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Los peritos estiman en un millón de euros el gasto de los locales del 1-O

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Peritos de las acusaciones y de las defensas en el juicio a la intentona golpista en Cataluña han ofrecido este jueves valoraciones contradictorias acerca del gasto que se puede atribuir a la utilización de locales para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los cuatro peritos, dos citados por la Fiscalía y Abogacía del Estado y otros dos por la defensa de la exconsejera Dolors Bassa, han discrepado en la metodología que han utilizado para ofrecer en sus informes la cifra aproximada del desembolso que podría haber supuesto el uso de edificios públicos y privados para la votación que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

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El informe firmado por los peritos Carlos Irisarri y José Manuel Cámara, técnicos de Segipsa e Ibertasa, cifra en 900.906,70 euros el valor de los 2.259 inmuebles que el Gobierno de Carles Puigdemont habilitó para el referéndum separatista.

Para llegar a este valor, calcularon la renta teórica potencial de los 2.259 inmuebles evaluando el valor de reposición neto de cada uno de los inmuebles y, una vez obtenido éste, determinando la renta equivalente que le corresponde, expresada en euros/día mediante la aplicación de una tasa de rentabilidad teórica elegida de acuerdo a la naturaleza del bien en cuestión.

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«Virtual utilización»

Irisarri y Cámara han explicado a los magistrados que se trata de un «importe económico potencial», teniendo en cuenta también que la mayoría de los locales utilizados el 1-O «no tienen un uso lucrativo porque no están en el mercado inmobiliario». Su intención, han resumido, es «dar al tribunal un importe teórico de cuánto costaría una virtual utilización».

Ahí reside la discrepancia con Jordi Duatis y Joan Güell, los expertos citados por Mariano Bergés, abogado de Bassa, ya que éstos opinan que los edificios públicos objeto de estudio «no están en alquiler» y, por tanto, «no están en el mercado inmobiliario».

A su juicio, «la titularidad es clave» para hacer el informe, ya que, según han manifestando, el 50% de los inmuebles usados el 1-O pertenecen a la Generalitat de Cataluña. Del resto, otros locales son de titularidad municipal, mientras que el resto son colegios privados o pertenecen a congregaciones religiosas.

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Asimismo, los peritos de la defensa de Bassa ha reprochado a los expertos de las acusaciones que calcularan el valor catastral de los inmuebles teniendo en cuenta «toda la superficie» de los mismos, cuando en la mayoría se utilizó un espacio limitado para llevar a cabo la votación.

La abogacía cuestiona un informe

Por su parte, la abogada del estado Rosa María Seoane ha empleado su turno de preguntas a los peritos en cuestionar los criterios de los expertos de la pericial de las defensas, cuestionando qué metodología hubieran utilizado de habérseles encomendado un informe con los mismos criterios que a los peritos de la acusación, «sobre valoración de los locales empleados como centros de votación».

«Hubiéramos contestado que no podía hacerse porque los edificios públicos no están sujetos a contratos de alquiler», les ha contestado en dicho momento, para señalar un poco más adelante con un ejemplo que no se puede calcular el valor en el mercado de un ayuntamiento -en algunos se votó el 1-O, porque «no existe un mercado de ayuntamientos».

Más tarde la abogada del estado y los peritos de parte se han enzarzado en una discusión sobre el factor temporal utilizado para hacer las valoraciones, como el hecho de que los expertos de la defensa de Bassa valoraran en base a un uso de los locales de voto durante 24 horas. Según la pericial discrepante habría que tener en cuenta sólo las horas que duró la consulta y los metros cuadrados utilizados «que son normalmente la planta baja, no los ocho pisos de arriba y los tres sótanos por abajo». «Hay que usar el sentido común», ha replicado ante la insistencia de la letrada en que fijara los criterios de discrepancia con los expertos de la acusación.

Finalmente, y a preguntas de los abogados Mariano Bergé y Jospe Riba, que defienden a dos de los exconsejeros a los que se acusa de malversación también por el uso de estos locales, los peritos de Bassa han subrayado que no puede hablarse tampoco de lucro cesante porque los edificios públicos empleados en el 1-O se mantienen cerrados y sin actividad los domingos. Los peritos de Segipsa, por su parte, han admitido que en caso de cesión gratuita por parte de la Generalitat el valor de uso sería nulo.

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