el Código Penal el delito de falso testimonio no sólo castiga no decir la verdad», sino también «alterarla sustancialmente con inexactitudes» o «silenciando hechos» en sus respuestas a las partes personadas en el procedimiento.

Marchena ha dejado claro a Mestre que el tribunal «aún no ha valorado su testimonio porque hay que conectarlo a otras fuentes de prueba», pero le ha hecho constar que los magistrados eran conscientes de que había preguntas del fiscal que estaba «eludiendo», por lo que ha pedido que cumpla la obligación que tienen los testigos en un procedimiento judicial de decir verdad.

El fiscal ha continuado interrogando, pero tras seguir obteniendo sólo respuestas que no se salían de un «no lo sé» y un «no lo recuerdo», ha comunicado al tribunal que no iba a formular más preguntas a Mestre y ha pedido que se deduzca testimonio para que un juzgado ordinario investigue si el testigo ha mentido durante su declaración.

El Tribunal resolverá en sentencia

Marchena ha explicado que se tomará la decisión cuando se redacte la sentencia, porque en estos momentos del procedimiento no se puede «anticipar» si el tribunal cree que el testigo ha mentido o no. El magistrado ha comunicado a Mestre que «por supuesto en este momento no está imputado por ningún delito, ni por falso testimonio ni por ningún otro». «Todavía no podemos ni verlo como imputado ni pronunciarnos sobre la deducción de testimonio», ha recalcado.

Después del aviso de Marchena, la actitud del testigo ha variado sensiblemente, pues a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha revelado que el director general de Difusión, Ignasi Genovès, fue quien le dijo que no pagara ninguna factura de ninguna campaña porque el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona estaba investigando.

Sobre el anuncio de ‘las vías del tren’, Mestre ha dicho que cuando el concurso público quedó desierto este asunto dejó de ser su responsabilidad y que por eso ya no se interesó en saber quién lo había encargado.

A preguntas del abogado de la acusación popular ejercida por Vox, Javier Ortega-Smith, el testigo ha señalado que su capacidad de decisión era limitada, de tal modo que tanto el presupuesto como la finalidad de la publicidad venían fijados por sus superiores y otros departamentos. Así, ha afirmado que el objetivo del registro de los catalanes en el exterior lo estableció el departamento de Raül Romeva, mientras que la de ‘Civisme’ lo señaló Molons.

En este sentido, y pese la insistencia del abogado de Vox, Mestre ha negado que ambas campañas tuviesen el objetivo final «común» de llamar a votar en el referéndum. «Que yo sepa no», ha contestado, insistiendo en que «la de registro era que se inscribieran para obtener unas ventajas y la de ‘Civisme’ era de valores democráticos».