ANTES DEL 21 DE MAYO

Los letrados del Congreso abren la puerta a modificar los ‘decretazos’ de Sánchez

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Un informe de los letrados del Congreso ha certificado que la Diputación Permanente de la Cámara puede convalidar los decretos leyes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero también ha abierto la puerta a modificarlos en plena campaña electoral, algo de lo que hasta ahora no había precedentes.

Según los servicios jurídicos, la Diputación Permanente no sólo está capacitada para convalidar los decretos leyes sino que también podrá tramitarlos como proyectos de ley, permitiendo que puedan ser modificados en el Congreso o en el Senado antes del 21 de mayo, que es cuando se constituyen las nuevas Cortes.

Esa tramitación la puede pedir cualquier grupo y debe ser aprobada por mayoría en la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece en funcionamiento y que asumiría todos los trámites posteriores en lectura única.

Cs avisa de que los modificará

El dictamen, que había sido solicitado por la Mesa que preside Ana Pastor ante la disolución de las Cortes, se ha examinado este miércoles y ya hay un grupo parlamentario, el de Ciudadanos, que ha anunciado que pedirá que todos los decretos leyes del Gobierno sean tramitados como proyectos de ley.

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Según ha explicado el representante de Ciudadanos en la Mesa de la Diputación Permanente, Nacho Prendes, «ni siquiera» el Gobierno de Pedro Sánchez puede hurtar al Congreso su facultad para modificar los decretos leyes. A su juicio, con ese «atropello» el PSOE sólo busca un uso «electoralista» de los decretos.

Hasta ahora, el Gobierno ha remitido a la Cámara cuatro decretos leyes que están pendientes de convalidación: las medidas para preparar el Brexit, la regulación del mercado de la vivienda, los cambios en igualdad entre los que se incluye la ampliación del permiso de paternidad, y un paquete de medidas de protección social como la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

Conforme al artículo 57.1 del Reglamento del Congreso, en casos de disolución de las Cortes, la Diputación Permanente asume «todas las facultades» que la Constitución atribuye a la Cámara en relación con los decretos ley. Ello garantiza que no hay ningún momento de vacío de poder en el Poder Legislativo.

Por tanto, estos cuatro decretos leyes y los nuevos que pueda aprobar el Gobierno se debatirán en próximas semanas, presumiblemente a finales de mes, en la Diputación Permanente del Congreso, que decidirá si los convalida o, si el Ejecutivo pierde la votación, los deroga.

Y, de acuerdo con el informe de los letrados, podrá haber una segunda votación en cada uno de ellos para decidir si, además, son tramitados como proyectos de ley para abrir la puerta a introducir cambios. Los grupos parlamentarios podrán presentar una enmienda de totalidad con un texto completo alternativo o bien enmiendas parciales para modificar cuestiones puntuales.

En todo caso, esa tramitación deberá ser rápida y completarse antes de que el 21 de mayo se constituyan las nuevas Cámaras, pues en caso contrario ese proyecto de ley decaerá y sólo quedará en pie el decreto ley original que fue convalidado por el Congreso.

Será por tanto, una tramitación por la vía de urgencia, lo que supone acortar los plazos de enmiendas a la mitad (se habla de una semana), y en lectura única, concentrando todos los debates y votaciones en la Diputación Permanente, fundamentalmente porque ya no existen ni ponencias ni comisiones parlamentarias.

Y la tramitación no acabará en el Congreso, sino que después el proyecto de ley se enviará al Senado, donde se reproducirá el mismo esquema y, si hay nuevos cambios, deberá volver al Congreso para votarlos.

El PP acudirá al TC

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este miércoles que su partido llevará al Tribunal Constitucional los «decretazos de los viernes» que está aprobando el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «En España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos», ha enfatizado.

Así lo ha asegurado dos días después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya desestimado las peticiones del PP y de Ciudadanos de suspender, hasta las elecciones generales del 28 de abril, las ruedas de prensa posteriores a las reuniones semanales del Consejo de Ministros.

En un acto con afiliados en Zaragoza, Casado ha indicado que en España hay que gobernar teniendo en cuenta la división de poderes y ha recalcado que no puede ser que un Gobierno que tiene 84 escaños, «la minoría más exigua de la democracia», pretenda «en ocho semanas hacer lo que no ha podido hacer en ocho meses».

«Y encima presentarlo con un lacito de que son los decretos sociales de los viernes electorales. Es sencillamente una ofensa al contribuyente, al que se le mete mano en el bolsillo para pagar la campaña electoral con estos decretazos», ha exclamado.

Además, Casado ha recalcado que con esos «decretazos» el Gobierno también hurta a la oposición su capacidad de debatir estas cuestiones, que ni siquiera son de urgente necesidad. En este punto, ha recordado que el propio TC considera que si «no son de urgente necesidad son inconstitucionales, y mucho más con las Cortes disueltas».

Por eso, ha dicho que, pese a la resolución de la Junta Electoral, «no es ético» el comportamiento de Sánchez y ha aconsejado a Sánchez que haga propuestas en los actos de su partido ante las elecciones generales.

Cs duda de la constitucionalidad del decreto sobre los permisos de paternidad

Ciudadanos critica que se expediente a quien destapó el caso del máster de Cifuentes e insiste en proteger las denuncias REMITIDA / HANDOUT por CIUDADANOS
Ciudadanos critica que se expediente a quien destapó el caso del máster de Cifuentes e insiste en proteger las denuncias REMITIDA / HANDOUT por CIUDADANOS.

Por otro lado, el Congreso ha pedido un informe jurídico sobre el decreto ley que amplía los permisos de paternidad ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos. La norma, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de abril, no ha podido ser calificada por la Mesa de la Cámara, que volverá a reunirse este jueves para examinar el dictamen de los letrados.

Según ha explicado el representante de Ciudadanos en la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, el decreto ley del Gobierno alega que modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma extraordinaria como el decreto ley.

En concreto, el artículo uno del decreto ley recoge la modificación de dos artículos de esta norma en lo referente a la elaboración de planes de igualdad por parte de las empresas.

Por un lado, cambia el artículo 45 para extender hasta las empresas de cincuenta trabajadores o más la obligatoriedad de negociar y aplicar estos planes. Hasta ahora, sólo era imperativo para las compañías de más de 250 empleados, mientras que en el caso del resto era una iniciativa opcional.

Además, hay modificaciones en el artículo 46 para la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, dependiente de la Dirección General de Trabajo, en el que deben quedar registradas todas las compañías con este programa. Y se recoge el desarrollo de un reglamento que servirá para determinar las materias, las auditorías salariales y los sistemas de evaluación y seguimiento de los planes de empresas, así como lo relativo a la constitución, características y condiciones, inscripción y acceso al nuevo registro.

Los letrados deberán examinar si esos cambios afectan al carácter orgánico de la Ley de Igualdad o sólo se refieren a aspectos ordinarios de la norma, y al final emitirán un dictamen cuyas consecuencias hoy no están claras. Según Ciudadanos, el decreto podría decaer si los letrados concluyen que hay una clara inconstitucionalidad, mientras que desde el PSOE alegan que es imposible que la Mesa de la Cámara impida la tramitación.