MUNICIPIOS POR LA INDEPENDENCIA

La Justicia declara ilegales las inscripciones de Ayuntamientos a la entidad separatista AMI

El alcalde de El Port de la Selva y presidente de la AMI, Josep Maria Cervera. | EP El alcalde de El Port de la Selva y presidente de la AMI, Josep Maria Cervera. | EP
|

La Justicia ha declarado ilegal la inscripción de los ayuntamientos catalanes a la separatistas Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña ha estimado el recurso planteado por la Delegación del Gobierno en la región contra la sentencia de un juzgado gerundés que avalaba la inscripción del municipio de Monrás en la entidad secesionista, tal y como recoge Crónica Global. El tribunal, además, ha invalidado el pago con dinero público -abonado por el Ayuntamiento- de la cuota de inscripción, que ascendió a 262 euros.

»Los objetivos y finalidades de la Asociación de Municipios para la Independencia quedan referidos todos ellos a la configuración política de Cataluña en su conjunto, a los intereses o al futuro de los catalanes como tales, no a los intereses específicos del municipio o de sus habitantes como tal colectividad local», defiende la sentencia, por lo que establece que la adhesión a dicha asociación sobrepasa las competencias de los entes locales.

La extralimitación competencial del Ayuntamiento de Monrás justifica, según la sentencia, que el acto sea »susceptible de ser considerado nulo de pleno derecho». En este sentido, el TSJC ha anulado la inscripción del municipio a la AMI.

Un caso similar del Ayuntamiento de Gerona

No se trata del único mazazo de la Justicia al secesionismo. El pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también determinó que los pagos del Ayuntamiento de Gerona a la AMI »no se puede realizar porque los objetivos de la AMI no obedecen a los intereses de los gerundenses», según denunció Cs.

Suscríbete a nuestro nuevo canal

El grupo de Ciudadanos en la localidad informó de que »la sentencia declara nulo el decreto firmado por Puigdemont -cuando éste era alcalde de Girona-» por el que se ordenó el pago 8.169 euros anualmente a la entidad, una cantidad que ascendería en total a más de 49.000 euros.

La sentencia del TSJC respondía a un recurso de la Delegación del Gobierno a raíz del decreto de Puigdemont, que aprobó en 2014 un pago que ya se efectuaba desde 2012 y que,»al no obedecer a intereses públicos, lo que hay que hacer es devolver el dinero a las arcas municipales». Ciudadanos advirtió entonces que si la AMI no devolvía todas las cuotas indebidamente abonadas por el consistorio, llevarían a sus responsables a los tribunales.