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¿LAS AUTORIZA ALGUNA LEY?

Las multas de Carmena a los coches sin pegatina medioambiental podrían ser irregulares

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''Todas aquellas sanciones impuestas por la no utilización de los distintivos ambientales vulnerarían derechos fundamentales y serían ilegales''.

Hace unos días entró en vigor la obligación de portar unos distintivos medioambientales en los vehículos con la amenaza de sanción. Desde entonces el Ayuntamiento de Madrid, capitaneado por Manuela Carmena, está poniendo multas a aquellos conductores que no la lleven. Pero, ¿son legales esas multas?, ¿las autoriza alguna ley?

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El periodista Iván de Vargas ha estado trabajando sobre la cuestión y ha arrojado cierta luz sobre el tema. Tanto Madrid Central como las sanciones por estas pegatinas ya han sido llevadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la organización AEA, Automovilistas Europeos Asociados.

De Vargas explica que a ningún ciudadano se le puede exigir el cumplimiento de una obligación, y mucho menos restringir su derecho a la libre circulación, sin que previamente exista una norma con rango de ley que lo ampare.

En el caso de las pegatinas medioambientales, denuncia que ''no hay ley que haya determinado quién debe expedir el distintivo, ni su formato, ni las prescripciones técnicas ni tan siquiera el coste de expedición y quién debe asumirlo''.

La obligación de disponer de unas “pegatinas” en el vehículo para poder circular por la ciudad de Madrid implica una restricción a la libre circulación y, sostiene, ''no ha sido comunicada fehacientemente a sus propietarios, una situación que impide el derecho de poder presentar un recurso contra esta norma en caso de no estar de acuerdo con ella''. Es decir, se se estaría vulnerando un derecho fundamental como es la libre circulación recogido en el artículo 19 de nuestra Constitución.

''Así pues, el consistorio madrileño al imponer sanciones por no utilizar los distintivos ambientales incurriría en una vulneración del derecho fundamental de libre circulación por el territorio nacional, en este caso por la ciudad de Madrid, pues está vetando a todos aquellos coches, madrileños o de otra comunidad en el territorio nacional, circular libremente por una parte del territorio nacional'', afirma.

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Además, tampoco se puede exigir un pago por el precio de las pegatinas que se utilizan como distintivos ambientales, pues podría constituir una exacción ilegal por no haberse regulado por ley.

''Se enviaron gratuitamente distintivos a 4.500.000 de automovilistas, tratando de forma discriminatoria al resto de propietarios, vulnerando otro derecho fundamental como es el derecho a la igualdad recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución, no solo de los propietarios de la ciudad de Madrid, sino del resto del territorio nacional, por lo que se convierte en un impuesto más que soporta el ciudadano'', explica Iván de Vargas.

Este impuesto supondría una doble imposición, ya que cada ciudadano español con su vehículo soporta el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), comúnmente conocido como Impuesto de Circulación.

''Por tanto, todas aquellas sanciones impuestas por la no utilización de los distintivos ambientales vulnerarían derechos fundamentales y serían ilegales al no existir una ley que obligue a la exhibición o disposición de los mencionados distintivos, especialmente en tanto los Tribunales competentes no dictaminen lo contrario'', concluye.

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