ADELANTO ELECTORAL

Las elecciones frustran dos reformas constitucionales y las ‘medidas estrella’ de Sánchez

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La decisión de Pedro Sánchez de convocar las elecciones generales para el 28 de abril impedirá que las Cortes Generales puedan aprobar dos reformas parciales de la Constitución y la derogación de leyes como la de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ‘Ley Mordaza’ por sus detractores, o la de la prisión permanente revisable.

El Gobierno socialista pretendía sacar adelante dos reformas puntuales de la Carta Magna: una para limitar el fuero de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores al estricto ejercicio de sus funciones en el cargo, y otra para eliminar el término «disminuido» de la Constitución y sustituirlo por «persona con discapacidad».

Sin embargo, ninguna de las dos verá finalmente la luz porque el adelanto electoral obligará a disolver las Cortes Generales el próximo 5 de marzo y con ellas decaerán decenas de iniciativas, entre ellas estas dos reformas constitucionales.

El término ‘disminuido’

La relativa a los aforamientos aterrizó en la Cámara Baja el pasado mes de enero y en estos momentos se encontraba en fase de presentación de enmiendas, y la que buscaba sustituir las palabras «minusválido o disminuido» de la Constitución ni siquiera ha llegado a entrar.

El Gobierno aprobó su propuesta para esa reforma constitucional el pasado diciembre después de que la Comisión del Congreso para políticas integrales de la Discapacidad le elevase un informe con esa modificación, atendiendo un encargo de la vicepresidenta, Carmen Calvo.

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El fin de la legislatura también pondrá fin a los deseos de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, de poner fin a la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2015 y que la oposición llegó a llevar al Tribunal Constitucional.

Tras más de un año de ‘parón’, la ponencia de la reforma de la citada norma, impulsada por el PNV, comenzó a trabajar el pasado otoño sobre las más de 200 enmiendas presentadas por los grupos y en las últimas semanas han conseguido revisar más de la mitad de los artículos de la norma original.

En otras iniciativas, también quedará en el tintero la reforma para derribar la prisión permanente revisable, introducida en la última modificación del Código Penal gracias a la mayoría absoluta que antes ostentaba el PP y recurrida en su día por toda la oposición ante el Tribunal Constitucional.

Ni ley de morosidad ni reforma del RETA

Pendiente quedará, por ejemplo, la reforma del régimen de autónomos, pese a que la constitución de esta subcomisión para abordar esta tarea fuera aprobada en diciembre de 2016. La intención de muchos grupos era traducir estas conclusiones en una proposición de ley.

Otra de las iniciativas que no podrán ponerse en marcha son las referidas a combatir la morosidad, ya que los grupos no han conseguido un acuerdo para sacar adelante en ponencia dos iniciativas, una de Ciudadanos y otra del PDeCAT procedente del Senado, que ampliaban la regulación en esta materia, incluyendo un régimen sancionador.

Reforma del gasto

Asimismo, la legislatura acabará sin que el Congreso haya podido reformar la regla de gasto y dar un mayor margen a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para emplear sus superávit, tal y como reclamaban una mayoría de grupos.

Esta reforma se ha quedado bloqueada en la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, en sucesivas ampliaciones de enmiendas, al igual como la impulsada para acabar con el veto del Senado a la senda de déficit y de deuda, que afecta también a la Ley de estabilidad presupuestaria.

Tampoco la renta mínima

Otras iniciativas que aún no han salido de la Mesa del Congreso y continúan en prórrogas de plazos para presentar enmiendas son la reforma de Código Penal para despenalizar las acciones de los piquetes en una huelga, la subida del salario mínimo o la ley de la PAH sobre emergencia habitacional.

Tampoco se aprobará la iniciativa legislativa popular (ILP) para fijar una renta de ingresos mínimos para toda persona desempleada, impulsada por los sindicatos, y que en principio se encontraba en barbecho a la espera de recibir el Gobierno un informe de la AIReF para medir su impacto en términos presupuestarios y sociales.