MEDIDA DE SÁNCHEZ

Los funcionarios que hablen lenguas cooficiales cobrarán más

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Los funcionarios dependientes de la Administración General del Estado que acrediten el conocimiento de alguna de las lenguas cooficiales verán incrementada su nómina, en detrimento de quienes solo conocen el castellano.

Se trata de una de las medidas suscritas por el Ministerio que dirige Meritxell Batet y los sindicatos en el marco del IV convenio único para el personal laboral de la AGE. Así, según publica El Mundo, los trabajadores dependientes del Estado que ocupen puestos de atención a la ciudadanía y acrediten sus conocimientos de euskera, catalán o gallego obtendrán un plus en su salario.

El objetivo es ‘’mejorar la atención que la Administración General del Estado presta a la ciudadanía, siempre dentro de la disposición y límites que haya en la asignación de fondos adicionales’’.

El Convenio suscrito

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, han firmado este lunes con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que fija mejoras retributivas generales y un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año para estos trabajadores, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se sufraga parte de la subida salarial, que supondrá 280 euros al año (20 euros más al mes) con efectos desde el 1 de enero de 2018.

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El convenio supone un incremento salarial para los trabajadores integrados en los grupos profesionales con retribuciones más bajas, que será financiado con los fondos adicionales aprobados para los años 2018 y 2019.

En concreto, se aprueba una subida del 5,5% de media para las todas las tablas salariales del personal laboral de la Administración del Estado, incluyendo el 2,25% de subida general de los funcionarios de este año y los fondos adicionales de 280 euros al año (20 euros al mes), según han explicado los sindicatos.

De esta forma, el salario mínimo del personal laboral, en torno a 10.000 trabajadores, subirá un 9,36% este año, que unido al 2,25% de subida general alcanza el 11,6%, hasta alcanzar los 1.136 euros. No obstante, para el personal laboral de nuevo ingreso, el salario mínimo será de 1.070 euros mensuales. De cara a 2020, la subida podrá alcanzar un máximo del 14% y llegar casi a los 1.200 euros (entre 1.161 y 1.198 euros) que reclamaban los sindicatos.

Además, se contempla una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, de forma que una vez que entre en vigor el convenio, los trabajadores cobrarán los atrasos, previsiblemente antes del verano.

El convenio tendrá un coste en torno a 25 millones de euros, de los que 10,17 millones de euros se financian con los fondos adicionales. Además, desde el año 2020 se comprometerá un 25% más de los fondos adicionales para implementar medidas retributivas de homogeneización y desarrollo de la carrera profesional del personal laboral.

Fondos adicionales

La ministra Batet también ha firmado este lunes el acuerdo de distribución de los fondos adicionales con CC.OO., UGT y USO, ya que a este acuerdo no se ha sumado CSIF, y que servirá para financiar parte del incremento salarial de las retribuciones más bajas del personal laboral y para mejorar el complemento de destino del personal dedicado a la atención al ciudadano.

Igualmente, servirá para reclasificar a trabajadores de instituciones penitenciarias, en torno a 12.800 efectivos que pasarán de los niveles 15 a al 16 y del 23 al 24. En total, los dos acuerdos del IV convenio único y de fondos adicionales mejorarán la situación laboral de más de 130.000 trabajadores de la Administración General del Estado, ha subrayado Batet. El coste de ambos alcanza los 45 millones de euros.

Con el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo se acordó que las administraciones pudiesen destinar, previa negociación, fondos adicionales, del 0,20% de la masa salarial para 2018, un 0,25% para 2019 y un 0,30% para 2020.

El importe de los fondos adicionales para el periodo 2018-2019 asciende a 32,2 millones de euros. La ley de PGE 2018 autorizó el 0,20% de la masa salarial, 14,2 millones de euros, a los fines establecidos en el acuerdo con los sindicatos, y el real decreto de diciembre del año pasado de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público destinó el 0,25 % para este año (18 millones de euros).