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ELECCIONES GENERALES 28A

Inmigración, terrorismo… Las propuestas de los partidos en materia de seguridad

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España fue el país que más víctimas por terrorismo registró en toda la UE entre los años 2000 y 2018, según se desprende del Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa.

Casi 5.000 inmigrantes ilegales han llegado a España en patera en lo que va de 2019, lo que supone un 172,7% más que durante el mismo período del año pasado, según el último balance del Ministerio del Interior actualizado a fecha 14 de febrero.

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Y, según los datos de las últimas encuestas, siete de cada 10 españoles está a favor de mantener la prisión permanente revisable. El padre de la joven asesinada Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha reanudado su campaña para el mantenimiento de esta pena en el Código Penal, entregando en el Congreso 3,2 millones de firmas.

Estas cuestiones son decisivas a la hora de optar por una u otra papeleta electoral. ¿Qué propuestas hacen, en este sentido, VOX, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos?

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VOX

En VOX afrontan la cuestión de la inmigración de una manera “serena y responsable”, con un “respeto absoluto a la legalidad” y con el “sentido común que supone su capacidad de integración y las posibilidades de la economía española«.

  • Defensa, seguridad y fronteras.

El ejercicio en libertad de los derechos y obligaciones de los españoles sólo es posible, advierten los de Santiago Abascal, «si el Estado, en cumplimiento de una de sus obligaciones principales, garantiza su seguridad». VOX promoverá una política de Defensa y de Seguridad Nacional integral bajo los principios de coordinación de efectivos, medios suficientes, especialización y profesionalización.

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Promoverán el endurecimiento del Código Penal para los delitos más graves, llegando a imponer la prisión permanente revisable en algunos casos. Abogan también por la dotación de más recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas y por la supresión de las policías autonómicas.

VOX quiere fronteras seguras, donde Policía y Guardia Civil tengan los medios materiales y legales adecuados para defenderlas e incorporando al Ejército cuando sea necesario, además de la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales. Además establecerá cuotas para un flujo regulado de la inmigración y la condición de que debe ser el inmigrante el que se adapte a nuestras leyes y costumbres y eliminará la enseñanza del Islam en los colegios.

  • Lucha contra el terrorismo islámico.

El fracaso en el proceso de integración, la exclusión social, la falta de control sobre aquellos imanes que aleccionan en el radicalismo, la mala inserción en el mercado laboral o la falta de asociación con la identidad española, aseguran desde VOX, «pueden convertirse en un caldo de cultivo propicio para que algunos individuos abracen el credo yihadista«.

Es por ello por lo que la formación exigirá reciprocidad religiosa con países islámicos y el cierre de las mezquitas que promuevan una interpretación rigorista del Islam. Por la misma causa pedirá la expulsión inmediata de esos imanes radicales. Prohibirá además «toda práctica humillante contra la mujer», como el uso del burka.

Partido Popular

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Para el PP, la principal función del Estado es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger sus bienes. «El terrorismo existe, el tráfico de seres humanos existe, el crimen existe y tenemos que defendernos frente a ellos», advierten los de Pablo Casado.

En materia de seguridad, dicen, hay que tener «una política realista», por eso consideran la prisión permanente revisable como «un instrumento necesario». Alertan de que el terrorismo islamista no se ha acabado y de que las ciudades se han convertido en un objetivo prioritario, como se demostró en Barcelona en agosto de 2017 o en otras ciudades europeas en los últimos años. Por ello los populares defienden que es «importante» que los grandes municipios no bajen la guardia en materia de seguridad: «Necesitamos fortalecer nuestras capacidades en Seguridad en un mundo con amenazas crecientes y erradicar la radicalización en nuestro país«.

Desde Génova piden seguir apoyando a quienes velan por nuestra seguridad, exigiendo la equiparación salarial que dejaron ya acordada para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además consideran que se deben impulsar cambios legislativos para garantizar la coordinación de las diferentes policías.

