EN EL SUPREMO

Junqueras convierte su declaración en un mitin y se reivindica como ‘preso político’

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Oriol Junqueras ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscalía, Abogación del Estado y de la acusación popular, ejercida por VOX, y ha rechazado haber cometido ilegalidades.

El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha negado con cuatro «nuncas» consecutivos durante su declaración en el juicio por el ‘procés’ en el Tribunal Supremo que desde el Govern se diera orden a los Mossos d’Escuadra de no cumplir con la orden judicial de impedimento de celebración del referéndum del 1-O, si bien en otro momento de su intervención ha manifestado que tenía el «deber» de proteger el «derecho al voto, y más cuando era una petición de los ciudadanos».

La actuación de la Policía y la Guardia Civil buscó, a su juicio, una respuesta violenta que no se produjo por parte de los votantes.

Junqueras se ha referido a los hechos concretos del 1 de octubre de 2017 casi al final de su declaración de hora y media ante el tribunal que le juzga por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, por los que se piden para él 25 años de cárcel.

Junqueras, en un tono victimista, ha indicado que «amo a España y a las gentes de España, claro que sí. Lo he dicho muchas veces porque es de verdad», ha añadido, para después destacar que está «convencido» de que «el mejor modo de garantizar la convivencia es un reconocimiento entre iguales que sea fruto de la voluntad democrática de los ciudadanos». «Y si perdemos, lo respetaremos, como siempre», ha subrayado.

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Tras una primera hora de declaración de tono muy político, como si de un mitin se tratara, y con escasas referencias a los hechos concretos que se le imputan, y tras un receso de media hora concedido por la Sala, el abogado Andreu Van Den Eynden ha comenzado a preguntar a su cliente por cuestiones más concretas, relativas a los incidentes del 20 de septiembe de 2017 frente a la Consejería de Economía y por el 1-O.

En este contexto, el exmandatario ha reconocido que llamó a participar en la consulta «porque votar no es un delito e impedir por la fuerza que la gente pueda votar sí lo es», y que actuó convencido de que ello no merecía ningún reproche penal.

Además, Junqueras ha relatado que no pudo votar en el colegio que tenía inicialmente asignado, lo que le impidió la Policía, por lo que decidió ir a otro local ya que se contaba con censo universal. Por ello, se ha preguntado de qué servía cerrar un colegio «o veinte, o cien» si todos podría votar en cualquier otro local.

Niega la violencia y señala a las fuerzas policiales

«Cerrar los locales con esa violencia no era para impedirlo, el objetivo de la violencia que se ejerció contra los votantes era para generar un ambiente de crispación al cual, afortunadamente y como siempre ha sido, nadie respondió en absoluto con violencia», ha manifestado el acusado ante los siete magistrados que le juzgan.

Frente a ello, según el acusado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «golpeaban a gente que no hacían nada, saltaban sobre gente que esta sentada en escaleras y utilizaron pelotas de goma», prohibidas por la Ley, por lo que hubo «una violencia injustificada, innecesaria y que contradecía el mandato judicial».

En respuesta a su abogado –no quiso contestar a ninguna de las acusaciones y el resto de defensas no le preguntaron-, Junqueras ha afirmado que nunca asumió que la actitud de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado pudieran provocar el estallido violento de la población.

«Todo lo que había pasado hasta ese momento era un comportamiento cívico y respetuoso en todas las manifestaciones desde hacía años», ha insistido, para seguidaente negar con hasta cinco «nuncas» consecutivos que haya avalado jamás ninguna acción violenta.

Sobre la reunión del 20 de septiembre en la que junto con las autoridades policiales españolas se coordinó el dispositivo policial de cara al 1-O, Junqueras ha dicho que si bien se habló de la posibilidad de riesgo de violencia, «no había nada que hiciese prever que ocurriesen cosas diferentes» a las acaecidas en otras movilizaciones independentistas anteriores, «con escrupuloso respeto a la convivencia y el civismo».

A dicho además que el mandato judicial explicitaba que la acción policial debía ser mesurada. Sobre el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el exvicepresident ha recordado que se manifestó en dicha reunión en el sentido de que se cumpliera la orden judicial.

EL 20-S según Junqueras

Sobre los hechos del 20 de septiembre de 2017 frente a su Consejería, Junqueras ha afirmado que tuvo conocimiento de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y acudió al tratarse del departamento del que era responsable, y que pensó que el juez le debía «considerar sospechoso de alguna cosa».

Junqueras ha calificado la concentración de «pacífica, respetuosa y con cánticos», que acudió a ella «mucha gente» y que «no había dificultad para entrar y salir» del edificio. Ejemplo de ello fue que se escucharon cánticos religiosos dedicados a la Virgen de Montserrat, identificada como «madre de los españoles».

Por otra parte, ha negado que conociera el informe denominado Enfocats -una especie de hoja de ruta del independentismo-, que le fue incautado a su mano derecha en la Consejería, Josep María Jové, y que ha calificado de «extravagante y aprócrifo».

Financiación del referéndum ilegal

Por otra parte, y sobre la financiación del referéndum, Junqueras ha afirmado que este aspecto existió «control absoluto por parte del Estado» desde noviembre de 2015 y que el citado control presupuestario se acentuó en julio de 2017. Ha dicho también que la Ley de Presupuestos de la Generalitat incluyó una partida «para procesos de votación»y que «el referéndum entonces no estaba convocado ni prohibido».

En este sentido, ha insistido que no se destinaron fondos públicos en la consulta, y que así lo han afirmado tanto la intervención general y el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

«El ambiente era de una gestión económica ejemplar, todo el mundo nos ponía como ejemplo, por nuestras políticas sociales al tiempo que lográbamos una reducción de deuda», ha manifestado Junqueras ante el tribunal, para apuntar que no se gastó ni en los locales públicos para la consulta «que son inarrendables».

Al concluir el interrogatorio el abogado de la acusación popular ejercida por VOX Javier Ortega Smith ha solicitado dejar constancia oral de las preguntas que habían traído preparadas para el acusado, lo que ha sido rechazado por el tribunal. «Junqueras no quiere contestar, no puede ni prestarse a una escena de formular las preguntas. Ese derecho tenemos que aceptarlo y respetarlo» ha zanjado el presidente de la Sala, Manuel Marchena.