Exigirán, además, Memoria, Dignidad y Justicia para las víctimas de la banda terrorista de ultraizquierda ETA y el fin del «humillante acercamiento de presos a las cárceles vascas». Legislarán contra los homenajes a terroristas etarras y el acceso a beneficios penitenciarios sin su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los crímenes impunes. «No les dimos nada por matar y nada les daremos por haber sido derrotados», manifiestan, al tiempo que se oponen a la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco y anuncian que recuperarán la cedida a Cataluña.

Por otro lado, el PP propone reformar el Código Penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable, añadiendo a los ya contemplados los siguientes:

– Asesinatos en los que el autor impida u obstruya la recuperación del cuerpo de la víctima.

–  Asesinato tras secuestro del rehén.

– Muertes causadas por incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos.

– Asesinato en el que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada.

– Violadores reincidentes.

PSOE

El PSOE mantiene un discurso de exigencia de cumplimiento de la Ley Europea en materia de Inmigración y de invitación a que el resto de países haga lo propio. En este sentido, su programa electoral recoge que impulsarán una política migratoria europea para, a su juicio, «contribuir al desarrollo de África Subsahariana para luchar contra el tráfico de seres humanos, regulando y facilitando los flujos ordenados de inmigrantes, siempre con el máximo respeto a los derechos humanos». «Continuaremos fortaleciendo las relaciones de cooperación con países del Mediterráneo, especialmente en materia migratoria», añade.

La formación liderada por Pedro Sánchez anuncia también que aprobará una nueva Ley de Seguridad que sustituya a la Ley de Seguridad Ciudadana -a la que se refiere como ‘Ley Mordaza‘-. A su juicio, «es posible mayor libertad con mayor seguridad».

Por otro lado, darán «un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica y a las políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura». «Siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unida -continúan los socialistas-, el Estado asumirá directamente la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas». «Aspiramos a que la Memoria Histórica se convierta en una política de Estado, como Memoria Democrática de futuro», añaden.

Respecto a la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil, los de Sánchez aseguran que avanzarán en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en esta materia y que mejorarán las retribuciones del personal militar para que dejen de cobrar menos que otros sectores de la Administración Pública.

Y, en lo que a la prisión permanente revisable se refiere, el PSOE está en contra de las enmiendas a la totalidad que PP y Ciudadanos presentaron contra la derogación de esta pena. Para los socialistas, la finalidad de la prisión es «la reinserción social».

Podemos

Para el partido de Pablo Iglesias es fundamental «establecer vías legales y seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas«. Las migraciones, se puede leer en su programa electoral, «deben darse en condiciones de seguridad para las personas y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida».

Por ello flexibilizarán los procesos de reagrupación familiar, recupararán la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articularán visados humanitarios, aumentarán los programas de reasentamiento y crearán nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Además facilitarán los procesos de arraigo, «dejando de vincular exclusivamente la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo».

En la misma línea, Podemos manifiesta que el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales y, asimismo, «se acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como puede ser el examen de nacionalidad«.

La formación morada garantizará el derecho de asilo «dentro de la realidad global» e impulsará una nueva Ley de Asilo «adaptada a la realidad global actual que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales». Hasta entonces, prosigue el documento, «desarrollaremos de manera urgente el reglamento de la actual Ley de Asilo y revisaremos los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación».

Otra propuesta de Podemos consiste en cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). A su juicio, «ningún modelo de privación de la libertad de las personas según su situación administrativa es adecuado para la recepción y acogida de personas migrantes»: «Es una excepción jurídica y democrática a la que se debe poner fin».

Los antisistema también se refieren a la Ley de Seguridad Ciudadana como ‘Ley Mordaza‘ y manifiestan que pondrán fin a los que ellos califican como «delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona». Denuncian sin ningún tipo de reparo que, en 2015, «el Partido Popular nos devolvía a tiempos predemocráticos con la aprobación de las leyes mordaza, es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en sus limitaciones a la acción política libre«. «Nuestro país se merece una democracia del siglo XXI y, por ello, derogaremos las leyes mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión», se puede leer en el documento.